El IX Congreso del PP del País Vasco tiene lugar en un momento de indudable trascendencia histórica. Tras un año sin atentados de ETA, la sociedad vasca afronta el fin de siglo desde la esperanza y con una inequívoca voluntad de convivencia democrática. El proceso de paz debe lograr que la expresión de las urnas prevalezca frente a cualesquiera formas de violencia o imposición.
También el PP como organización política vive una circunstancia singular. Por primera vez, el creciente apoyo electoral le ha confiado importantes cuotas de poder municipal y foral, materializando como partido de gobierno la alternancia política en Vitoria y en Álava; y tiene la responsabilidad -como primera fuerza de la oposición en el Parlamento Vasco- de articular la alternativa política al nacionalismo gobernante.
 La sociedad vasca afronta el fin de siglo desde la esperanza y
con una inequívoca voluntad de convivencia democrática.
Casi veinticinco años después del inicio de la Transición democrática en España, el País Vasco vive todavía circunstancias que hacen patente la persistencia de un déficit democrático, verdadero lastre de nuestra vida política, económica y social. Nuestra reflexión, pues, debe contribuir a la superación de ese déficit mediante la normalización de la vida política y la convivencia en el País Vasco, en términos equiparables a los de toda sociedad democrática.
 
Desde una óptica nacionalista, tal déficit se percibe como falta de soberanía; y su superación se concibe tan solo en términos de construcción nacional vasca. Todas las fuerzas nacionalistas participan de esta visión, conforme a la cual la plenitud democrática en el País Vasco vendría determinada por la constitución de una entidad política soberana e independiente.
La "botella" de competencias permanentemente medio vacía, el sempiterno memorial de agravios -seña de identidad nacionalista- o la reiterada demanda del derecho de autodeterminación constituyen otros tantos aspectos de la misma cuestión.
El Pacto de Estella no supuso sino la última formulación de este viejo concepto, bajo el impulso de la unidad de acción del frente nacionalista. El comunicado de alto el fuego de ETA -verdadero programa de los firmantes de Estella- condicionó el fin de la violencia al compromiso de las fuerzas nacionalistas en la consecución de la soberanía y la territorialidad, reservándose la organización terrorista la tutela del proceso. Es decir, la paz al servicio de la construcción nacional.
 El pacto de Estella ha fracasado. La sociedad vasca ha rechazado por dos veces
en las urnas -en Octubre de 1998 y en Junio de 1999- la paz a cambio de más nacionalismo.
Un año después el pacto de Estella ha fracasado. La sociedad vasca ha rechazado por dos veces en las urnas -en Octubre de 1998 y en Junio de 1999- la paz a cambio de más nacionalismo. Y tras doce años de retroceso continuado, el conjunto de los partidos nacionalistas ha obtenido el menor respaldo electoral y las menores cuotas de presencia institucional de su historia.
 
Dentro de pocos días se cumplen veinte años de la aprobación del Estatuto de Gernika. En el tiempo transcurrido, la Comunidad Autónoma Vasca ha asentado modos y prácticas democráticas, ha consolidado sus instituciones y ha accedido al régimen de autogobierno más amplio de cuantos existen en el mundo; hoy los vascos adoptamos la mayor parte de las decisiones que afectan a nuestras vidas.
En estas dos décadas, el marco jurídico vigente -que por nadie nos fue impuesto- ha generado satisfacción política en el País Vasco. Los vascos que aprobamos la Constitución del 78 fuimos más del doble que los que la rechazaron; y el Estatuto de Gernika fue refrendado por más de la mitad del censo electoral; ambos textos cuentan en la actualidad, según todas las encuestas, con mayores apoyos entre la ciudadanía vasca que los que concitaron hace veinte años.
La voluntad de normalización política y la reacción social frente al terrorismo tuvieron traducción política, tras salvar no pocas diferencias, en la firma del Pacto de Ajuria-Enea. En adelante, las fuerzas democráticas vascas emplearon un único lenguaje de exigencia democrática frente a ETA; y el alcance social y político de aquel acuerdo perduró, pese a los avatares que cuartearon el pacto años después.
En julio de 1997, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, Ermua fue el catalizador de la demanda del fin del terrorismo, formulada por todo un pueblo, que reaccionó frente a la barbarie y tomó las calles -en Euskadi y en toda España- exigiendo de modo ineludible la paz.
A lo largo del año siguiente, ETA trató de demostrar su fortaleza frente a la sociedad democrática, multiplicando sus atentados, sustituyendo una vez tras otra comandos desarticulados, y emprendiendo una verdadera campaña de asesinatos contra militantes y cargos electos del Partido Popular, tanto en el País Vasco como en otros lugares de España (Andalucía, Navarra...); a quienes así les fue arrebatada la vida, por su defensa de la convivencia y de la libertad, rendimos público homenaje en este IX Congreso.
La actuación del estado de derecho -Tribunales, Fuerzas de Seguridad, colaboración internacional- y la firmeza de la sociedad vasca -protestas, concentraciones ciudadanas, medios de comunicación, el fermento de foros intelectuales- llevaron al cese "indefinido" de la actuación de ETA.
La ciudadanía vasca, un año después del alto el fuego, ha asumido con naturalidad la paz, se ha instalado en ella; ha comprendido que la paz siempre ha estado ahí, que sólo nos separaba de ella la actuación de ETA. Nuestra sociedad, que ha expresado en términos tan reiterados como inequívocos su voluntad de normalización y de convivencia, concibe y exige la paz -y sólo la paz- como derecho inalienable de toda sociedad democrática. Es decir, la paz y sólo la paz. Paz por paz.
 
