1. En las últimas décadas se han producido cambios sociales y económicos de los que se han derivado formas singulares de interconexión regional y global más extensas e intensas de lo que jamás se había conocido. Estos cambios son producto de una serie de hechos que pueden considerarse transformaciones profundas, sintomáticas y estructurales. A todo ello lo hemos denominado globalización, y ha tenido fuertes implicaciones para los Estados y los ciudadanos.

Esta realidad está reconfigurando nuestras comunidades políticas y, en particular, algunos aspectos del Estado-nación moderno.

2. La globalización está transformando el poder del Estado, pero cualquier descripción simplista de este fenómeno como pérdida o disminución de competencias nacionales distorsiona lo ocurrido y confunde el análisis. Porque la globalización no se produce al margen de los Estados, sino que la expansión de las redes de comunicación y el impulso de las nuevas tecnologías ha estimulado la iniciativa de los dirigentes políticos.

Fueron los Estados abiertos y proyectados al futuro los que iniciaron muchos de estos cambios fundamentales; por ejemplo, con la desregulación de los movimientos de capital y con la apertura al libre comercio mundial. También en otras esferas de actuación han sido los Gobiernos decisivos para dar cabida a nuevos tipos de colaboración transnacional, desde la creación de formas diferentes de colaboración militar hasta el fomento de las organizaciones de derechos humanos. La globalización no ha disminuido la competencia de los Estados, como se pretende a menudo. El Estado nacional- sobre todo en las economías avanzadas- conserva sus funciones básicas y continua siendo extraordinariamente útil y operativo.

El poder del Estado contemporáneo - desde la capacidad para exigir impuestos y distribuir rentas hasta la posibilidad de emplear una fuerza militar - sigue siendo, al menos en una gran parte del mundo, tan amplio como el de sus predecesores. Por ello, tiene más sentido hablar de la transformación o reorganización del poder del Estado en el contexto de la globalización, en lugar de analizar lo ocurrido como un simple proceso de decadencia.

Es cierto que se ha flexibilizado la exclusividad de la soberanía de los Estados desde el punto de vista territorial. Pero, al mismo tiempo, la importancia de la soberanía de éstos se ha reforzado en todo lo concerniente a la defensa de los derechos de los ciudadanos y la vigencia del principio de igualdad ante la ley de todos ellos. Y esto no son simples palabras, sino fruto de la primacía incuestionable de la libertad individual, que es una libertad esencialmente moral, que el Estado garantiza política y jurídicamente.

3. La facultad de los Estados para gobernar dentro de unos territorios delimitados (la soberanía) dista mucho de estar al borde de la desaparición, aunque su carácter práctico (la capacidad real de los Estados para gobernar) esté cambiando de perfil. En el Partido Popular somos conscientes de que está surgiendo un nuevo modo de gobierno y una nueva forma de gobernar basada en la proximidad y en el protagonismo de los ciudadanos que está desplazando la concepción tradicional del Estado como forma de poder público indivisible y territorialmente excluyente. La globalización, lejos de generar el "fin del Estado", está estimulando toda una nueva variedad de estrategias de gobierno y, en algunos aspectos fundamentales, un Estado más activo, con mayor capacidad de liderazgo aunque, en cierto sentido, menos coactivo. El objetivo de un Estado limitado, pero fuerte y eficaz sigue teniendo hoy plena vigencia.

Donde mejor podemos apreciar este hecho es en el contexto político de la globalización económica, donde se han producido una serie de cambios que modifican el alcance del poder político y las formas de gobierno. Pese a que tanto gobiernos como Estados mantienen sus características básicas, ambos han contribuido a la creación de toda una diversidad de agencias y organizaciones intergubernamentales que participan intensamente en la política global. Todos estos hechos dan lugar a un panorama mucho más complejo, donde los Estados presentan su soberanía y legitimidad democrática como principios a su favor en la colaboración internacional.

Asimismo, otro factor característico de la nueva configuración internacional es la aparición de organizaciones no gubernamentales a través de las cuales los ciudadanos participan activamente en diversos aspectos de la realidad social más allá de sus fronteras nacionales.

4. En un mundo globalizado, la vieja rivalidad entre naciones pierde sentido. Muy al contrario, la época actual exige que a la hora de orientar las políticas públicas éstos conozcan en profundidad, y tengan en cuenta, las decisiones adoptadas por otros que de cualquier manera les puedan afectar. Interdependencia y necesidad de cooperación son las características de este nuevo entorno.

La globalización ayuda a que las naciones modernas tomen como propios asuntos que antes se veían de "otrosÓ y, en consecuencia, se comprometan activamente en su solución. Ante los retos y oportunidades de la globalización, es preciso establecer nuevas alianzas estratégicas que estimulen, al tiempo, a las naciones más desfavorecidas, de forma que la globalización sea la palanca de su desarrollo futuro. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en EE.UU, han sido decisivos para ayudarnos a extraer las consecuencias políticas y estratégicas de la intensa aceleración histórica que ha marcado los últimos veinte años.

La Unión Europea como estrategia ante la globalización

5. Las naciones europeas disponemos de un instrumento político original para afrontar los retos de la globalización: la Unión Europea. La aceleración del proceso de integración en los últimos años se relaciona directamente con los fenómenos descritos: la Unión Europea constituye sin duda el mejor recurso de nuestras naciones para afrontar problemas comunes que nos superan.

Al poner en común ciertas competencias soberanas y autolimitarse en un marco supranacional, las naciones europeas consiguieron, mediante la integración, contener la erosión de su poder provocada por su debilidad económica y moral tras la segunda guerra mundial. Los Estados han salido así fortalecidos del proceso de construcción europea, al reafirmar su condición de entidad organizativa básica para el proceso integrador. En el Partido Popular reafirmamos este papel esencial de los Estados en el futuro de la construcción europea.

La ausencia de cualquier precedente histórico confiere un interés especial al proceso de integración europea. No existen modelos de referencia para unir económica y políticamente un conjunto de naciones, las más antiguas del mundo occidental, con lenguas, culturas, instituciones y tradiciones marcadamente distintas, pero que comparten el valor de la libertad individual y los principios democráticos. El hundimiento del comunismo permite ahora la extensión a los países de la Europa central y oriental del proceso de integración europea.

6. Para el Partido Popular la Unión Europea no es una simple organización internacional. Las organizaciones internacionales de ámbito regional se caracterizan exclusivamente porque las decisiones se adoptan por unanimidad y no existen instituciones responsables de velar por su cumplimiento o de formular propuestas que vayan mas allá de los objetivos iniciales.

Pero la Unión tampoco es un Estado, ni es ese el objetivo que perseguimos. Son los Estados quienes cuentan con la legitimidad necesaria para imponer decisiones en sus territorios respectivos, y la Unión no puede actuar en política exterior sin la necesaria cooperación de los Estados que la integran. Es decir, la Unión Europea no cuenta con un "gobiernoÓ. La legitimidad de la Unión Europea se deriva de su capacidad para resolver conflictos y hallar soluciones eficaces a los problemas comunes de los Estados miembros. Para lograrlo, la Unión combina distintas dosis de integración sectorial y cooperación gubernamental entre sus miembros.

Nos encontramos ante un proceso de integración que ha sido enormemente positivo para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos europeos y para la paz internacional, y por cuyo fortalecimiento, en consecuencia, debemos apostar decididamente.

7. El proceso de constitucionalización gradual de la Unión Europea que se ha puesto en marcha no pretende establecer la existencia de una autoridad suprema capaz de imponer su voluntad a los Estados y a la que éstos estarían subordinados. Lo que busca es llevar adelante un proceso cuyo fin es consolidar una Unión de Estados con identidades políticas diferenciadas pero con objetivos comunes que limitan sus competencias soberanas.

La reciente cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Laeken ha abierto el debate que habrá de conducir a una amplia revisión de los Tratados, para lo cual se ha convocado una Convención sobre el futuro de Europa. El Partido Popular valora muy positivamente esta iniciativa y espera que se traduzca en un decidido avance en el proceso de integración.

8. Ante la Conferencia Intergubernamental europea del año 2004, serán los Estados quienes asumirán las reformas institucionales. No obstante, el Parlamento Europeo debe jugar un papel más destacado en este proceso, así como el Comité de las Regiones. Ambas Instituciones, cada una en su ámbito respectivo, deben ser interlocutores fundamentales a consultar. Este es un esquema que ha funcionado.

Pensamos que las regiones, las Comunidades Autónomas en nuestro país, y las Entidades Locales deben desempeñar un papel importante en Europa. Sobre todo cuando en varios Estados miembros se dispone de un sistema descentralizado de reparto del poder. En tales casos, como el español, la implicación de las regiones en la elaboración de la posición del Estado debe asumirse como algo deseable y necesario.

Ocurre, sin embargo, que esa participación a escala europea no puede obedecer a criterios uniformes. Y esto es así porque la Unión está compuesta por miembros con diferentes tradiciones constitucionales que recogen una multitud de fórmulas de imposible e indeseable homogeneización.

9. En todo caso, el Estado se configura en este sistema de integración como la pieza clave por su capacidad de aunar identidad, eficacia y democracia como mecanismos de adhesión del ciudadano, y de convertirse así en instrumento de articulación entre lo local, lo regional y lo europeo, pero también lo internacional en los ámbitos no cubiertos por las competencias de la Unión. En España el pluralismo constitutivo, basado en la existencia de una diversidad de Comunidades Autónomas y Entes Locales se hace unitario en la responsabilidad que tiene el Estado de defender los intereses generales en el ámbito europeo.

La España constitucional en la integración europea

10. El régimen liberal se consolidó en España con la Monarquía de la Restauración. Sin embargo, España quedó fuera de los pocos países afortunados que llevaron a cabo una transición gradual del liberalismo a la democracia durante el primer tercio del siglo XX. Al igual que en otras naciones europeas, los vientos del totalitarismo arrasaron la faz de nuestro país y pagamos por ello un alto precio.

El restablecimiento de la democracia en la forma de Monarquía parlamentaria ha hecho posible la modernización que ha vivido España en los últimos veinte años. Esta modernización está muy relacionada con dos procesos paralelos: la descentralización política, administrativa y financiera inherente a la creación del Estado Autonómico y la plena participación en el proyecto de integración europea.

Son dos realidades plenamente desarrolladas hoy pero sólo intuidas hace 23 años y que, sin embargo, encontaron en el texto constitucional un marco para su desarrollo. Es evidente que cuando en 1978 las Cortes Generales abordaron la elaboración de la Constitución Española lo hicieron con una innegable visión de futuro.

