Agradezco muy sinceramente a la Sociedad El Sitio, a su Presidente, a su Junta Directiva y a todos sus socios, la invitación para hablar desde esta tribuna de diálogo y de ideas. Las palabras de su Presidente hacen innecesario por mi parte resaltar la larga tradición que la Sociedad El Sitio ha recuperado, el prestigio del que es depositaria para beneficio de la vida cultural de Bilbao.

Mi agradecimiento en este caso es doble al recibir el nombramiento como socio de honor. Me considero ya, de hecho y de derecho, uno más de los "asediados" y me comprometo a defender firmemente las posiciones, con el arma incruenta de la palabra y con el ánimo no de derrotar sino de convencer.

Tengo intención de hablar de España, de libertad, de pluralidad y de Constitución. Grandes conceptos, realidades históricas, políticas y jurídicas que unos parecen ignorar, en las que otros se pierden y que también hay algunos que desprecian. Creo, sin embargo, que poder hablar de esta concatenación de valores democráticos en torno a España es algo extraordinariamente importante. Porque sólo ahora, después de nuestra trayectoria histórica, los españoles podemos sentirnos sólidamente asentados sobre estos pilares de nuestra realidad presente y de nuestro proyecto común de futuro:

La libertad conquistada desde la razón democrática.

La pluralidad como valor social y político desde el que entendemos nuestra realidad nacional.

La Constitución como único camino de convivencia desde la reconciliación de un país, España, bien situado en su tiempo con una identidad nacional renovada y abierta.

En términos históricos, somos españoles privilegiados; españoles que hemos sido capaces de sincronizar estos cuatro vectores de progreso y unirlos en una empresa constitucional que ha cerrado una larga sucesión de intentos fallidos, de esfuerzos frustrados, de energías dilapidadas.

Hemos tardado mucho tiempo, hemos pagado un precio en generaciones, hemos perdido muchos trenes pero hemos alcanzado el objetivo de desplazar la guerra, la dictadura, el exilio, el aislamiento, y la proscripción lingüística y cultural a los territorios más lejanos de la memoria de los españoles.

La historia de España en los dos últimos siglos ha estado llena de contrastes e incluso de contradicciones. Si, en 1812, España, una de las más antiguas naciones de Europa, dio al mundo la noble palabra liberal, pasó poco tiempo hasta que volviera la reacción. Y a partir de ahí, un constante devenir de movimientos hacia la modernidad y vueltas atrás. Un conflicto casi permanente entre tendencias opuestas. Cuatro guerras civiles, españoles contra españoles -y por tanto, también, vascos contra vascos- fueron el reflejo más terrible de nuestro drama contemporáneo.

Desde entonces, ha sido la Constitución de 1978 el punto de encuentro capaz de superar la España incivil; ha mostrado su capacidad integradora del pluralismo político y territorial, y lo ha hecho sobre la base de una democracia moderna.

La Constitución ha resuelto satisfactoriamente problemas que durante demasiado tiempo dividieron y enfrentaron a los españoles. Cuestiones como la religión, el militarismo político, la alternancia democrática y pacifica en el poder, o los conflictos sociales, no suponen hoy ya un factor de división. Sí de discrepancias y de contraste de alternativas, siempre entre adversarios políticos, pero no ya entre enemigos irreconciliables.

Hoy es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Los españoles nos hemos agrupado en torno a un gran proyecto nacional de modernización de todas nuestras estructuras. Y gracias a ello hemos conseguido aunar, quizá por primera vez en nuestra historia, la estabilidad democrática con la prosperidad económica; una sociedad activa y emprendedora con una presencia internacional cada vez más en primer plano.

Esta situación de privilegio, conseguida con el esfuerzo de todos, sería impensable sin lo que representa la Constitución de 1978. La primera de las muchas de nuestra historia elaborada de común acuerdo por la gran mayoría de las fuerzas políticas, y no utilizada como un arma arrojadiza en tiempos de cambio y transformación.

No es casual que la Constitución del 78 represente el mayor esfuerzo de transformación de la organización territorial del Estado que se haya acometido en la España contemporánea. Una transformación real, profunda, ambiciosa y arriesgada para llevar al ámbito de las instituciones y del poder de decisión la pluralidad de un estado que ha buscado en el auto-gobierno de las Comunidades Autónomas un nuevo modelo de vertebración y articulación de su diversidad.