Desde una óptica ayuna de apriorismos nacionalistas, el déficit democrático vasco se percibe como falta de libertad; es decir, el déficit consiste en la limitación o conculcación de la libertad. Y su superación se concibe en términos de ejercicio pleno por todos los ciudadanos de los derechos y libertades democráticas.
El déficit democrático vasco se percibe como falta de libertad. Y su superación se concibe en términos de ejercicio pleno por todos los ciudadanos de los derechos y libertades democráticas.
A quince meses del siglo XXI, se siguen dando hechos y actitudes que revelan la persistencia entre nosotros de una voluntad de imposición antidemocrática. El terrorismo callejero y otras formas de violencia, siempre organizadas, han tomado -por mandato expreso- el relevo de ETA.
Se trataba -y se trata- de impedir la normalización política; trataron, pues, de influir en el desarrollo de las elecciones autonómicas y, sobre todo, de dificultar la libre concurrencia -la presentación de listas- en las municipales. Y mantienen hoy la presión sobre las personas o grupos que no comparten los objetivos del frente de Estella, reiterada -tras el repliegue de los días de campaña- en cuanto finalizaron los comicios.
El transcurso del tiempo ha permitido comprobar el carácter táctico de la "tregua" indefinida declarada por la organización terrorista, convertida en un elemento más de la "guerra interminable". Acorde con su concepción de la política como "la guerra por otros medios", ETA ha pretendido abrir un proceso "soberanista" -no un proceso de paz-, que le permita imponer sus objetivos al conjunto de la sociedad como precio político del fin de la violencia.
No hay voluntad democrática en HB; no hay denuncia, ni renuncia a la violencia. No hay voluntad democrática en ETA; no hay reconocimiento del daño causado, ni de la ilegitimidad -ética y política- de su actuación; no hay arrepentimiento ni petición de perdón a las víctimas. No hay atisbo de respeto a la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía vasca.
Por no haber no hay -véanse los comunicados desde el alto el fuego- ni preocupación por los terroristas presos, verdaderos rehenes políticos de la banda, ni resquicio para el respeto de sus derechos -acogimiento a beneficios penitenciarios, libre designación de abogado, posibilidad de retorno de los huídos fuera de España...-, permanentemente conculcados desde el entorno radical.
El carácter definitivo de la "tregua". Ese será el paso que autentifique,
que facilite la apertura de un verdadero proceso de paz, sin precio político.
ETA no es -no quiere ser- el pasado, se resiste a desaparecer. Pero cada día que pasa nos acerca al momento en que ETA, reconociendo y respetando la voluntad de la sociedad vasca -o al menos coincidiendo con ella- anuncie el carácter definitivo de la "tregua". Ese será el paso que autentifique, que facilite la apertura de un verdadero proceso de paz, sin precio político, al cabo del cual el pleno ejercicio de los derechos y de las libertades democráticas sea posible para todos los vascos.
 