Apenas siete años después de aprobarse la Constitución de 1978 España se adhirió a las Comunidades Europeas. La participación de España en el proyecto de integración europea era una aspiración unánime entre la ciudadanía. Nos situaba junto a la mayoría de los países de Europa Occidental, democráticos, libres, prósperos y con voluntad de cooperación en una unidad mayor.

11. Queremos subrayar que, sin duda, los ejes orientadores en los comienzos de la transición fueron, junto a una demanda de libertad individual y de derechos sociales, la autonomía política de las nacionalidades y regiones y la proyección hacia el exterior, singularmente la europea. La Constitución, también en este punto, se adelantó a los acontecimientos con su artículo 93, inequívocamente orientado a permitir la adhesión a las entonces Comunidades Europeas sin necesidad de una reforma constitucional.

Para entonces estaba en pleno despliegue nuestro modelo de Estado, con todos los textos de los Estatutos de Autonomía ya aprobados Ðlos últimos, los de los de Ceuta y Melilla, lo fueron en 1995-. La evolución posterior de nuestro Estado Autonómico, una fórmula equilibrada y consensuada de articular España como Nación plural, ha aumentado de manera constante la capacidad de autogobierno de las Autonomías, y lo ha hecho al tiempo que profundizábamos nuestra integración en Europa.

Este proceso debe culminar ahora con una nueva descentralización en favor de las Corporaciones locales. La misma lógica de integración y aproximación requiere reforzar aquellos gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Es una feliz coincidencia histórica que la descentralización política se produzca en España en paralelo a la integración europea.

Es cierto que el Estado pierde competencias, o las ve limitadas, tanto por el desarrollo de las Autonomías como por su participación en las instituciones europeas. Pero el proceso europeo , al constituir una sólida unión de Estados, ha reforzado la legitimidad de los mismos, poniendo de relieve su eficacia como elementos de articulación política y ofreciendo, de este modo, un renovado y atractivo proyecto común, el de integrarse en Europa.

Ante las nuevas coordenadas del siglo XXI

12. La caída del muro de Berlín en 1989 cambió de un plumazo el escenario europeo y mundial, eliminando los obstáculos que impedían a otras naciones, que compartían el ideal de la defensa de la paz y la libertad, sumarse a la construcción europea.

Al mismo tiempo, simbolizó el fin de la utopía comunista que, al negar las libertades a millones de personas, y al querer implantar el socialismo real, las condenó a la opresión, a la miseria y a la desesperanza. La caída del muro de Berlín significó, por encima de todo, el triunfo de una concepción política, social y moral que reconoce y valora la libertad y la dignidad de la persona; que sabe que sólo la democracia representativa y el respeto a los derechos fundamentales son las bases legítimas de convivencia; y que confía en la libre iniciativa y en el mercado como generadores de bienestar común.

Ese momento histórico provocó que, durante toda la década de los noventa, la globalización empezara a dejar sentir su potente impulso, coincidiendo y viéndose potenciado con los cambios tecnológicos en las comunicaciones y la informática. Ya conocemos el resultado: un rápido incremento de la interdependencia económica de los países y su consecuente reflejo social y cultural.

13. La globalización ha dado lugar a una serie de reformas de las estructuras públicas durante la década de los noventa. Casi todos los países desarrollados iniciaron un conjunto de transformaciones a escala nacional que, en buena medida, han sido determinantes para su grado de avance y desarrollo.

A pesar de las diferencias interregionales y entre países, podemos identificar ciertos rasgos comunes que caracterizaron esas reformas orientadas a aprovechar las oportunidades ofrecidas por la globalización en los noventa:

• Disminución del tamaño del sector público.
  
  
• Impulso a la descentralización.
  
  
• Privatización de las empresas públicas.
  
  
• Desregulación de mercados.
  
  
• Introducción de criterios de eficiencia y calidad en el funcionamiento de los servicios públicos.
  
  
• Revisión de los procesos presupuestarios hasta alcanzar el equilibro.

El Partido Popular, que cree en la libre iniciativa y en los gobiernos reducidos, quiere constatar que estos fenómenos han servido para proporcionar mayor bienestar a un mayor número de personas en todo el mundo. Son estas ideas - las nuestras - las que han triunfado.

No todos los países han puesto el mismo empeño en la puesta en práctica de cada una de las reformas citadas, ni tampoco los progresos alcanzados con su aplicación han sido homogéneos.

En el ámbito de la Unión Europa el elemento rector han sido los llamados criterios de Maastricht. En el caso de España, las políticas reformistas que ha aplicado el Gobierno del Partido Popular desde 1996, orientadas a la liberalización y desregulación económicas, consolidación fiscal y flexibilidad laboral han generado el período de mayor crecimiento y creación de empleo de nuestra democracia, y han devuelto la confianza, el dinamismo y el espíritu emprendedor a la sociedad española, consolidando la posición de España en Europa y en el mundo.

14. Los trágicos sucesos acaecidos el pasado 11 de septiembre han sido los que han alertado a los países acerca de la urgencia e importancia de realizar nuevas reformas del Estado para recuperar sus funciones básicas y dotarlo de mayor eficiencia. Empieza a surgir en la práctica una revalorización de las funciones fundamentales del Estado, cuando éste parecía absorbido por funciones más propias de otras instancias políticas y sociales.

El golpe asestado a la democracia americana, representado en la destrucción de las Torres Gemelas, ha reforzado en todo el mundo el papel de los Estados como garantes de la ley y de la seguridad. Hemos comprobado que es al Estado al que los ciudadanos y el resto de instituciones recurren cuando ven amenazadas su convivencia y libertad. Se ha puesto de relieve que la defensa exterior, la seguridad interior, la justicia, la unidad de acción y la suma de esfuerzos determinan la fortaleza del Estado para que éste sea capaz de garantizar las libertades individuales y el interés general con certidumbre.

Por eso hoy los Estados europeos, a pesar de su diferente configuración social y cultural, han de hacer frente a un mismo reto al iniciarse el siglo XXI: reorientar sus ámbitos de actuación para atender mejor sus funciones básicas y satisfacer así las expectativas en ellos depositadas y, al mismo tiempo, reducir la dimensión de su estructura.

15. Cuando aún no hemos terminado de consolidar las reformas económicas, tenemos nuevas tareas que ya están en ejecución o cuando menos en preparación por parte de muchos gobiernos. Las nuevas medidas de reforma del Estado son un auténtico reto para los administradores y los políticos en los próximos años. Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

1. Consolidar las reformas anteriores, en especial la desregulación, descentralización y el equilibrio fiscal.
   
   
2. Mejorar la calidad de la gestión de las Administraciones en sus distintos niveles Ðnacional, autonómico y local- y la de sus distintos órganos rectores.
   
   
3. Profundizar en la capacidad de respuesta de las instituciones y sus estructuras ante crecientes demandas de unos ciudadanos cada vez más exigentes, o ante situaciones que día a día se tornan de mayor complejidad. Afianzar y perfeccionar las prestaciones de la Sociedad del Bienestar, a través de una gestión diversificada y eficiente que oferte servicios de alta calidad.
   
   
4. Perfeccionar los sistemas de responsabilidad administrativa, civil y penal de los servicios públicos con instrumentos como los códigos éticos que complementen las medidas legales y garanticen aún más los derechos de los ciudadanos.
   
   
5. Continuar con la implantación de técnicas de la información y la comunicación, hasta lograr una "administración electrónica" eficaz, que posibilite la perfecta interacción ciudadano - administración con las debidas garantías.

16. Para lograr estos objetivos, el Partido Popular considera que en este momento histórico se hace precisa una política que oriente los principales esfuerzos del Estado a la realización de sus tareas básicas: garantizar la libertad, proporcionar seguridad a los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de las leyes y preservar la libre convivencia pacífica.

Es evidente que el papel de los gobiernos nacionales a comienzos del siglo XXI es muy distinto de lo que fue a comienzos del siglo XX. Las reformas que vienen requieren una visión nueva de su papel.

LAS RESPONSABILIDADES BÁSICAS DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

17. Creemos que constituye tarea esencial de todo Estado moderno actuar como garante de la libertad y la seguridad, tanto en el plano individual como colectivo. La protección y materialización de estos derechos plantean la necesidad de una estrategia sólida, que solo los poderes públicos pueden diseñar y poner en práctica.

La seguridad, hoy más que nunca, es una tarea en la que el Estado está llamado a asumir el papel protagonista que le corresponde, tanto en la esfera interna como en el ámbito internacional. Actualmente esta tarea ha experimentado una importante transformación, fruto de la globalización en la que nos movemos. Con la desaparición de las fronteras, los conceptos clásicos de defensa exterior y orden público interno han perdido sus perfiles diferenciados, debiéndose poner en práctica una acción integral contra toda amenaza que altere o pueda alterar nuestra convivencia pacífica, provenga de donde provenga. Para esta tarea la cooperación entre los Estados constituye un instrumento fundamental, sin el cual los esfuerzos realizados con los medios de que dispone cada Estado resultan insuficientes.

18. Corresponde también al Estado la función de garantizar el efectivo cumplimiento de las normas aprobadas por todos, así como de los contratos y obligaciones. Se trata, por tanto, de hacer efectivo la primacía de la ley. El Estado debe garantizar la existencia de una justicia que, emanada del pueblo, se administre de manera independiente, ágil y responsable, como mecanismo de control de la actuación de los poderes públicos y garantía última del Estado de Derecho.

19. En el Partido Popular somos conscientes de que nuestra pertenencia a una comunidad internacional cada vez más interdependiente, hace más necesaria e importante la presencia y proyección de España ante los diferentes foros y organismos internacionales. Es en ellos donde los Estados deciden las políticas conjuntas, que posteriormente influyen y condicionan las que se desarrollan en el ámbito interno de cada nación. La mejor salvaguarda de los intereses de los ciudadanos requiere que éstos sean protegidos mediante una representación exterior común, capaz de articular las diferentes posiciones territoriales, sectoriales, sociales, etc.

20. El Partido Popular entiende que el Estado debe ejercer su función de liderazgo político para lograr una adecuada vertebración territorial que haga efectivos los principios de solidaridad y subsidiariedad, así como la cohesión social. Es necesario desarrollar políticas de cohesión (cultural, social, económica, territorial), liderando proyectos nacionales que sean expresión del interés general del país. Para cumplir este propósito, lógicamente, hacen falta partidos nacionales sólidos y vertebrados.