Una Constitución que refleja acertadamente la realidad plural de España, también en el campo territorial. Porque España es eso: una Nación plural. Atrás quedan los tiempos en que se pretendió imponer una idea monolítica de nuestro país. Ya no se sostiene una visión estrecha de lo español, completamente alejada de la realidad. La pluralidad de lenguas y tradiciones que gozamos en España forman parte del tronco común que nos une. Y, a la vez, si España es plural, lo son también nuestros territorios.

El concepto de Nación étnica, cultural, lingüística y tradicionalmente uniforme no se corresponde con nuestra realidad ni con nuestros deseos. Nos produce, a la vista de lo que ha acontecido en la historia europea reciente, una sensación de desasosiego que no podemos ocultar.

España, entendida como Nación plural, es un gran espacio de libertades y derechos individuales, cuyos ciudadanos han demostrado la madurez histórica suficiente como para darse un sistema constitucional nacido del consenso. Consenso entre representantes de diferentes tendencias políticas y de diferentes territorios.

Esta operación política, que se prolonga y adquiere todo su contenido con el proceso estatutario, supone un punto de inflexión espectacular porque crea un nuevo modelo de estado indisociable del reconocimiento y la garantía del derecho a la autonomía.

Miremos al País Vasco. Si la Constitución articula y vertebra España como estado autonómico, son la Constitución y el Estatuto los que vertebran y articulan el País Vasco por primera vez en la historia.

Son la Constitución y el Estatuto los que definen, por primera vez, un verdadero ámbito propio de decisión para el País Vasco con un contenido real. Son la Constitución y el Estatuto los que incorporan y reconocen por primera vez la voluntad de los vascos en la decisión sobre sus instituciones de auto-gobierno.

Son la Constitución y el Estatuto los que dan eficacia práctica y vigencia real a los derechos históricos al situarlos en el marco constitucional precisamente, para que sean realizables.

Son la Constitución y el Estatuto, en fin, los que salvaguardan y potencian el Concierto Económico que deja así de ser el resto del naufragio foral.

Sé muy bien que todas Estas son verdades silenciadas. En el País Vasco se vive una verdadera ofensiva de ruptura y descrédito de la obra política y de convivencia más fructífera que esta sociedad ha conseguido.

Pero tengo la seguridad de que no van por ahí las aspiraciones mayoritarias de la sociedad vasca, aunque sí su inquietud.

Los ciudadanos saben reconocer mucho mejor que algunos de sus dirigentes lo que significa la Constitución y el Estatuto, dónde están las claves de su progreso y bienestar y cuáles son los caminos de futuro, ahora, cuando desde la radicalización y el afán de ruptura se quieren poner en cuestión frontalmente todos los marcos de convivencia y acuerdo que nos han permitido llegar a donde estamos.

Soy consciente de que al decir estas cosas me expongo a que se me acuse de intentar apropiarme de la Constitución o atribuirme en exclusiva su defensa. Bien al contrario, creo que la Constitución es el patrimonio común más valioso del que disponemos y como tal tiene que ser tratado.

La Constitución se puede reformar pero, más allá de esta verdad de perogrullo, hay que saber el qué, el cómo y el cuándo se reforma; el porqué y el para qué.

Tengo que decir sinceramente que en esta materia hay demasiados brindis al sol y ninguna explicación concreta, ninguna propuesta clara. Es más, creo que quienes hablan de reformas constitucionales evitan deliberadamente el debate político de fondo y con una frivolidad asombrosa, en unos casos hacen de la reforma constitucional un componente más de cuidadas campañas de imagen o, en otros, la convierten en una cortina de humo de su espiral excluyente que sólo conduce hacia la ruptura.

La reforma constitucional no puede ser un instrumento de marketing político, ni una cortina de humo, ni un titular sin noticia, sino una iniciativa que exige claridad en las propuestas, consenso en su realización, respeto a las reglas del juego, lealtad en su motivación y un interés claro para el conjunto de los españoles.

No por conocida me deja de parecer oportuno insistir en mi discrepancia absoluta con estas ideas, algunas confusas, otras simplemente, en mi opinión, disparatadas y completamente distantes de nuestra realidad social. Respeto los puntos de vista contrarios, pero es mi derecho, y entiendo que también mi deber, poner de manifiesto la irresponsabilidad que se comete al proponer cambios tan profundos en nuestro ordenamiento político sin explicar qué cauces se quieren seguir para llevarlos a cabo y, sobre todo, cuál es el resultado final que pretenden.