En toda Europa, durante los últimos años, las urnas han venido confiando la responsabilidad de gobierno a fuerzas políticas que, desde diferentes aproximaciones y opciones ideológicas, desarrollan políticas centristas.
En el País Vasco, por el contrario, el PNV -primera fuerza electoral- ha abandonado el centro político. En el inicio de la Transición, la rebaja de sus perfiles nacionalistas -y en particular la apuesta por el Estatuto- permitió al PNV, en su condición de minoría mayoritaria, sintonizar con aspiraciones compartidas por buena parte de la sociedad vasca. El PNV fue mayoritario por centrista, no por nacionalista.
Hoy, tras la firma del Pacto de Estella, el PNV se ha radicalizado, dando un brusco quiebro a su propia trayectoria y acentuando sus señas de identidad nacionalistas. En consecuencia, sus dirigentes han primado el pacto entre nacionalistas -demócratas o no- frente al acuerdo entre demócratas -nacionalistas o no-.
Del mismo modo, cual demócratas a tiempo parcial, han preferido soslayar la persistencia de diferentes expresiones de violencia -con conocidos apoyos políticos-, antes que mantener los niveles de exigencia democrática frente a quienes la instigan, practican o respaldan. Y han descartado como agotada la vía estatutaria -que conducía ineludiblemente a la normalización y la alternancia política-, para asumir como propio el programa histórico de HB y la utopía "soberanista".
Estella -Lizarra- ha unificado la voz de las diferentes formaciones nacionalistas, soterrando su pluralismo. El secuestro del PNV le impide -e impide a la cámara, como primera institución del País- condenar la violencia en el Parlamento Vasco; o le lleva a respaldar asambleas de electos que aspiran a socavar y a suplantar la legitimidad de las instituciones vascas.
Paralelamente, el Gobierno Vasco, que inició la etapa Ibarretxe con manifiesto bajo perfil político, se ha ido diluyendo en la inoperancia; el pacto con EH, que supone la mayoría aritmética, no ha aportado estabilidad ni impronta política al ejecutivo, empeñado en laberínticos juegos de equidistancia semántica entre el mundo radical y el Gobierno central.
Así las cosas, en Junio de 1999, el PNV ha obtenido en las urnas los peores resultados desde 1987 y ha visto cómo la redistribución -a su costa- del menguante y cada vez menos leal electorado nacionalista favorecía a una HB, políticamente relegitimada, y reforzada en su papel de referente nacionalista, tras marcar durante un año la pauta del Pacto de Estella.
No sin sorpresa, el PNV ha comprobado que es posible, mediante la alianza con EA, restar sumando; y que la unión -con HB- no hace la fuerza cuando se trata de poner al frente de las instituciones a quienes no condenan la violencia.
En Junio de 1999, el PNV ha obtenido en las urnas los peores resultados desde 1987
y ha visto cómo la redistribución -a su costa- del menguante y cada vez menos leal
electorado nacionalista favorecía a una HB, políticamente relegitimada.
Del mismo modo, el abandono de pactos con el Gobierno del Partido Popular o la rocambolesca salida del Grupo Popular Europeo han supuesto un grado de marginalidad política para el PNV -de la que no saldrá con Josu Ortuondo planteando en la Eurocámara las "diferencias biológicas" de los vascos.
Como es evidente, sin embargo, los ciudadanos no han secundado el proceso de radicalización del PNV; las consecuencias de su pérdida de credibilidad se han manifestado en forma de retroceso electoral, gobiernos en minoría -que pudieran reproducir el esquema del Gobierno Vasco- y el paso a la oposición en importantes instituciones.

 

Buena parte de quienes se han resistido a la radicalización política del frente nacionalista han reforzado, en las recientes convocatorias electorales, los resultados del Partido Popular. El PP del País Vasco encabeza hoy el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava; aspira a co-gobernar en otros importantes municipios a medida que se concreten los diferentes pactos; y lidera la oposición en Bilbao, en las Juntas Generales de Vizcaya y en el Parlamento Vasco. Se demuestra así la necesidad, la demanda de un referente centrista en la política vasca.
Consolidado, pues, nuestro espacio electoral como segunda fuerza política de Euskadi, tenemos la responsabilidad de impulsar un proyecto político de centro, capaz de ensanchar ese espacio y de vertebrar en torno a él la alternativa de gobierno en la Comunidad Autónoma. Y debemos identificar los rasgos que definan ese proyecto, como respuesta concreta a la situación que vive la sociedad vasca, en un momento clave para la normalización política y el proceso de paz.