21. Hemos podido comprobar que el desbordamiento por parte de los poderes públicos de lo que han de ser los límites de su actuación tiene efectos negativos sobre el crecimiento económico y el bienestar.

En el Partido Popular defendemos que el progreso común de la sociedad encuentra su fundamento en el potencial que encierra cada persona. Los Estados, lejos de limitarlo, deben procurar las condiciones más adecuadas para su pleno desarrollo. Consideramos que los poderes públicos deben abstenerse de ejercer aquellas actividades que el sector privado puede desempeñar con una mayor eficacia, sin perjuicio de su indeclinable responsabilidad como garantes de los elementos básicos que conforman las sociedades modernas.

La configuración de un Estado intervencionista crea multitud de dependencias a la hora de poner en práctica cualquier iniciativa o satisfacer cualquier necesidad. Por este motivo, en el Partido Popular entendemos que los esfuerzos de los poderes públicos se han de orientar al fomento de las iniciativas que emanan de la sociedad, aumentando así las oportunidades de todos. Una sociedad independiente es una sociedad libre y, como tal, con plenas capacidades para hacer frente a cualquier tipo de reto o contingencia que se le presente.

La articulación de la acción exterior

22. El mundo ha evolucionado de una manera extraordinaria en las últimas dos décadas. La globalización económica, política y social ha traído nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos que obligan a revisar las viejas agendas en política exterior. Los últimos actos del terrorismo internacional han puesto de manifiesto que nos encontramos ante la desaparición de un esquema vigente desde el final de la segunda guerra mundial y la transición hacia su sustitución por uno nuevo, todavía en formación, que abre condiciones más propicias para la cooperación en nuevas agrupaciones internacionales.

Hoy los Estados deben trabajar juntos por la seguridad y la estabilidad y esforzarse en mejorar la capacidad de las organizaciones internacionales para hacer frente a las crisis, para prevenirlas y para mantener la paz y la libertad y, en su caso, restablecerlas. Al mismo tiempo, deben trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y para enfrentarse con los desafíos comunes del terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de drogas, el deterioro del medio ambiente y la inmigración ilegal.

23. En España el reto exterior ha sido esencial, básico: hemos tenido que pasar del no estar a estar, del ostracismo a la apertura. En un plazo muy breve en términos históricos, poco más de dos décadas, España se ha consolidado como una democracia parlamentaria madura y sólida, perfectamente homologable con las viejas democracias europeas. En el exterior, España ha pasado de ser un país casi autárquico y proteccionista a ser un país abierto, competitivo y desregulado. Tenemos una de las economías más abiertas del mundo. Gracias a una activa presencia en Naciones Unidas y en la Alianza Atlántica, España ha podido jugar un papel importante en la prevención y solución de conflictos y ha contribuido y contribuye a la búsqueda de la paz en aquellas áreas que viven situaciones bélicas.

La función del Gobierno es promover los intereses de España en el mundo y llevar a cabo la política exterior. Al Gobierno le corresponde también la representación del Estado, de acuerdo con el principio de unidad de representación exterior. Es el Gobierno de la Nación quien define e impulsa la política exterior de España, y para ello debe contar con un servicio exterior dotado de las capacidades necesarias.

24. España es una potencia de dimensión media con intereses cada vez más globales y con instrumentos suficientes para promover y defender esos intereses. El dinamismo de nuestra sociedad, cada día mayor, nos obliga a enfrentarnos a la cuestión trascendental de la coordinación de las actuaciones internacionales de los diferentes actores (públicos y privados, políticos, diplomáticos, de defensa, económicos, culturales, científicos, medios de difusión...) y también a la cuestión del diseño de una lógica de conjunto que nos permita disfrutar de las ventajas de actuar dentro de unos planteamientos integradores, sin renunciar a los objetivos propios.

En este sentido, corresponde al Gobierno potenciar, en los ámbitos en que resulte necesario, la coordinación entre las distintas Administraciones, y entre éstas y la sociedad. Se trata de conseguir que, cada vez más, los actores sociales y económicos participen en la génesis y en la práctica de la política exterior, y que lo hagan movidos por el convencimiento de que les interesa directamente. Para ello, es esencial la interacción de las instituciones del Estado con la sociedad civil.

25. El Gobierno tiene que estar al servicio de todos los españoles, también de los que residen en el extranjero. La globalización ha producido un cambio importante: en la actualidad residen en el extranjero aproximadamente un millón y medio de españoles, y más de 4 millones viajaron el año pasado fuera de nuestras fronteras. Algunos residen en países en vías de desarrollo o donde el nivel de vida y bienestar social es inferior al de España. Para un Estado moderno y democrático como el nuestro, la protección de sus ciudadanos mientras trabajan, estudian, residen o viajan al extranjero es una de las responsabilidades más significativas e importantes.

La especial sensibilidad de la opinión pública ante la difícil situación económica y social que viven nuestros compatriotas en los países de acogida debe tener una respuesta decidida y coherente por parte de las Administraciones. Esta respuesta ha de articularse en distintos campos tales como la asistencia social, la cobertura sanitaria, apoyo a la juventud y la cultura, y procurando siempre facilitar su retorno.

Es también necesario modificar la legislación civil reguladora de la nacionalidad para eliminar las discriminaciones que pudieran existir. Asimismo, es necesario fomentar la participación de las colectividades españolas en el exterior en nuestra dinámica social, política y cultural.

26. Tenemos que ser conscientes de que en el mundo contemporáneo, la diplomacia ya no es sólo una atalaya para la observación y la información sino, sobre todo, un instrumento para la defensa de nuestros intereses y para la promoción de los valores universales de la libertad, la democracia y los derechos humanos, para contribuir a la paz, al progreso y a la seguridad en el mundo.

A través del servicio exterior se debe reflejar la modernidad de la sociedad española, su dinamismo económico, empresarial y cultural. La acción exterior debe facilitar la penetración económica y comercial de nuestro país, la internacionalización de nuestras empresas y una mejor presencia española en los foros internacionales. Para eso es indispensable tener en cuenta los criterios de asociaciones, empresas y agentes culturales.

27. No podemos omitir una referencia especial al ámbito de la cultura española. La nuestra es una cultura plural de proyección universal. Ha sido el motor de una gran comunidad de naciones y hoy se abre al futuro llena de oportunidades. Para el Partido Popular la cultura es eje básico del futuro de España.

Siempre hemos de recordar que el castellano es uno de nuestros mayores activos para garantizar nuestra presencia en el mundo. Es el idioma en el que nos expresamos más de cuatrocientos millones de personas que pertenecemos a una misma comunidad de valores.

En el Partido Popular pensamos que toda nuestra riqueza y diversidad cultural y lingŸística debe ser permanentemente impulsada en el exterior. A este empeño deben contribuir Universidades, instituciones culturales, colegios españoles, academias, medios de comunicación públicos, así como aquellas entidades que como la Fundación San Millán guardan una esencial vinculación con la lengua castellana y, de forma singular, el Instituto Cervantes.

Nuestra pluralidad es, justamente, uno de los fundamentos esenciales de la identidad cultural española y ha de tener un adecuado reflejo en nuestra proyección exterior, con pleno respeto a las competencias constitucional y estatutariamente establecidas, para el fomento y promoción del patrimonio cultural común en sus diferentes expresiones.

También hay que poner de manifiesto las importantes relaciones y los grandes lazos culturales, sociales, afectivos y económicos que mantiene España con toda Hispanoamérica. Esta es la razón por la que España tiene que erigirse como el gran nexo entre Europa e Hispanoamérica.

La Defensa

28. Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto, como ya hemos afirmado, que para hacer frente a los riesgos que amenazan la libertad y la paz, sigue siendo necesario que los Estados dediquen su esfuerzo al mantenimiento y desarrollo de una política de defensa y seguridad, entendida ésta en el sentido más amplio y no solo en el estrictamente militar.

En estas nuevas circunstancias es imprescindible adecuar los instrumentos de defensa, de manera que permitan garantizar la seguridad nacional, así como desarrollar una acción rápida y eficaz, tanto ante conflictos bélicos, como ante catástrofes o amenazas a la estabilidad internacional.

29. Por eso, el Partido Popular considera imprescindible continuar mejorando nuestras Fuerzas Armadas a través de su profesionalización y modernización. Contar con unas Fuerzas Armadas bien equipadas e integradas por profesionales bien formados no solo sirve para dar una respuesta más adecuada a las necesidades actuales de defensa sino que contribuye a afrontar nuestras responsabilidades en el exterior. Constituye, por lo tanto, una tarea básica del Estado.

Esta modernización no solo ha de circunscribirse a los aspectos tecnológicos, sino que debe afectar igualmente al ámbito organizativo. Poseer una estructura racionalizada y plenamente operativa es exigible en cualquier organización y mucho más si se trata de unas Fuerzas Armadas que actúan en el ámbito de una organización de seguridad compartida como la Alianza Atlántica.

Actualmente, la defensa y seguridad de España se encuentran estrechamente unidas a la defensa y seguridad de nuestros socios y aliados. Creemos que España debe ir recogiendo y ejerciendo estas responsabilidades crecientes en el escenario de defensa internacional, como actor principal que es, tanto en el marco de la Alianza Atlántica, como en la política europea de defensa y seguridad común. La Europa actual debe seguir avanzando en la construcción de un espacio común de seguridad, sin líneas de confrontación y basado en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de unos valores compartidos. Los Estados deben ser parte activa, desde el principio, en la creación de un nuevo entorno de seguridad en Europa más pacífico y seguro.

Seguridad interior y garantía de las libertades

30. Hoy día en España, y en cualquier país democrático, libertad y seguridad son dos conceptos que van unidos de manera indisoluble. Los Estados constitucionales han asumido el firme compromiso de promover las condiciones necesarias para garantizar la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos. Y, para ello, una de las condiciones básicas es la seguridad pública.

Para nosotros, la seguridad tiene una dimensión política, como pieza esencial del Estado de Derecho y fundamento de una convivencia pacífica. Y, además, entendemos que tiene una dimensión social, en cuanto elemento esencial del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos. Sabemos que la garantía de seguridad produce en los ciudadanos una sensación de confianza en sus propias posibilidades y genera un clima favorable para el progreso. La normalidad institucional y política incluye el valor de la seguridad, porque hay que recordar que garantizar la confianza y tranquilidad de los ciudadanos es el primer deber del Estado.