Hace unos meses, en este mismo lugar, afirmé que si algo puede definir el ejercicio de la política en democracia es la tarea de fortalecer la convivencia plural. Esa tarea en el País Vasco se presenta como un esfuerzo de perfeccionamiento y de lealtad a las decisiones básicas sobre las que hemos articulado nuestro sistema político y nuestras libertades, a partir de la Constitución.

Creo que ese es el tema de nuestros días en el País Vasco, porque hoy el desafío principal que los sistemas democráticos tienen que afrontar dentro y fuera de sus fronteras es el retorno de los discursos etnicistas, el fundamentalismo cultural, la incapacidad para construir identidades abiertas y el repliegue hacia posiciones reaccionarias y excluyentes.

Cuando se contrapone la idea de pueblo a la de sociedad, cuando se reconoce el pluralismo, pero sólo como un estorbo que hay que eliminar para despejar el proceso de construcción nacional, cuando los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, empezando por la vida, no cuentan, o simplemente se subordinan a lo que dicta en cada momento la obsesión identitaria, se allana el camino que conduce inexorablemente a la intolerancia, a la coacción y a la violencia.

Ocurre que la visión cotidiana del incendio, del destrozo, del amedrentamiento o de la violencia extrema que acaba con vidas humanas inocentes, repugna a todos, salvo, naturalmente, a la minoría que lo celebra y lo instiga. ¿Qué hacer entonces?. Muy sencillo: se buscan salidas fáciles que tranquilizan, sobre todo, a los responsables de esa barbarie.

De este modo, los que incendian se sienten aliviados porque se les dice que en realidad lo único que hacen es responder a las tretas electorales del Gobierno. Los que asesinan ya saben que si hacen estallar un coche bomba no es porque sean asesinos, sino porque hay un conflicto histórico que resolver. A los que extienden el sufrimiento y la intranquilidad se les explica que, en realidad, los que desean la violencia son las víctimas, que, en el fondo, lamentan que cientos de kilos de explosivos no estallen. Al intelectual crítico se le trata de anti-vasco, y así queda señalado el objetivo para que el trabajo lo completen los profesionales de la coacción. Y, para que quede claro, al discrepante contumaz se le recuerda como alternativa lo anchas que son las llanuras de Castilla.

Es difícil no recordar a Baroja cuando observaba que la crueldad, como la estupidez, cuanto más adornadas, son más detestables.

Es cierto que la violencia tiene causas políticas, pero no radican en un supuesto conflicto que enfrenta al País Vasco y a España. Ese conflicto, del que siempre se echa mano para aliviar la carga de la condena, sirve de tragadera de todas las barbaridades. Se habla mucho del llamado "giro soberanista del nacionalismo". Y es evidente que se ha producido. Pero no nos engañemos. El problema fundamental que afrontamos no es una cuestión de organización de las Instituciones, de adoptar ésta u otra fórmula constitucional, ni siquiera de una reivindicación soberanista o independentista, que la gran mayoría de la sociedad vasca rechaza. Estamos ante un problema previo de libertad y de democracia. Cuántos vascos no se sienten libres para hablar de política. Cuántos vascos ven amenazada su integridad, su negocio o su vivienda.

Cuántos vascos son extorsionados. Cuántos han asumido la auto-censura como forma de supervivencia. Cuántos ciudadanos, dentro de un mes, se verán coaccionados cuando quieran ejercer su derecho al voto. Sólo uno ya sería demasiado. Y hay muchos.

Se ha dicho que "lo históricamente peculiar vasco ha sido, y es, una incapacidad de lograr un consenso identitario abierto a todos". En estos tiempos, hay quienes vuelven a poner manos a la obra para reforzar esa peculiaridad. Yo puedo decir que esa es de las pocas, o tal vez la única peculiaridad, a la que no pienso contribuir, sino todo lo contrario.

Sé bien que no hay recetas fáciles, pero en todo caso es nuestra responsabilidad no cejar en la defensa de las libertades, y en garantizar la vigencia plena del Estado de derecho y del marco de convivencia constitucional y estatutario.

No creo en políticas de apaciguamiento en la lucha contra el terrorismo, estén o no guiadas por buenas intenciones y por mejores propósitos. La buena intención no hace buena una mala política. Y cuando los buenos propósitos dan malos resultados, hay que rectificar.

Por tanto, es preciso que mantengamos con toda determinación una acción perseverante contra la violencia de ETA y de los que, situados en su entorno, ofrecen a ETA apoyo y cobertura. Debe quedar claro que ni la Ley ni los Tribunales criminalizan nada que no haya sido previamente criminalizado por la penetración de ETA.