A) En primer lugar, el proyecto centrista del PP del País Vasco debe estar abierto al conjunto de la sociedad. La realidad social y política de Euskadi -tan heterogénea y dinámica- será, por descontado, el punto de partida de nuestro proyecto. No se puede aspirar a influir sobre esa realidad si la acción política está orientada por un proyecto concebido al margen de la misma. La sociedad vasca ha mostrado con terquedad su resistencia a respaldar formulaciones políticas que tratan de ignorar su complejidad.
No concebimos el centro como equidistancia -entre izquierda y derecha, entre nacionalistas y autonomistas, entre quienes practican y quienes padecen la violencia-, ni como ambigüedad -gobernar las instituciones que se impugnan desde Estella, salir de España para entrar en Europa-, ni como pragmatismo a ultranza, carente de ambición ética.
Sí se define un proyecto de centro por la permanente disposición a comprender la realidad, y por la voluntad de acercarse a todos sus aspectos con una mentalidad abierta, desde una perspectiva liberal y humanista. A diferencia de quienes, desde planteamientos nacionalistas, pretenden ahormar la sociedad vasca para ajustarla a rígidos moldes ideológicos, quienes encontramos en la persona el fundamento de la democracia concebimos la apertura a la realidad como apertura a las personas, a su entera realidad como integrantes de una sociedad.
Partiendo de una afirmación básica de tolerancia, sólo esa aproximación a los individuos -con independencia de sus convicciones- nos permitirá comprender las claves de nuestra convivencia.


B) En segundo lugar, el PP del País Vasco propugna la búsqueda del acuerdo como método de acción política. Con demasiada frecuencia, la obsesión por diferenciarse, la confrontación, la insistencia en lo propio y no en lo compartido, ocupa el centro del debate político.
La afirmación de la discrepancia constituye, entre nosotros, un elemento indisociable de la vida política. Por ejemplo, reducido el pacto de Estella a una carrera de fondo entre nacionalistas, hemos visto a los diferentes partidos integrantes del mismo afinar sus estrategias y planteamientos para marcar perfil propio en ese foro -firmando, eso sí, idéntico documento-.
Por el contrario, el PP del País Vasco afirma la necesidad de identificar extensas áreas de intersección entre los diferentes proyectos que aspiran a orientar nuestro futuro, amplios espacios que propicien el acuerdo entre vascos, superando la bipolarización. No debemos olvidar que, por fortuna, la confrontación política no se vive del mismo modo en el día a día y no se ha trasladado a las relaciones sociales.
Desde un planteamiento democrático, formulaciones cerradas o exigencias de adhesión -conmigo o contra mí- carecen de sentido. Para un proyecto centrista lo esencial son las personas. Será el encuentro entre las personas -sin que ello signifique compartir necesariamente las ideas o convicciones del otro- el que haga posible el acuerdo.
En democracia, el acuerdo -para ser tal- debe ser alcanzado desde la libertad; la libertad es la condición de la participación; porque en ausencia de libertad, sólo cabe el sometimiento. De ahí la importancia de garantizar la libertad personal -la libertad de conciencia-, como estímulo de la participación política.
Liberar la libertad, garantizar por igual el ejercicio de los derechos y libertades de todos los vascos, lograr el respeto de los derechos humanos, es una tarea inaplazable de nuestra sociedad para profundizar y extender la democracia en el País Vasco.
La búsqueda del acuerdo requiere que en la vida democrática el debate permanente de la discrepancia sea sustituido por el diálogo. La disposición al diálogo, la apertura a planteamientos diferentes, ha de ser la actitud característica de un proyecto de centro.
En el País Vasco es frecuente que se reclame, desde una concreta posición política, un diálogo "sin límites y sin condiciones". Ahora bien, el reconocimiento de la realidad social y política vasca, la defensa de los derechos y libertades individuales de todos los vascos, la exigencia de que el diálogo concluya en acuerdo -y no en sometimiento de una de las partes- y la necesidad de que sus conclusiones respeten las reglas del proceso democrático, representan otros tantos elementos que limitan y condicionan el desarrollo del diálogo.
Formulaciones simplistas aparte, resulta imposible prescindir de tales elementos, sin situar el diálogo al margen de las exigencias democráticas de la sociedad vasca. Quienes reclaman un diálogo sin límites y sin condiciones, postulan un diálogo sin garantías democráticas, del que difícilmente pueden derivarse acuerdos que hagan posible la paz y el pleno ejercicio de las libertades para todos los vascos.