31. Somos conscientes de que los ciudadanos, ante los variados tipos de delincuencia que se presentan en nuestras sociedades complejas, demandan hoy más seguridad. Ello es así porque sin ella no pueden ejercer otros derechos fundamentales, ni las libertades públicas consustanciales de la democracia. Proporcionar más seguridad, responder de modo eficaz a esta demanda de la ciudadanía es, por tanto, un deber primario del que no puede abdicar ningún Estado democrático.

Para el Partido Popular una política de seguridad exige hoy la observancia de varios principios básicos.

En primer lugar, unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que dispongan de los medios humanos y materiales precisos para realizar sus funciones en la prevención y la persecución de la delincuencia. Debemos dedicar a tal finalidad todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance. Y hoy este principio ha de traducirse con una orientación que haga más próxima la policía a los ciudadanos.

En segundo lugar, resulta imprescindible intensificar la acción policial contra todos los tipos y modalidades de delincuencia organizada, contra todas las bandas que actúan sin barreras fronterizas. No debemos olvidar nuestra situación geográfica, y nuestra responsabilidad como puerta de entrada al territorio de la Unión. Nos proponemos impulsar el reforzamiento de la cooperación en el seno de la Unión Europea y en la esfera internacional. Ha llegado la hora de adoptar nuevos instrumentos jurídicos que hagan más operativa la persecución de quienes, con su actuación criminal, están perturbando más gravemente nuestras libertades y nuestra convivencia.

En tercer lugar, debemos disponer de un marco jurídico mejor que permita el enjuiciamiento rápido y efectivo de los delincuentes, sin menoscabo de las garantías constitucionales. El papel de la Administración de Justicia en su misión juzgadora y de vigilancia penitenciaria se convierte así en determinante.

En la revisión del sistema de penas actualmente en curso creemos que se debe contemplar el principio de reincidencia como agravante, así como un replanteamiento de las penas que han de establecerse para aquellos delitos que producen más daños a las personas y amenazan más nuestra convivencia, en especial aquellos que tienen como víctimas a los sectores sociales más vulnerables. Además, queremos expresar nuestro apoyo al establecimiento de la modalidad de juicios rápidos que, con todas las garantías del Estado de Derecho, sirvan para combatir la delincuencia que comete delitos menores.

32. Queremos expresar, finalmente, que esta labor también debe ser compartida con los demás niveles de gobierno y con los ciudadanos en su conjunto. Entendemos que es necesario que la ejecución de la política de seguridad se sustente en los principios de coordinación, colaboración y cooperación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues solo así se logrará una actuación eficaz para alcanzar un verdadero clima de seguridad.

Justicia eficaz y de calidad

33. La protección del orden jurídico garante de las libertades y de la convivencia así como la defensa de la propiedad privada corresponde, en un Estado de Derecho, a la Justicia. La ley, como expresión de la voluntad popular, ha de ser observada por todos - autoridades y ciudadanos - y su transgresión se ha de ver siempre corregida mediante el restablecimiento del Derecho y, en su caso, mediante la sanción penal correspondiente.

De igual modo, el Derecho cumple un papel esencial en la formación de un marco adecuado para el desarrollo de la libre iniciativa empresarial. La seguridad jurídica, la defensa de la propiedad, el respeto a los contratos y la garantía de la competencia son requisitos indispensables para el progreso de la sociedad.

34. El Partido Popular se reafirma en sus convicciones respecto a la necesaria independencia del Poder Judicial, que consideramos como un rasgo indispensable de una sociedad democrática y principal medio para impedir el abuso y la arbitrariedad.

Al mismo tiempo, propugnamos una amplia reforma de nuestro sistema jurídico y de la propia Administración de Justicia. Siempre hemos defendido la necesidad de que dicha reforma contara con un respaldo político amplio, por entender que asuntos de esta naturaleza afectan a los propios fundamentos de nuestra democracia. Precisamente por ese motivo, hemos impulsado y conseguido un trascendental Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, cuya realización a lo largo de los próximos años transformará de manera sustancial nuestro ordenamiento jurídico y el servicio público de la Justicia.

35. Nuestra legislación civil, laboral y mercantil está igualmente necesitada de amplias reformas. España tiene un entramado empresarial muy amplio, cuyo tráfico jurídico y contractual es extraordinariamente intenso. Tanto los ciudadanos como las empresas necesitan contar con un marco legal más moderno y ágil.

Por este motivo, el Partido Popular cree necesario impulsar las reformas precisas para que nuestro Derecho privado y procesal se vea modernizado y contribuya a favorecer e incentivar la libre iniciativa y la responsabilidad por los compromisos que cada uno libremente asuma. Entendemos que de esta manera nuestro país será más competitivo.

36. Se han producido en los últimos tiempos determinados cambios sociales a los que hay que dar respuesta en el ámbito del Derecho. Entendiendo que la familia es el núcleo de la sociedad y que su estabilidad es pieza clave de la integración social y del desarrollo de los valores humanos básicos, consideramos que es preciso respetar y amparar las situaciones de quienes quieran formalizar una unión civil, estableciendo así las consecuencias jurídicas. Afirmamos nuestro compromiso de promover una Ley reguladora del contrato de unión civil, que se inspire en el valor superior de nuestro ordenamiento que es la libertad, en la garantía de la seguridad jurídica y en el derecho fundamental a la intimidad.

37. La Administración de Justicia es un servicio público y, como tal, los ciudadanos tienen derecho a exigirle fiabilidad, rapidez y buena gestión. Ello significa, de una parte, emprender reformas con profundidad de las normas procesales, tanto en el ámbito penal como en el contencioso, civil, laboral y mercantil. El uso de las nuevas tecnologías es un elemento de modernización necesario. Pero también lo es acomodar los elementos tradicionales del proceso a las necesidades de la sociedad contemporánea.

El Partido Popular impulsará la utilización de los instrumentos de arbitraje para la resolución de aquellos conflictos que puedan surgir entre los particulares o entre éstos y las Administraciones, como vía que viene a complementar y a descongestionar las actuaciones que tienen lugar en el seno de la Administración de Justicia.

Por otra parte, deseamos una mejora intensa de la oficina judicial y de la atención a los ciudadanos, a cuyo mejor servicio se ha de subordinar toda la concepción de la misma. Juzgados y tribunales han de servir a la sociedad que los sustenta a lo largo de todo el día, y deben hacerlo con una mayor disponibilidad de información y atención.

Igualmente, entendemos que la independencia que los ciudadanos confieren a jueces y magistrados lleva aparejada la responsabilidad que a éstos se les ha de exigir por la calidad y la celeridad de sus decisiones. La reforma de la Justicia que hemos emprendido debe, por tanto, favorecer la transparencia en cuanto al rendimiento de los órganos jurisdiccionales, como fórmula para hacer efectiva la responsabilidad de éstos ante el pueblo del que la Justicia emana.

38. Conforme a la Constitución, el Poder Judicial en España es único e indivisible, como también lo es su órgano de gobierno, cuya potestad se extiende a todo el territorio nacional.

Las Comunidades Autónomas tienen un importante papel en un ámbito diferente, como es el de la Administración de Justicia. En los últimos años se han dado nuevos pasos transfiriendo los medios materiales adscritos a dicha Administración. Deseamos que progresivamente los asuman todas las Comunidades Autónomas que restan por hacerlo.

Asimismo, deseamos plasmar en nuestra normativa las innovaciones contenidas en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia que afectan a las Comunidades Autónomas. Ello debe contribuir a mejorar el servicio público que la Administración de Justicia proporciona.

Cohesión social y vertebración territorial

39.El papel del Estado constitucional, como garante de la igualdad entre los ciudadanos, aparece históricamente como un elemento evidente de progreso frente a una situación propia del Antiguo Régimen. En todo el mundo occidental los Estados, a medida que se fueron formando y consolidando, hicieron de la proclamación y defensa de la igualdad de derechos y obligaciones el elemento configurador de la ciudadanía y la característica básica de la existencia de una nación. En España, el constitucionalismo surgido de 1812 introduce entre nosotros el anhelo por la libertad y la igualdad ante la ley, con la eliminación de todo privilegio de carácter discriminatorio. Aunque el modelo de organización territorial de la Constitución de Cádiz queda lejos de la opción tomada en la de 1978, que sin duda recoge mejor la pluralidad histórica de España, no es menos cierto que ello fue motivado por la convicción de que la centralización era imprescindible para garantizar el progreso económico y cultural, y acabar con privilegios de clase incompatibles con la libertad política y la igualdad básica de los ciudadanos.

La función de garante de la igualdad atribuida al Estado evolucionó a lo largo del tiempo y se transformó a medida que cambiaban las responsabilidades asignadas a los poderes públicos. El Estado ha pasado a lo largo del siglo XX de ser tan solo el garante de la igualdad ante la ley a ser, además, el instrumento idóneo para articular las políticas públicas de cohesión social y territorial.

40. En un Estado descentralizado como el nuestro es crucial asignar correctamente la responsabilidad de hacer efectivos los cauces de solidaridad. En la búsqueda constante del equilibrio entre los principios de unidad y autonomía, la garantía de la igualdad básica entre todos los ciudadanos debe operar como criterio determinante. Y resulta evidente que, sin perjuicio de las competencias que corresponde desarrollar a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla en legítimo uso de su autogobierno, corresponde a las Cortes Generales y al Gobierno de la Nación integrar las demandas parciales en la búsqueda del bien común. Ambos tienen la legitimidad democrática suficiente y los instrumentos adecuados para hacerlo.

En el Partido Popular sabemos que cuando cualquier español contribuye con impuestos prácticamente idénticos en todo el territorio nacional y por ese motivo percibe prestaciones sociales equivalentes de sus Administraciones, las llamadas "balanzas fiscalesÓ no son más que el reflejo financiero de las cotas de solidaridad intersubjetiva que los españoles, democráticamente, hemos querido asumir.

En el Partido Popular creemos que es nuestra responsabilidad garantizar el acceso de todos los españoles en condiciones de igualdad a los servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad, así como mantener un único sistema de pensiones en todo el territorio. Y sabemos que es nuestra responsabilidad porque otros, desde sus responsabilidades pasadas y presentes de gobierno, han reiterado decisiones orientadas a establecer niveles diferenciados de cobertura sanitaria por regiones o a disgregar el sistema nacional de pensiones no contributivas.