ETA ha vuelto a traicionar al pueblo vasco. La ruptura del cese indefinido de sus atentados es la demostración de que el objetivo de ETA no es otro que su propia pervivencia para dictar a través de las armas lo que en cada caso sirva mejor a sus pretensiones o sus necesidades. Pero, por encima de su voluntad, ETA es un fenómeno residual y aislado, que nunca se va a imponer al Estado democrático.

Debemos ser conscientes de la amenaza que el terrorismo representa todavía hoy, pero no olvidemos el terreno ganado por la sociedad a la violencia terrorista. Su constancia en la movilización y el avance que se ha producido en la cooperación internacional, que se amplía y fortalece dentro y fuera de Europa.

De la misma manera nos incumbe a todos reforzar, mantener y contribuir a una respuesta social permanente frente a la violencia. Ermua sigue siendo la lección y el ejemplo que pervive y marca un antes y un después en el protagonismo de los ciudadanos que hacen de la paz su aspiración esencial.

De la historia reciente del País Vasco, podemos sacar la conclusión de que los pasos más fructíferos que se han dado, los que han conseguido unir a la sociedad vasca y llevarla a sus mejores logros, aquéllos en los que se sostiene su armazón político y social, responden al denominador común del consenso. No es ésta una sociedad condenada a la división, y ahí está el Estatuto, el Pacto de Ajuria Enea, el espíritu de Ermua, que nos muestran el único camino viable de futuro.

Alguna conclusión habría que sacar del hecho de que precisamente el Estatuto, Ajuria Enea y Ermua sean los objetivos que el terrorismo se ha propuesto batir sin que desde el nacionalismo se ofrezca hoy ninguna resistencia. Más bien al contrario, ha sido el nacionalismo, abandonando su centralidad en la vida política e institucional, el que ha hecho suyos los objetivos más radicales que pasan por desmantelar el Estatuto después de declarar su decepción, desactivar el consenso frente al terrorismo y neutralizar la movilización social en su expresión inequívoca contra ETA.

A estas alturas, es insostenible presentar una opción estratégica como la que ha adoptado el nacionalismo vasco como simples gestos tácticos para favorecer el abandono de la violencia. Si esa es la intención, el error es mayúsculo.

Desbordar o deslegitimar los espacios de acuerdo no sólo es una irresponsabilidad, sino que es un fraude a los ciudadanos porque, lejos de acercarnos a la paz, reafirma en los terroristas la idea de que la violencia, o simplemente su amenaza, va a permitirles conseguir el precio político que exigen.

Yo, como muchos otros me mantengo entre los convencidos del éxito y del acierto de la apuesta estatutaria y creo haber demostrado, incluso en las condiciones políticas más difíciles y al margen de cualquier contrapartida, estar dispuesto a mantener esa apuesta, mediante el diálogo y el acuerdo razonable. Mi empeño va dirigido a hacer posible el reencuentro de los vascos en el acuerdo estatutario. Es posible y es lo deseable y es la única vía real de avance, la única fórmula de estabilidad y de integración política y social.

Tal vez apostar hoy por el reencuentro en el Estatuto de los que lo han abandonado suene a casi utópico, a la vista de la radicalización del nacionalismo. Y no deja de ser, digamos que curioso, que hablar del Estatuto parezca una utopía mientras lo realista sea ahora hablar de nuevos marcos jurídicos que incluyen, por el momento, territorios de un Estado vecino y a una Comunidad Foral diferenciada como Navarra.

Vuelvo a expresar mi convicción y mi voluntad de seguir promoviendo ese reencuentro en el Estatuto, que tiene que producirse a través del diálogo democrático, del retorno al sentido común y a la realidad.

El nacionalismo, que ha gobernado las Instituciones y ha tenido un papel activo y protagonista durante todo el proceso estatutario, tiene que retomar la trayectoria que ha abandonado y replantearse, con todas sus consecuencias, una política equivocada que condiciona el cese de la violencia a la llamada "construcción nacional". Debe asumir que la paz es un derecho de todos y no la ocasión para poner en marcha una nueva mayoría nacionalista, mediante la alianza con los que se mantienen fuera de la vida democrática, sabotean la expresión libre de la voluntad popular y se niegan a condenar las acciones criminales de una banda terrorista.

Es preciso que el nacionalismo se incorpore, con hechos y no con palabras, a un compromiso auténtico de pacificación.