C) Abierto al conjunto de la sociedad y comprometido en la búsqueda del acuerdo, el proyecto centrista del PP del País Vasco debe ser solidario. Una solidaridad referida, en primera instancia, a los hombres y mujeres libres; porque, como hemos dicho antes, en las personas -y no en las libertades formales- encuentra su fundamento la democracia.
La libertad se gana todos los días -se perfecciona en su ejercicio-, la participación supone múltiples opciones en libertad; la acción política debe ser garante solidario de tales objetivos democráticos en el País Vasco.
Un proyecto solidario, también, con las aspiraciones de la sociedad vasca; es decir, un proyecto centrado en el bien social -no sólo en el interés de una mayoría-, y que sea capaz de aglutinar voluntades al servicio del interés general. La acción política debe volver a estar en el País Vasco al servicio de las personas, y no de la perpetuación de un concreto equilibrio o reparto de influencia partidista.
A diferencia, pues, de la práctica nacionalista de ocupación y control de la sociedad desde el poder, un proyecto de centro concibe el papel de las fuerzas políticas y, sobre todo, el ejercicio del poder al servicio de los fines que la propia sociedad, los propios ciudadanos, postulen en cada momento; facilitando su realización, pero sin mediatizarla.
Una acción de gobierno -o de oposición- solidariamente comprometida al servicio del interés general supone la aceptación previa del pluralismo -social y político- vasco; no sólo su constatación empírica o el resignado reconocimiento de su existencia.
Es frecuente, en el discurso político nacionalista, la apelación a la pluralidad a modo de comodín, que permite luego justificar políticas que toman en cuenta sólo a una parte de la sociedad. Desde una perspectiva centrista, en cambio, la aceptación del pluralismo -manifestación del ejercicio de la libertad y de la participación- es el punto de partida de cualquier política que tome en cuenta al conjunto de la sociedad vasca.
Tal aceptación solidaria del pluralismo lleva implícita la apuesta -irrenunciable para el PP en cuanto referente centrista- por la convivencia democrática en nuestra sociedad. Convivencia que nos demanda superar los viejos debates identitarios del nacionalismo y abolir los controles de legitimidad, desde la aceptación y el respeto -en pie de igualdad- de las opciones de otros; nos exige la renuncia al exclusivismo y la admisión de señas de identidad y sentimientos de pertenencia compartidos, sin los cuales no se comprende igual a los vascos y al País Vasco; y nos abre cauces, individuales o colectivos, para la cooperación y la participación en proyectos -España, Europa- que no se comprenden igual sin el País Vasco y los vascos.