41. Pero las políticas de cohesión no se agotan en las prestaciones sociales. Debemos procurar un desarrollo armónico de todas las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Las grandes infraestructuras son un instrumento imprescindible para la vertebración territorial. Desde 1996, la disciplina presupuestaria se ha hecho perfectamente compatible con el diseño e implementación de programas de inversión pública hasta entonces desconocidos en España.

Consideramos que la inversión en modernas redes de comunicación es un elemento estratégico esencial para la mejora de la competitividad de la economía productiva. Nuestra apuesta por la modernización nos permite, al mismo tiempo, avanzar en la integración, acortando distancias, acercando a los españoles entre sí. Otras grandes inversiones, como las incluidas en el Plan Hidrológico Nacional o el Plan Nacional de regadíos, son manifestaciones directas de la solidaridad entre los territorios de España que nos ha llevado a los integrantes del Partido Popular a proponer el uso compartido de recursos naturales tan escasos y apreciados como el agua. Tampoco en esto otros partidos políticos pueden decir lo mismo.

Asimismo, conforme a lo que dispone la Constitución, consideramos que el Consejo Económico y Social ha de contar, junto con el asesoramiento y participación de los agentes sociales, con una eficaz colaboración de las Comunidades Autónomas para hacer efectiva la integración armónica de los grandes objetivos globales.

42. Entendemos que la unidad de mercado, junto con la unidad del orden económico nacional y la unidad de la política económica, son las tres manifestaciones del principio de unidad de la Nación en el ámbito económico. La salvaguarda de estas tres vertientes del mismo principio de unidad debe corresponder al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales. Es el Estado quien debe garantizar las tres premisas que deben existir para que pueda hablarse de la existencia de un mercado único: la libre circulación por todo el territorio de ciudadanos, bienes, capitales y servicios; la igualdad de las condiciones laborales y sociales básicas del ejercicio de la actividad económica; y la igualdad en las condiciones básicas laborales o sociales.

La unidad interna del mercado español es hoy una realidad incuestionable. Y su creciente integración en los mercados europeos y mundiales una apuesta decidida con resultados palpables. Pero si los poderes públicos no velan por mantener esa coherencia interna del marco jurídico, económico y social, coordinando su actuación con los restantes niveles públicos, la aparición de desigualdades, disfuncionalidades e ineficiencias en el mercado podría llegar a constituir un riesgo. Es responsabilidad de todos el evitar que de la legítima diferenciación se pase a la quiebra de la unidad interior de mercado y, en ocasiones, los límites son imprecisos.

La unidad de mercado es una necesidad impuesta por la propia lógica de la economía de mercado. Además, es un requisito tan deseable como ineludible para estar presentes en un escenario europeo que ha tenido como pieza esencial de su construcción la existencia de un mercado común en el cual todos los actores económicos deben situarse en igualdad de oportunidades.

Hoy en día la prosperidad de las naciones más pujantes económicamente se basa en la existencia de mercados abiertos e interconectados competitivos en un entorno globalizado. Las medidas aislacionistas o proteccionistas, sean estas adoptadas por los Gobiernos nacionales o regionales, cuando pretendan alterar las reglas de la libre competencia estarán condenadas al fracaso en el marco de la nueva economía. Algunas importantes llamadas de atención se han oído ya en nuestro país; el Partido Popular no hará oídos sordos.

DEL REPARTO DE COMPETENCIAS A LAS RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

43. La descentralización política y administrativa está permitiendo aproximar la gestión de los servicios públicos a los ciudadanos. El Partido Popular considera que la distribución de responsabilidades que se deriva del Estado de las Autonomías es la mejor fórmula para canalizar las aspiraciones de autogobierno de las distintas nacionalidades y regiones y, al mismo tiempo, permite la adaptación de las Administraciones Públicas a las necesidades de un país moderno.

44. Una vez definido el esquema del reparto competencial y alcanzado un nivel adecuado de corresponsabilidad en la gestión pública, esta estructura debe ser capaz de generar ahora los incentivos necesarios para garantizar la solidaridad interregional, la prestación de servicios de calidad, y un crecimiento económico sostenido en un entorno de estabilidad presupuestaria.

Con el nuevo modelo de financiación las Comunidades Autónomas estarán en disposición de concentrar lo mejor de sus esfuerzos en el servicio a sus ciudadanos, a quienes resultará más sencillo valorar la gestión de sus representantes políticos.

Comienza ahora la era de las responsabilidades compartidas, de la cooperación. La sanidad, la educación, la cultura o la protección de los consumidores son, entre otras, algunas de las áreas donde resulta más significativa y evidente la necesidad de estrechar la colaboración entre las distintas Administraciones. Con el objetivo claro de ofrecer a los españoles el más alto nivel de bienestar posible, en el Partido Popular trabajaremos para aprovechar al máximo los recursos disponibles, sin regatear esfuerzos ni confundir a los ciudadanos con disputas estériles.

Salud

45. El sistema sanitario público, resultado del esfuerzo colectivo de varias generaciones, es un importante elemento de cohesión social que se ha consolidado bajo los principios básicos de solidaridad, universalidad y equidad.

46. En el Partido Popular creemos que ha llegado la hora de abordar nuevos retos desde la nueva distribución de responsabilidades, de modo que, con respeto al principio de autonomía consagrado en nuestra Constitución, se garanticen los mecanismos de vertebración.

La responsabilidad ahora es de todos, y por eso, todos debemos estar implicados en la nueva definición de un sistema sanitario que desde la diversidad y los actuales niveles de autonomía participa de unos mismos valores y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, con independencia de su lugar de residencia o de aquél en que se demandan los servicios y prestaciones sanitarias.

En aquellas Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular se están llevando a cabo reformas importantes en la prestación de servicios sanitarios. En todos los casos, el objetivo es atribuir una mayor responsabilidad a los gestores y a los profesionales sanitarios, al tiempo que proporcionar una mayor capacidad de elección a los ciudadanos. En definitiva, pretendemos poner a la persona, y no al procedimiento, en el centro de esta prestación esencial. Se hace necesario profundizar en ellas, desarrollando nuevos instrumentos de gestión orientados a la búsqueda de la calidad y la eficiencia, al tiempo que se otorgan nuevos derechos a los ciudadanos.

47. El Gobierno tiene que velar por que el acceso de todos los ciudadanos a las prestaciones y servicios sanitarios reúna las necesarias condiciones de igualdad, de equidad y de calidad, a través de los instrumentos que permitan garantizar el principio de aseguramiento público. Una gestión descentralizada no tiene por qué crear fronteras. En este nuevo escenario debemos de sumar capacidades de modo que se proporcione más potencialidad al sistema. En definitiva, se trata de sumar en vez de restar, de vertebrar y no de separar, buscando nuevas soluciones, nuevas alternativas y nuevas propuestas.

En el nuevo modelo sanitario descentralizado, es preciso desarrollar un marco jurídico de relaciones y de vertebración que incorpore cuestiones básicas y comunes para todas las Comunidades, como son las prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud; la articulación clara de las relaciones entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y de estas entre sí; la determinación de las nuevas competencias del Ministerio de Sanidad, en el marco de las necesidades de coordinación del Sistema Nacional de Salud; la homogeneización de los criterios de libre elección no tan solo dentro de cada Comunidad Autónoma sino incluso entre las mismas; la definición de las obligaciones de remisión de información al organismo de coordinación nacional que corresponda, creando estándares y sistemas compatibles, periódicamente evaluables, homogéneos y con los mecanismos de garantía de la confidencialidad derivada de los aspectos legales de protección de datos.

Asimismo, el Estado tiene la responsabilidad de impulsar el aseguramiento y el tratamiento sociosanitario de la dependencia, que constituye uno de los retos que la sociedad española, a la vista de su horizonte demográfico y de la expectativa de vida, debe asumir.

Por su parte, la responsabilidad de las Comunidades Autónomas no es otra que la de establecer los modelos e instrumentos más adecuados para la óptima prestación del servicio a los ciudadanos, lo que incluye, entre otros aspectos, la gestión del aseguramiento, la ordenación de las redes de provisión de servicios de asistencia sanitaria, el desarrollo de políticas de promoción de la salud y de acciones preventivas eficaces, y el ejercicio de las funciones de autoridad sanitaria.

48. Delimitadas de este modo las responsabilidades respectivas del Estado y de las Comunidades Autónomas, el Partido Popular también entiende necesario fomentar la participación de la inicitiva social en la gestión de los servicios públicos, y concretamente en la Sanidad. Las experiencias desarrolladas hasta ahora en este campo, en algunas Comunidades Autónomas gobenadas por el Partido Popular, han dado muy buenos resultados.

49. La calidad y seguridad en los alimentos, la de los productos farmacéuticos y sanitarios, la protección frente a enfermedades globales, la salubridad del medio ambiente, están condicionados por factores que no conocen fronteras y requieren capacidad de respuesta del conjunto del Estado, mediante la integración de las redes de vigilancia y el desarrollo de capacidades de respuesta inmediata basadas en la autoridad sanitaria.

Promoveremos medidas para mejorar la confianza del consumidor e impulsaremos la educación y la información de los ciudadanos y potenciales consumidores, estableciendo una estrecha colaboración con las organizaciones sociales de defensa de los consumidores y usuarios.

La industria médico-farmacéutica, motor del desarrollo sanitario tiene una dimensión global que requiere una interlocución en el ámbito nacional, tanto en lo referente a la regulación de los mercados como a la identificación e intensificación de espacios de colaboración con el sistema sanitario, en especial en materia de investigación.

50. La rápida y espectacular evolución de las ciencias bio-médicas, otro de los elementos característicos de nuestro tiempo, plantean serios interrogantes éticos que reclaman la adopción de tomas de posición de alcance nacional, puesto que se ven comprometidos derechos fundamentales de la persona.

A este respecto, queremos reiterar nuestro apoyo a la investigación científica y bio-tecnológica en el ámbito de la medicina que, en todo caso, ha de tener en cuenta los criterios éticos que se derivan de la dignidad humana y del consiguiente valor de todo ser humano. Este criterio nos mueve a rechazar cualquier clonación humana, entendida como la creación de embriones humanos con un patrimonio genético idéntico al de otro ser humano, por considerar que traspasa de forma irreversible una frontera en las normas de investigación que se han dado nuestras sociedades democráticas y es contraria al respeto debido a la dignidad humana.