Esto significa, ni más ni menos, que comprometerse con la defensa de las libertades. Cuando estén en juego la vida o la libertad no caben equidistancias; es preciso acabar con el lenguaje, con las actitudes, con las posiciones que exculpan de sus responsabilidades a los que atentan diariamente contra personas y bienes, desplazando la culpa de la violencia de quienes la practican a quienes la sufren, expresando estar de acuerdo con sus fines, aunque se rechacen los medios, o alegando el denominado conflicto como explicación legitimadora de la violencia del pasado, de la que sufrimos en el presente y de la que pueda venir en el futuro. Solo de este modo, restableciendo con firmeza las exigencias democráticas y el respeto a las reglas de convivencia, es posible pensar en la verdadera normalización que anhela la sociedad vasca.

Frente a la estrategia de construcción nacional, que divide y enfrenta, es preciso fortalecer una estrategia de construcción social que reconozca la realidad plural y promueva una verdadera cultura de tolerancia y respeto a los valores cívicos. Una tarea que fortalezca aquellos factores de cohesión interna que puedan ser compartidos por todos, en vez de resaltar y, peor aún, imponer un modelo político desde y para el nacionalismo.

El nacionalismo tiene que aceptar que es una expresión importante, pero sólo una expresión, entre otras, de la pluralidad vasca y aceptar con naturalidad que hay otras fórmulas, otras alternativas que pueden legítimamente abrirse paso, como de hecho ya ocurre en diferentes niveles de las Instituciones vascas.

Empieza a ser momento de recapitular. No hace falta adquirir perspectiva histórica para darse cuenta de que el País Vasco atraviesa un momento de importancia capital. A la decepción por una esperanza de paz defraudada, se une la inquietud y el desasosiego por la estrategia política adoptada por el nacionalismo contra toda la arquitectura de consenso político y social construida en los últimos veinte años, en función de un objetivo excluyente que enfrenta a los ciudadanos y divide a la sociedad. Una estrategia que el nacionalismo democrático no controla, porque la marca y la condiciona la minoría que lleva décadas combatiendo los principios y valores de la libertad y la democracia, ya sea con su actuación criminal o con su silencio cómplice.

Estoy convencido que los ciudadanos del País Vasco no quieren ir por ese camino de retroceso, que les aleja de la paz y de la normalización. Debajo de la estridencia, del irredentismo, de los discursos rancios, de los que siguen necesitando enemigos, que buscan fabricar una España opresora, que no existe, simplemente para justificar sus frustraciones, hay una sociedad que ha dejado muy clara su naturaleza plural, su vocación de modernidad, su capacidad de iniciativa, de creación de riqueza y su voluntad de paz y estabilidad dentro del proyecto común de la España diversa y europea.

Hay pues motivos de confianza para que, por el compromiso de todos los que se reconocen y actúan como demócratas, sea esa la realidad que prevalezca.

Frente a escenarios virtuales, los políticos tenemos la obligación de proponer realidades concretas y esforzarnos por saber anticipar los verdaderos desafíos en los que se va a jugar el bienestar y el progreso de las sociedades a las que servimos. La ensoñación nacionalista tiene su lugar, pero sin duda ese lugar no será el que el País Vasco debe ocupar en el futuro.

En el nuevo siglo, tenemos que movernos en escenarios que pocos años atrás apenas podríamos imaginar. Tenemos que renovar una buena parte de nuestro bagaje de ideas para acertar en las nuevas encrucijadas y ser capaces de establecer las prioridades cruciales para nuestra sociedad. Las viejas ideas, mientras tanto, seguirán alimentando viejos problemas. Comprendo que algunos vean en la globalización un motivo de temor. Yo prefiero considerarla como lo que es, una oportunidad. Comprendo que para algunos su objetivo sea una comunidad cerrada, monolingüe y refractaria.

Para mí el futuro lo protagonizarán las sociedades abiertas, capaces de integrar con éxito la pluralidad, influyentes y enriquecidas, desde el punto de vista cultural y lingüístico, y abiertas a la cooperación.

Don Miguel de Unamuno, de vuelta ya de su juventud en la que, como muchos otros vascos de la época, encontró en la exaltación mítica de lo vasco el consuelo ante la crisis de identidad posterior a la abolición foral, escribió que la leyenda genuina de los vascos está en el porvenir

Permítanme que siga, una vez más, a Unamuno para afirmar que el futuro del País Vasco no puede ser la pretensión estéril de recrear un pasado que nunca existió. La auténtica edad de oro para sus hombres y mujeres no está en la leyenda, sino en el futuro de paz y libertad para todos.