 
Hemos asumido la apertura al conjunto de la sociedad, la búsqueda del acuerdo en la acción política y su carácter solidario como rasgos que definen nuestro proyecto de centro. Pero un proyecto político se concreta en el impulso y desarrollo de diferentes políticas.
La política vasca, encerrada en el debate de la discrepancia, presta poca atención a las políticas concretas. Con frecuencia, la obsesión de los partidos nacionalistas por cuestionar el marco jurídico-político o la imposibilidad de que el Parlamento Vasco llegue a acuerdos en temas básicos, genera interminables polémicas, que pocas veces suscitan el interés de los ciudadanos. Por el contrario, los diferentes gobiernos ejecutan políticas que rara vez son objeto de debate, control o evaluación, pero que afectan de modo directo a la población en el día a día.
Una política de centro se caracteriza por la convicción en los planteamientos,
la moderación en las formas y la actitud tolerante.
Veinte años de gobiernos nacionalistas son tiempo más que suficiente, sin embargo, para plantear balance en torno a múltiples actuaciones, sus directrices políticas y su relación con las aspiraciones y demandas del conjunto de la sociedad vasca.
Debatir políticas es, a nuestro entender, la tarea fundamental de unas instituciones normalizadas; no el permanente tejer y destejer en torno al marco -las reglas de juego- de la convivencia. Debatir políticas será, pues, un síntoma de creciente normalidad en el País Vasco. Por ello, debemos propiciar el debate y revisión de las políticas aplicadas por nuestras instituciones, formulando alternativas que contemplen el interés general.
Una ponencia política no es el lugar adecuado, claro está, para enunciar planteamientos sectoriales. Pero sí debe contener las líneas que permitan definir políticas en los diferentes ámbitos de actuación institucional, inspirando e informando la labor de gobierno o de oposición del Partido Popular como proyecto de centro.
Una política de centro se caracteriza por la convicción en los planteamientos, la moderación en las formas y la actitud tolerante. Está lejos, por tanto, de la radicalización y de las formulaciones doctrinarias al uso en el mundo nacionalista. Se impone un nuevo talante, respetuoso con la autonomía de cada actor político o social -no reducidos a meros ecos partidistas- y consciente de la necesidad de su participación -desde la convicción- en una acción política que no ahogue la vida social vasca.
Somos conscientes del carácter contingente de la historia y del indiscutible carácter abierto del proceso social y político vasco. Ninguna política centrista pretende un conocimiento completo de la realidad, ni resolver de modo definitivo los problemas.; pero, partiendo del reconocimiento de tales limitaciones y del carácter perfectible de las organizaciones humanas, concebimos su evolución como un proceso permanente de reforma, de mejora, capaz de incorporar iniciativas nacidas del propio dinamismo social.
Los objetivos democráticos que Constitución y Estatuto postulan, comprendidos los ideales y convicciones éticas que los inspiran, son ampliamente compartidos por nuestros conciudadanos.
Postulamos, pues, políticas reformistas, basadas en la aceptación de la realidad vasca, frente a los resortes de sometimiento del cuerpo social que caracterizan la acción política del nacionalismo vasco.
Una política abierta a la realidad ha de ser, necesariamente, realista. En la sociedad vasca, compleja y sujeta a cambios, el realismo político exige recordar que la Constitución Española y el Estatuto de Gernika -incluida su posible reforma y el procedimiento para ello- forman parte importante, por decisión de los vascos, de esa realidad; su marco de convivencia, con cuyo pleno y leal desarrollo el PP del País Vasco -y el Gobierno de José Mª. Aznar- han acreditado su compromiso.
Los objetivos democráticos que Constitución y Estatuto postulan -comprendidos los ideales y convicciones éticas que los inspiran- son ampliamente compartidos por nuestros conciudadanos, y constituyen la referencia de carácter universal de nuestro proyecto a la hora de dar respuesta a la cambiante situación real del País Vasco.
Defendemos, pues, políticas capaces de adaptarse, de adecuar ritmos o comportamientos, de priorizar actuaciones sin perder la referencia de principios firmes y convicciones sólidas, que actúan como directrices para la acción concreta; es decir, políticas capaces, en cada momento, de aúnar voluntades, de lograr apoyos, que permitan traducir en realidades tales principios y convicciones sin desnaturalizarlos.
Pero realismo no es oportunismo. Las políticas impulsadas por el PP del País Vasco representan una alternativa a la concepción dogmática de la configuración social vasca que mantiene el nacionalismo. Y contrastan con su práctica oportunista de sumar escaños a diestro y siniestro, en ejercicio camaleónico de la política, confundiendo -en beneficio propio- la evolución o las demandas sociales con el mantenimiento del PNV en el poder.
En el País Vasco, una acción política basada en el realismo político constituye la antítesis de la utopía virtual de Estella, el sueño irreal de la Euskal-Herria ucrónica, fuera del tiempo y del espacio, ajena a la historia y a la voluntad de nuestro pueblo, como visión cerrada sobre sí misma, destinada a silenciar toda espontaneidad.
Por el contrario, desde un planteamiento intelectual más afín a convicciones democráticas, es posible apostar por valores que deben volver a ser comunes, también en una sociedad plural, superando frentes y exclusiones.
Así, pues, en contraste con la óptica nacionalista, que cierra dogmáticamente la realidad y la simplifica -vascos sólo vascos, los de aquí y los de allá, vascos de primera y vascos de segunda- una política de centro debe abrir también el pensamiento político a la compleja realidad. Traducir en políticas sectoriales la voluntad de acuerdo que caracteriza nuestro proyecto requiere el diálogo abierto al entendimiento; porque, como vascos, tenemos la convicción de que abrir campo al entendimiento es abrir campo a la libertad.
El acuerdo, el entendimiento entre las personas debe propiciar la captación y comprensión de ideas; debe facilitar su desarrollo mediante políticas que contemplen al conjunto de la sociedad; y debe, en cada momento, permitir la modificación de criterios -siempre discutibles- para adecuarlos a los principios y a la realización del interés general.
Dando por supuesta su sujeción a referencias éticas y democráticas- garantía frente al oportunismo o el pragmatismo-, la permanente adaptación de las políticas sectoriales que propugnamos, requiere también la continua evaluación de sus resultados, y su rigurosa revisión en términos de eficiencia; es decir, en cuanto desarrollo del proyecto político que las inspira.
 
Desde esta perspectiva, los vascos tenemos pendiente -y el PP del País Vasco se compromete a estimular- la reconsideración de múltiples políticas y de sus criterios de aplicación, tras dos décadas de gestión nacionalista.
Conviene, por ejemplo, debatir intensamente sobre el Concierto Económico. Hoy que su desarrollo está prácticamente culminado, su futuro se enfrenta a múltiples incertidumbres. Cuando se ha completado -con el impulso y el compromiso del Gobierno popular- una actualización de nuestro régimen fiscal que ha ampliado notablemente la capacidad normativa de las entidades forales, su gestión está siendo percibida con creciente suspicacia desde instancias fiscalizadoras europeas.
La causa debemos buscarla, probablemente, en su aplicación a menudo irresponsable, dominada por una política de hechos consumados y distante de los procesos de acuerdo que se viven en Europa; pero también en la promoción de paraísos fiscales desde Manhattan, o en la venta Europa adelante de la "soberanía" fiscal vasca, estrella comunitaria incluida.
Los vascos tenemos pendiente la reconsideración de múltiples políticas y de sus criterios de aplicación, tras dos décadas de gestión nacionalista.