Nuestro apoyo a la investigación médico-genética requiere la promoción de los métodos consistentes en la obtención de células madre a partir de personas adultas o del cordón umbilical de recién nacidos, debiendo desarrollarse las medidas que faciliten su donación, su conservación y su utilización para dichos fines de investigación. Así mismo hay que realizar el mayor esfuerzo posible a nivel político, legislativo, científico y económico, para fomentar terapias que utilicen células madre obtenidas a partir de cordones umbilicales y de personas adultas.

El avance científico está dando lugar a la constante aparición de nuevos fenómenos (investigación genética, clonación, eutanasia, etc..) que preocupan a los ciudadanos y exigen de los poderes públicos un posicionamiento reflexivo, obtenido tras el oportuno asesoramiento, tendente a garantizar en todo momento un ordenado progreso científico compatible con la defensa del interés general y el pleno respeto a la dignidad del ser humano.

Educación

51. La estabilidad de la democracia y el progreso de las economías avanzadas requieren un elevado nivel de educación de los ciudadanos.

Sabemos que esta necesidad se va a reforzar más todavía a lo largo del siglo XXI, hasta el punto de que la educación se convertirá en el eje de las políticas de bienestar, lo mismo que la investigación y sus efectos representan ya el factor determinante del progreso económico.

El acceso a la educación a lo largo de la vida se convertirá, junto a la buena preparación de base, en un elemento imprescindible para la puesta en marcha de los proyectos profesionales y vitales de las personas.

Además, los resultados de la investigación en una serie de campos, multiplican la necesidad de una formación rigurosa y en valores que nos permita orientarnos en un mundo de creciente complejidad cultural y moral.

52. Para el Partido Popular, la intervención del Estado en la educación debe servir para garantizar la formación de base que se considere necesaria para el conjunto de los ciudadanos, y para asegurar igualmente un pluralismo de ofertas que garantice el derecho de los padres a elegir la educación que prefieran para sus hijos.

Adentrados en la sociedad del conocimiento, constituye una obligación moral ineludible del Estado evitar que se pierda ninguna inteligencia que pueda ser descubierta a través del sistema educativo.

El Estado de las Autonomías ha traspasado totalmente la gestión educativa a las Comunidades Autónomas, por lo que al Estado le corresponden, al igual que en otros ámbitos, tareas de vertebración, promoción de nuevos conocimientos, alta inspección y control de la calidad. No obstante, dado que el Estado mantiene las competencias en materia educativa en las Ciudades de Ceuta y Melilla, deberá procurarse que la gestión en las mismas sea un referente de sus aspiraciones en dicha materia.

53. En las circunstancias actuales, y tras más de tres décadas inmerso en un proceso de crecimiento y universalización, el sistema educativo español se encuentra confrontado a todos sus niveles con el desafío de la calidad.

Es misión del Estado garantizar la enseñanza de unos contenidos mínimos, en todo el territorio nacional que garanticen la movilidad de los alumnos y familias españolas en un espacio educativo común; contenidos que proporcionen una preparación básica de calidad en materias instrumentales como las lenguas, el cálculo y las nuevas tecnologías, así como el conocimiento de unos elementos comunes de historia y civilización occidental y española que mantengan debidamente informada y viva la conciencia de una común pertenencia a España y Europa.

La adecuada preparación, calidad y estímulo profesional de los cuerpos de funcionarios docentes y de la alta inspección representan los medios esenciales mediante los que el Estado puede y debe cumplir su función vertebradora y de control de la calidad, a lo largo de todos los niveles y etapas de la educación. Tareas a llevar a cabo en estrecha cooperación con los servicios de las Comunidades Educativas. Consideramos esencial el papel de estas últimas en la diversificación, competencia y calidad de la oferta educativa.

Las necesarias reformas que la sociedad española ha de emprender deben tener como objetivo la formación de ciudadanos libres, dotados de capacidad crítica y con sentido de la responsabilidad. Determinados excesos en una determinada orientación pedagógica han demostrado sobradamente su fracaso, y han de dejar paso a métodos diferentes y más adecuados a la realidad de nuestras aulas.

Así, por ejemplo, debe evitarse que una concepción dogmática de la igualdad de oportunidades, entendida como igualdad de resultados, impida la necesaria diversidad de los contenidos educativos de carácter obligatorio, de forma que el aprendizaje se empobrezca peligrosamente, y se haga imposible asumir de un modo personalizado y responsable la tarea educativa, lo mismo por parte de profesores que de alumnos.

54. La educación no puede ser ajena a los avances que se producen ni al entorno que le rodea. En este sentido es preciso seguir incorporando las tecnologías que proporciona la Sociedad de la Información, así como el uso de internet, en todos los niveles educativos. Igualmente es necesario fomentar los programas de educación plurilingŸe, que permitan a nuestros jóvenes estar preparados para el reto de la plena integración laboral y profesional con Europa.

55. La necesidad de adecuar la oferta formativa a las nuevas demandas del mercado de trabajo, aconsejan llevar a cabo una continua adaptación del sistema educativo Ð formativo. En este sentido uno de los desafíos más importantes que se nos plantea es asegurar el adecuado desarrollo de una Formación Profesional que garantice la adecuación conveniente de la mano de obra a las exigencias de las nuevas formas de producción, organización del trabajo y gestión del ámbito empresarial. El Partido Popular apuesta por una Formación Profesional de calidad, integrada y desarrollada en estrecha conexión con las empresas, lo que contribuirá de manera decisiva a favoracer la empleabilidad de quienes cursan estos estudios.

56. En el campo de la educación superior, el Estado debe promover, mediante la movilidad de profesores y alumnos y la evaluación de las instituciones universitarias, entre otros factores, el aumento del nivel de calidad de todas las entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en la educación superior, la eficacia en su gestión, la apuesta por la innovación tecnológica y la investigación, así como la capacidad para conectar con su entorno socioeconómico.

Igualmente habrá de favorecer el acceso de los estudiantes a los programas de movilidad establecidos por las instituciones europeas.

La política de becas y ayudas al estudio convertirá a los estudiantes universitarios en los principales evaluadores de la calidad de los centros superiores, pues con su libertad de elegir generarán un marco de creciente especialización y competencia.

Cultura

57. La política cultural que el Partido Popular defiende consiste en proporcionar a la persona aquel conjunto de saberes que le permitan ejercer mejor su autonomía moral y asumir plenamente su cometido de ciudadano libre e independiente. La vocación de la política cultural de la modernidad es, básicamente, democrática.

58. La primera tarea cultural de los poderes públicos es la educación misma, seguida por aquélla otra que se vuelca en la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio histórico artístico de la nación, a fin de mantener viva una concepción informada y crítica de su evolución en la historia y de su condición presente.

La Ilustración promovió a lo largo del siglo XVIII la creación de una serie de instituciones cultures que terminaron integrando políticas de Estado, desde la creación del Museo del Prado, a comienzos del siglo XIX, hasta la del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, desgajado del Ministerio de Fomento creado medio siglo antes.

El patrimonio cultural, en la medida en que encierra una experiencia histórica y unas vivencias culturales compartidas, deja así de constituir un asunto exclusivo del ámbito académico, para convertirse en patrimonio de todos por la acción conjunta de los poderes públicos, entre otras iniciativas públicas y privadas.

59. El siglo XX ha representado una etapa de profundas transformaciones en la evolución cultural de la humanidad. El desarrollo de la ciencia rompió los paradigmas establecidos en muchos campos; la propia cultura adquirió una vocación profundamente crítica a los valores establecidos y, en fin, los estados totalitarios la utilizaron como intrumento ideológico de presión y sometimiento políticos.

Hoy, la llamada postmodernidad se caracteriza por la ausencia de cánones suficientemente compartidos en los distintos campos de la actividad cultural, a lo que se añade la configuración de una sociedad más heterogénea, como resultado de la emigración y de un mundo mucho más intercomunicado.

Pero ninguno de estos nuevos elementos de la realidad anula el compromiso firme del Estado con los contenidos de la política cultural de la modernidad: la educación a todos los niveles y la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio histórico artístico de la nación a través del conjunto de infraestructuras necesarias.

En ambos casos, lo propio de una política de Estado, basada en el respeto a la libertad de las personas y la autonomía de la sociedad, será promover al máximo la implicación de ésta en las tareas de preservación y difusión cultural y en el esfuerzo educativo.

Ciencia y tecnología

60. La realidad se ha encargado de demostrar que las sociedades más emprendedoras y los que más progresan de una forma estable y cohesionada son aquéllas que apuestan decididamente por la innovación en todos sus ámbitos.

La innovación, junto con la investigación, que es su fuente, se ha convertido en el motor del desarrollo económico, así como de la vida social y cultural. Además, constituye una pieza clave para el logro de una sociedad más abierta y dinámica, al hacerla permeable a la absorción y producción de nuevos conocimientos.

En el Partido Popular creemos que la ciencia y la tecnología han de estar presentes entre las prioridades de cualquier acción política para poner fin a las situaciones de atraso y entrar de lleno en los procesos de modernización.

Es una responsabilidad que nos incumbe a todos y que debe alcanzar no solo al fomento de aquellas actividades de investigación e innovación que se desarrollan desde el sector público, que sin duda tienen una extraordinaria importancia, sino también a la promoción de aquellas iniciativas tendentes a reforzar la integración de las empresas en el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país.

61. Por otra parte, no podemos olvidar que muchas actividades investigadoras, de desarrollo e innovación utilizan de forma intensiva las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los servicios de telecomunicaciones e informáticos se configuran, por tanto, como elementos fundamentales para la capacidad competitiva de las empresas y como factores de mejora y transformación de la vida diaria de los ciudadanos y de sus relaciones mutuas.

Creemos así que una de las exigencias tecnológicas más importantes consiste en la difusión de las llamadas "autopistas de la información". En consecuencia, apostar de manera decidida por estas tecnologías es apostar por el logro de una economía dinámica y competitiva basada en el conocimiento.

62. Entendemos, sin embargo, que la puesta en práctica de una sociedad de la información para todos exige esfuerzos importantes en el terreno educativo. Esta exigencia empieza por los centros educativos y continúa con la formación de los trabajadores en las nuevas tecnologías, con especial atención a los que están parados. Todos debemos contribuir, por tanto, a la puesta en marcha de aquellos proyectos e iniciativas que hagan real y efectivo el acceso del conjunto de la sociedad a las nuevas tecnologías.

Debemos recordar, también, que los aspectos tecnológicos propios de la sociedad del conocimiento adquieren especial relevancia en el que representa nuestro mayor tesoro cultural y nuestro principal medio de conocimiento y de proyección en el mundo: la lengua española.

La oportunidad de obtener importantes frutos de ese extraordinario activo cultural depende, esencialmente, de la capacidad que mostremos a la hora de encabezar la producción de contenidos digitales en español. Esto hace necesario llevar adelante, con carácter inmediato, los esfuerzos necesarios para incorporar a la red aquellos contenidos susceptibles de ser digitalizados en relación con el patrimonio cultural, histórico y artístico de España, en toda su diversidad.

Medio Ambiente

63. Una de las políticas públicas que ha adquirido una enorme importancia y ha experimentado un gran desarrollo desde el nacimiento de nuestro Estado autonómico es la política de medio ambiente.

Creemos que la lucha contra las agresiones al medio natural y contra el progresivo deterioro que viene sufriendo el medio ambiente es una de las principales tareas que deben acometer los poderes públicos y la sociedad en su conjunto. De su éxito depende el que se garantice a las generaciones presentes y futuras un entorno agradable y adecuado para que el individuo se desenvuelva en unas condiciones de vida de calidad.

Será a través de la promoción de la educación medioambiental y de medidas de carácter disuasorio como se vaya formando la concienciación necesaria para hacer de la defensa del medio ambiente uno de los aspectos intrínsecos de la conducta diaria de los ciudadanos y de los demás agentes económicos y sociales.

64. En el Partido Popular defendemos que sea en el nivel regional donde se efectúen importantes actuaciones en esta materia tales como: asegurar una gestión y tratamiento adecuado de los residuos, la declaración y administración de los espacios naturales protegidos, la educación ambiental de los ciudadanos o la vigilancia y control de la contaminación atmosférica, entre otros asuntos.

Por otro lado, entendemos que al Estado le corresponde esencialmente un papel director de la intervención que se lleve a cabo en materia de defensa y protección del medio ambiente. Al mismo tiempo habrá de impulsar los mecanismos de cooperación y colaboración que sean precisos para suplir las insuficiencias o carencias que puedan aparecer a la hora de financiar las costosas infraestructuras medioambientales.

65. El medio ambiente en el siglo XXI no puede entenderse aisladamente como la simple protección de nuestro entorno natural. Ha de ser concebido de una manera integradora como un elemento a tener en cuenta en la elaboración y ejecución de todas las políticas públicas, con especial atención a sus aspectos económicos.

En definitiva resulta prioritario garantizar entre todos un auténtico desarrollo sostenible que haga compatible la actividad y el progreso económico, así como los modos de actuación del conjunto de los ciudadanos, con la protección y defensa del medio natural que nos rodea.

LA CULMINACIÓN DEL MODELO CONSTITUCIONAL

66. Tras más de 20 años de andadura autonómica es momento de hacer balance de lo logrado. En este tiempo, España ha llevado a cabo una profunda transformación del modelo de organización territorial que se ha visto acompañada de un fortalecimiento del conjunto de instituciones democráticas. Éstas han ido adquiriendo el prestigio y el reconocimiento social imprescindibles para cumplir con las importantes funciones que constitucionalmente tienen encomendadas.

67. El Partido Popular, cuando ha tenido responsabilidades de gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, igual que cuando ha asumido la responsabilidad del gobierno de la Nación, siempre ha contribuido con decisión al desarrollo del modelo autonómico.

Desde la aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía a comienzos de la década de los 80, hasta mediados de los 90, no se efectuó ningún avance significativo. En apenas cinco años de gobierno del Partido Popular se ha logrado un nivel de descentralización que carece de precedente alguno. Algunas críticas quieren olvidar que la generalización de las transferencias de educación y de la gestión de la asistencia sanitaria, junto al cumplimiento del resto de los compromisos asumidos en el Pacto Autonómico de 1992 entre el PP y el PSOE, es una tarea que está siendo llevada a cabo por nuestro partido.

Es mucho e importante lo hecho en un plazo tan corto, pero no es suficiente. Las instituciones necesitan estar, en todo momento, atentas a las demandas de la sociedad y, por supuesto, en condiciones de afrontarlas.

68. Dentro de este proceso de constante perfeccionamiento en la construcción de nuestro edificio institucional se plantean hoy cuatro retos fundamentales que deben ser abordados con decisión, como parte de una nueva etapa de consolidación del modelo constitucional del Estado de las Autonomías.

Esos cuatro retos son:

1. La puesta en marcha del nuevo modelo de financiación territorial.
   
   
2. El fortalecimiento del principio de cooperación como base de un funcionamiento armónico de las Administraciones
   
   
3. El impulso de la segunda descentralización desde las Comunidades Autónomas en favor de los Entes Locales como piezas clave que son en la gestión de los servicios públicos y como cauces esenciales de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
   
   
4. Y, por último, la reforma administrativa que permita adecuar las Administraciones a las necesidades existentes.

69. Para el Partido Popular estos cuatro objetivos plantean dos elementos comunes. El primero, que todo proceso debe estar plenamente enmarcado en el modelo constitucional vigente, modelo que estimamos sigue reflejando el único punto de encuentro válido para la inmensa mayoría de los españoles. El segundo, pero no menos trascendente, que todos nuestros objetivos tienen como destinatario final a los ciudadanos quienes constituirán la razón de ser de cualquier intento de mejora institucional que se efectúe.

Debemos trabajar buscando un horizonte de estabilidad para nuestro modelo descentralizador. Es preciso superar en el ámbito político e institucional una tensión que, afortunadamente, no existe para una inmensa mayoría de los ciudadanos. Debemos, entre todos, pasar de la confrontación a la cooperación; ese es, al menos, nuestro compromiso político.

La financiación territorial

70. El Partido Popular concurrió a las últimas elecciones generales con un ambicioso programa en materia de financiación territorial. Nuestro compromiso iba mucho más allá de la renovación quinquenal de los modelos autonómico y local, que en todo caso correspondía realizar. En las pasadas elecciones asumimos la responsabilidad de aprobar un nuevo modelo de financiación territorial que, con vocación de estabilidad, se adecuase al cumplimiento de los principios de autonomía financiera, solidaridad y suficiencia. Y dijimos, además, que reforzaríamos la corresponsabilidad de todas las Administraciones en la obtención de los ingresos y en la gestión del gasto público.

Una vez determinado el nivel competencial común de todas las Comunidades, derivado de los Pactos autonómicos de 1992, era imprescindible definir con claridad las fuentes financieras que lo iban a hacer posible. El pasado mes de julio se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y todas las Comunidades Autónomas de régimen común junto con las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el primer modelo que puede con rigor recibir tal calificativo y el único que ha contado con el apoyo unánime de todas las partes interesadas.

71. Este nuevo modelo de financiación autonómica incrementa los recursos disponibles de todas las Comunidades, garantizando así su suficiencia financiera. Mejora su autonomía al hacer depender sus ingresos en mayor medida de recursos propios o participados, disminuyendo significativamente las trasferencias desde la Administración General del Estado. La práctica totalidad de las figuras tributarias que configuran nuestro sistema (impuesto sobre la renta, IVA, impuestos especiales) han pasado a ser compartidas con las Comunidades y en algunos casos, como los impuestos sobre el consumo de electricidad o de matriculación, han sido íntegramente cedidos.

El nuevo modelo de financiación sólo encuentra su sentido a partir del momento en el que los servicios públicos de sanidad y educación han sido completamente transferidos. Ahora, el sistema tributario se convierte en un fiel reflejo del grado de descentralización alcanzado en España en los últimos años. Los ciudadanos podrán así visualizar con mayor precisión el coste de las distintas Administraciones, y éstas pasarán a compartir los riesgos y los beneficios de la evolución futura de los ingresos públicos.

La solidaridad también se ha visto reforzada con el nuevo modelo. El sistema de distribución de ingresos es insuficiente para financiar aquellas regiones que por tener una renta relativa menor no generan recursos tributarios suficientes. El nuevo Fondo de suficiencia responde a esta necesidad y aporta a las Comunidades que lo necesitan la diferencia entre los ingresos que les corresponden y los niveles de gasto que les han sido asignados. Este fondo crecerá en el mismo porcentaje en que lo hagan los ingresos tributarios del Estado, con lo que su suficiencia futura queda también garantizada.

72. Autonomía financiera, solidaridad y suficiencia van acompañadas de mayor responsabilidad de todas las Administraciones para la obtención de los ingresos. La corresponsabilidad es consecuencia directa de la mayor transparencia en las fuentes de financiación, pero se ve directamente reforzada por una potestad normativa más amplia.

La capacidad creciente de las Comunidades Autónomas de poder modular los impuestos en su ámbito territorial no es solo una manifestación de autonomía financiera sino que, antes que eso, es un compromiso de que las futuras apelaciones a los ciudadanos de mayores impuestos serán políticamente afrontadas por aquellos responsables que tengan asignada la gestión del gasto correspondiente.

En el Partido Popular utilizaremos en todos los niveles de gobierno nuestro esfuerzo de austeridad y buena gestión de los recursos públicos para continuar rebajando los impuestos.

73. Con todo, lo más significativo del nuevo modelo de financiación autonómica es su vocación de permanencia. Por vez primera se abandona explícitamente la vigencia quinquenal de los modelos anteriores y se aprueba por tiempo indefinido. Sin duda, con el tiempo surgirá la necesidad de realizar ajustes, pero las bases financieras de nuestro Estado autonómico han quedado ya firmemente configuradas.

74. Por otro lado, el Partido Popular reitera su pleno respaldo al sistema foral tradicional de Concierto económico o Convenio propio de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya así como al Convenio del Estado con la Comunidad Foral de Navarra. Estos regímenes históricos se encuentran amparados y protegidos por la Disposición adicional primera de la Constitución española, en cuyo marco se actualizan con respeto a las normas que procuran una creciente integración europea en materia tributaria y financiera.

75. Con este nuevo esquema de financiación territorial todas las Comunidades Autónomas dispondrán de instrumentos similares para ofrecer un desarrollo económico competitivo que atraiga, ofreciendo seguridad, inversiones generadoras de empleo. Este esquema debe desenvolverse en un marco ético y de lealtad entre las Comunidades, y de estas con el proyecto común de España, y sujetarse con exactitud a las normas sobre armonización fiscal y defensa de la libre competencia emanadas de la Unión Europea.