Es hora de gestionar en serio la política fiscal. En el 2001 se debe renovar el Concierto; debemos ser capaces de hacer comprender su carácter de institución solidaria y de autogobierno; hay que poner fin a la incomunicación entre administraciones -el PP, en Álava, ya ha dado ejemplo-, que tantos riesgos ha generado para el sistema y, sobre todo, tanta inseguridad jurídica ha creado para empresas y ciudadanos. Y hay que primar, en la aplicación del Concierto, el interés general; revisando sin tardanza, por ejemplo, una regulación del Impuesto sobre la Renta injusta, que penaliza a los contribuyentes vascos respecto al resto de España, y que les impide disfrutar en su economía doméstica de los efectos de la mejora económica general.

Igualmente intenso ha de ser el debate sobre la vertebración interna -el desarrollo "ad intra"- de nuestra Comunidad Autónoma. Disparidades entre competencias y capacidad financiera, necesidad de transferir a los ayuntamientos diferentes materias, dispersión y descoordinación en lo referente a la ordenación territorial, son cuestiones que requieren acuerdos y soluciones. Dejarlo estar sólo ha servido para agravar la situación y dificultar -cuando no impedir- el desarrollo de políticas ambientales, de vivienda, de desarrollo de infraestructuras, de bienestar social, etc...

En el 2001 se debe renovar el Concierto; debemos ser capaces de hacer comprender su carácter de institución solidaria y de autogobierno.
Es importante reforzar el papel de los ayuntamientos vascos, mediante la transferencia de recursos y competencias, completando así el proceso de descentralización política que caracteriza el vigente modelo constitucional y estatutario.
Los ayuntamientos son las instituciones más próximas al ciudadano, las más accesibles, las más identificadas con sus demandas y, también, las que ofrecen mayor posibilidad de control sobre los administradores públicos. Si hasta ahora no se ha producido su necesaria potenciación ha sido por la voluntad de férreo control de las instituciones forales y autonómicas.
Los ayuntamientos, reflejo de la voluntad plural de nuestra sociedad, tienen también la posibilidad de jugar un importante papel en la presente situación política, propiciando la convivencia, el diálogo y acuerdo entre partidos, la toma de decisiones en beneficio de los ciudadanos, por encima de las sensibilidades y planteamientos de cada uno.
El PP del País Vasco considera necesaria la revisión de la financiación municipal y, en particular, la de las tres capitales del País Vasco; las respectivas Diputaciones Forales deben contemplar en la financiación los servicios que asumen las tres ciudades como consecuencia de su capitalidad. Y los municipios deben participar en la toma de decisiones del Consejo Vasco de Finanzas.
Del mismo modo, los ayuntamientos vascos deberían disponer de las competencias -y recursos- de Cultura y Bienestar Social, ampliando además las de Empleo, Vivienda y Medio Ambiente. Las Diputaciones Forales deben tener un papel más activo en municipios que, por su dimensión, carecen de una administración capaz de hacer frente a tales responsabilidades; y su papel coordinador debería estar menos mediatizado por criterios partidistas.
Una política educativa seria no puede aplazar más una evaluación rigurosa de los modelos lingüísticos; y, en concreto, de sus consecuencias en la calidad de formación.

Es importante afrontar la modernización de los ayuntamientos vascos, mejorando la coordinación, reduciendo burocracia, reforzando la autonomía de los funcionarios respecto a los políticos, acabando con la utilización meramente formal del presupuesto y atajando la deficiente gestión tributaria.

Es necesario, también, debatir la política educativa. Más allá de las regulaciones legales, que merece la pena revisar, es un hecho que en su aplicación las aulas han sido centros de experimentación; la educación, en su conjunto, ha estado -y está- subordinada a la euskaldunización, en particular, la escuela pública; y la manipulación doctrinaria de los contenidos en múltiples materias, que afecta de modo directo a la calidad, llega en ocasiones a la simple ficción.
Una política educativa seria no puede aplazar más una evaluación rigurosa de los modelos lingüísticos; y, en concreto, de sus consecuencias en la calidad de formación y en la adquisición de conocimientos por parte del alumnado. No se pueden considerar anecdóticos informes universitarios que llaman la atención sobre estos extremos. No se puede pretender dar carácter estanco a los modelos A, B y D, ni tampoco ignorar la presión a que padres, profesores y alumnos son sometidos en sus opciones al respecto.
Para el PP del País Vasco, la denuncia y rectificación de lo que no son sino restricciones a la libertad, con efectos a largo plazo en las oportunidades de nuestros hijos, y grave detrimento del interés general, constituye una prioridad política.