76. Para que podamos completar nuestro empeño de articular un modelo de financiación territorial que sustente nuestro modelo descentralizador falta dar un último y esencial paso: modernizar y mejorar la financiación local. Con apenas doce años, los impuestos locales constituyen la parte más arcaica de nuestro sistema tributario. Los perniciosos efectos del IAE sobre la actividad económica y la creación de empleo han sido reiteradamente puestos de manifiesto; la excesiva dependencia de las arcas municipales de las operaciones patrimoniales han creado a medio plazo mayores problemas que los que trataban de resolver.

Es preciso, además, explorar la utilización de nuevas figuras tributarias que puedan compensar a las Corporaciones Locales por las importantes inversiones que realizan en materia de protección medioambiental, así como por la utilización que se hace del espacio común en el despliegue de las nuevas redes de telecomunicaciones. Por otro lado, deben potenciarse los mecanismos de intercambio de información entre las Administraciones al tiempo que se estrecha la colaboración en el ámbito recaudatorio para mejorar así el conjunto de la gestión tributaria.

77. Es necesario alcanzar en torno al nuevo modelo de financiación local un acuerdo tan amplio y ambicioso como el conseguido en el ámbito autonómico. Es imprescindible pactar un modelo estable de financiación que garantice la suficiencia financiera de las Haciendas Locales, incrementando su autonomía y corresponsabilidad fiscal. Y debemos hacerlo reforzando la solidaridad del modelo, también en este nivel.

No es un reto sencillo en tiempos de rigor presupuestario. Pero en el Partido Popular somos plenamente conscientes de que las Administraciones más próximas a los ciudadanos, aquellas que históricamente han sabido permanecer más atentas a sus demandas, deben recuperar el papel fundamental que les corresponde. Y, para ello, la solidez de sus fundamentos financieros constituye un elemento esencial.

El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación

78. La creación y funcionamiento de mecanismos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno es una necesidad en todos los Estados compuestos. No existe en España ámbito alguno de decisión donde quepa ejercer las competencias propias de forma independiente o aislada, sin tener en cuenta las competencias de otras Administraciones. En un sistema de distribución de poderes como el nuestro, donde gran parte de las competencias son concurrentes, compartidas, los innegables beneficios derivados de la descentralización política podrían verse empañados o comprometidos por un deficiente engranaje.

El diseño constitucional español exige el entendimiento y la cooperación entre las Administraciones. Pero si esto ha sido siempre cierto, cobra ahora toda su dimensión, cuando todas las Comunidades Autónomas han asumido grandes responsabilidades en la gestión de servicios públicos esenciales.

Para los integrantes del Partido Popular, el autogobierno es un instrumento eficaz para dar la mejor respuesta a las necesidades de todos los españoles, para acercar las Administraciones a los ciudadanos, para adaptar la acción pública a los requerimientos específicos en los distintas partes de España. Para ello, el pleno desarrollo del principio de lealtad institucional y constitucional es una exigencia irrenunciable.

El Partido Popular tiene una experiencia larga y provechosa como partido de gobierno en muchas Autonomías. Sabemos que la razón de ser de todo gobierno es servir eficazmente a los ciudadanos. Y éstos, cuando perciben que existe un problema, no quieren ver a sus gobernantes - sean éstos de la Administración que sean- discutiendo sobre sus respectivas competencias. Quieren soluciones comunes, basadas en el sentido común. Es esta convicción la que nos anima a trabajar ahora a favor de una mayor cooperación.

79. Hemos superado ya la primera fase en la construcción del Estado de las Autonomías, con la creación y puesta en marcha de las Comunidades Autónomas, la configuración básica de la distribución competencial y su financiación. Ahora tenemos que abordar una nueva fase, centrada en la creación de nuevos mecanismos y técnicas de cooperación, por un lado, y en el perfeccionamiento de los ya existentes, por otro, para que todos los poderes públicos orienten su actuación a la búsqueda de la eficacia y a la mejor atención a los derechos básicos de todos los españoles.

Una vez concluidos los grandes procesos de traspasos y aprobado el nuevo sistema de financiación autonómica, se ha culminado la fase de configuración y asentamiento del modelo autonómico. Ahora es el momento de definir con mayor precisión los cauces de cooperación para garantizar así el normal funcionamiento de nuestro modelo de descentralización.

80. El nuestro es un modelo flexible, cuya capacidad de adaptación apreciamos en toda su extensión; no buscamos definiciones rígidas ni queremos fosilizar la realidad.

Tras más de veinte años de trabajo en común ha quedado bien definido el esquema de distribución de responsabilidades entre el Estado, las Comunidades y las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Es necesario ahora comenzar una etapa que centre los esfuerzos en el desarrollo de la cooperación entre el Gobierno de la Nación y Autonomías. Nuestro objetivo debe ser buscar la mejor articulación de los distintos niveles de responsabilidad política para así mejorar la actuación pública.

81. En esta nueva fase, queremos potenciar el papel del Senado como símbolo de la cohesión nacional, como garante de la diversidad dentro de la unidad y como elemento esencial de integración.

Para nosotros, el Senado, como Cámara de representación territorial, ha de constituir el foro para la cohesión, donde se produzca un diálogo franco que permita confrontar con lealtad intereses territoriales, en ocasiones inevitablemente contrapuestos, para buscar con transparencia el interés común.

82. Cualquier replanteamiento de la configuración o de las funciones del Senado debe ir acompañado de una propuesta clara sobre sus objetivos. Quienes plantean mutaciones constitucionales en torno a modelos históricamente fracasados en España, y por ello descartados en la Transición, deben saber que no nos encontrarán en ese camino.

No nos resulta aceptable que se pretenda utilizar la reforma del Senado como un instrumento federalizador del modelo constitucional. Eso sería tanto como introducir de manera indirecta y parcial un elemento extraño y discordante con el esquema constitucional de organización territorial, cabalmente adecuado a nuestras necesidades históricas y políticas que nos llevaron, hace 23 años, a descartar los esquemas federales para España.

La experiencia comparada demuestra que el modelo español de Estado de las Autonomías constituye, a pesar de su singularidad, un referente para muchos Estados que quieren avanzar por la misma senda: integración en unidades supranacionales, distribución de poder dentro del principio de subsidiariedad y redefinición del papel fundamental que corresponde al Estado nacional en una sociedad moderna y compleja.

83. Para mejorar el papel del Senado, resulta conveniente la presencia habitual de los representantes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y, sobre todo, tratar los grandes temas que son centrales en la vertebración territorial. Hay que consolidar una práctica que haga del Senado la sede parlamentaria donde se debatan todos aquellos temas de interés común de las distintas Administraciones. Para hacerlo posible es preciso, también, mantener y potenciar la presencia de los representantes locales, tanto en su papel de Senadores como desarrollando todo el potencial de la nueva Comisión de Entes Locales, constituida al comienzo de esta Legislatura.

Desde la lealtad y fidelidad al modelo constitucional, debemos impulsar una reforma orientada a potenciar el carácter de Cámara de representación territorial del Senado y precisar alguna de sus funciones, especialmente las relativas a la articulación de los grandes planes territoriales, a la definición del interés general para legitimar la actuación territorial del Estado y fijar su papel en el perfeccionamiento del sistema de financiación autonómico, entre otras.

84. El objetivo de cooperación que formulamos para esta nueva etapa demanda una regulación completa y sistemática de los mecanismos de cooperación ya existentes. Y requiere, asimismo, crear nuevos cauces de colaboración en aquellas áreas donde las necesidades lo demanden.

En este sentido nos proponemos buscar nuevos ámbitos de encuentro partiendo del principio constitucional de que las competencias no son compartimentos estancos, existiendo siempre puntos de conexión, y siendo por ello imprescindible la articulación ente los distintos niveles. Resulta evidente para nosotros que las conferencias sectoriales, órganos esenciales para la cooperación, deben experimentar algunas mejoras en su funcionamiento y reforzar su carácter institucional. Proponemos hacer explícita una mejor definición del principio de cooperación, una definición que debe estar basada en el acuerdo y en la lealtad institucional y constitucional.

85. Por otra parte, de la misma naturaleza del Estado de las Autonomías, al reconocer determinados hechos diferenciales, se deriva una invitación a utilizar cauces bilaterales de cooperación que, a nuestro juicio, han de ser empleados siempre que existan circunstancias singulares que los hagan aconsejables.

86. Consideramos muy importante explorar mecanismos de cooperación normativa tendentes a minorar las impugnaciones de normas legales, tal y como ha venido solicitando reiteradamente el Tribunal Constitucional. La reforma aprobada en la legislatura pasada que abrió paso a una etapa de colaboración previa a la interposición de recursos está dando sus frutos, pero consideramos conveniente ir más allá. La búsqueda de una mayor seguridad jurídica Ð reiteradamente amenazada, por ejemplo, por la aprobación por parte de algunas Comunidades de normas tributarias manifiestamente controvertidas - y la confianza recíproca entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas deben presidir las relaciones interinstitucionales.

87. Además, hasta ahora, carecemos de un foro generalista para la evaluación periódica y conjunta de los mecanismos de cooperación. La creación de una Conferencia General de Cooperación Autonómica, en la cual se examinara regularmente la marcha de la cooperación, valorándose el funcionamiento de las distintas conferencias y orientando su actuación futura podría ser una opción, si cuenta con un respaldo suficientemente amplio entre las Comunidades.

88. Por último, es imprescindible avanzar en lo que hoy constituye una de las grandes áreas donde se multiplican responsabilidades compartidas: los asuntos relacionados con la Unión Europea. Dando por sentada la exclusividad de la competencia del Gobierno de la Nación en las relaciones internacionales y para la representación exterior del conjunto del Estado, es evidente que algunas de las materias propias del ámbito europeo afectan a responsabilidades que, en mayor o menor medida, nuestro ordenamiento interno ha atribuido a las Comunidades.

En este sentido debe avanzarse en la articulación, a través de los órganos permanentes de representación ante la Unión Europea, de mecanismos que aseguren los adecuados niveles de información de las Comunidades Autónomas en los niveles que les afectan y, especialmente, en la articulación de órganos internos de cooperación, coordinación e información que permitan a los representantes permanentes la mejor defensa de los intereses generales.

El Partido Popular considera preciso potenciar los órganos que, como el Comité de las Regiones, acercan a nuestras Comunidades y Corporaciones Locales a los procesos de decisión europeos. Pero lo más importante y urgente es mejorar los cauces internos de participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos. También en este campo la cooperación debe verse reforzada. Por ello debemos asumir el compromiso de trab