Debatir una política de función pública en Euskadi es, en principio, levantar acta de un sinfín de arbitrariedades y de no pocas chapuzas en concursos y oposiciones. También los educadores han sido primeros perjudicados, pero no los únicos ni los últimos, por una legislación que excluye a tres de cada cuatro vascos del acceso a la función pública por razones lingüísticas; y que ha exigido, desde la carga de razón nacionalista de sus mentores, un desmesurado -no siempre exitoso, a menudo inútil- esfuerzo personal a miles de empleados públicos, con importantes sacrificios.
Centrar con la sociedad vasca la política de función pública de nuestras administraciones exige limpieza y seguridad jurídica en las convocatorias y en el desarrollo de pruebas de selección; requiere capacidad negociadora y respeto a la legalidad, a fin de evitar la extrema litigiosidad a la que recurren algunas instituciones; y obliga a modificar las exigencias lingüísticas de los sucesivos planes de euskaldunización de funcionarios, reconociendo que para cumplir con la obligación de la Administración de atender en euskera a quien lo demande, no se precisa que todos los funcionarios dominen la lengua vasca.

Para cumplir con la obligación de la Administración de atender en euskera a quien lo demande, no se precisa que todos los funcionarios dominen la lengua vasca.

El corolario de lo anterior es la importancia de debatir la política lingüística en el País Vasco. Hemos de saber cuantos cientos de miles de millones nos ha costado en veinte años; hemos de conocer cuál está siendo su efectividad; debemos determinar de modo objetivo hasta dónde comparte la población la voluntad política que lleva a gastar sin tasa en esta materia; hemos de reconocer el estancamiento del uso social del euskera y la hipocresía -de manifiesto matiz político- que rodea todo lo relacionado con la lengua.
Las demandas de la sociedad vasca en esta materia tienen poco que ver con la permanente presión política e institucional. Creemos que la política lingüística debe garantizar el ejercicio de derechos, no suplementar la demanda social. La voluntad de los ciudadanos debe prevalecer sobre diseños de la realidad a regla y cartabón -y a fecha fija- que, so pretexto de garantizar los derechos de unos, conculcan los de otros. Comprometemos nuestro esfuerzo en tal reorientación y en la despolitización de la política lingüística.


Una urgencia. Debatir la política cultural. Durante años, la política cultural de nuestras instituciones ha considerado cultura vasca aquella que en su expresión utilizaba el euskera. Cultura "en" euskera y cultura vasca eran sinónimos que atraían la dádiva o el apoyo generoso de las instituciones, al margen de mínimos criterios de calidad, aprecio del público o saturación de la oferta. Una "Kultura" subsidiada, y a menudo marginal, fue el producto de semejante política cultural.
Tal reduccionismo, al menos en los grandes acontecimientos culturales del País Vasco y en sus principales escenarios, es hoy menos patente -quizá debamos apelar al "efecto Guggenheim"- que en el pasado. Pero persiste y se trasluce en no pocas decisiones oficiales.
Por ello, el debate de la política cultural no puede concluir en una simple modulación de tal actitud; es necesario que todas las manifestaciones culturales de nuestra sociedad sean percibidas como "propias" por nuestras instituciones; y que la nueva política cultural ponga el acento en la supresión de filtros políticos o idiomáticos en cualquier ámbito para acceder a ayudas o subvenciones públicas. Sólo así una política cultural podrá superar la prueba del pluralismo y dirigirse al conjunto de la sociedad vasca.

Es necesario que todas las manifestaciones culturales de nuestra sociedad sean percibidas como "propias" por nuestras instituciones. Sólo así una política cultural podrá superar la prueba del pluralismo.

Prueba, por cierto, que no supera en modo alguno Euskal Irrati Telebista, y muy en particular las dos cadenas de nuestra televisión pública, ETB 1 y ETB2. Se trata de un debate muy demandado y reiteradamente soslayado, que comprendería tanto "tele-Estella" como el resto de la política de medios de comunicación públicos. No debemos olvidar la pretensión -pública- del Pacto de Estella de socializar sus contenidos y la contribución que a la misma vienen haciendo, dócilmente, la radio y televisión públicas.
No hace falta reiterar la importancia de tales medios y del conjunto de la opinión en las sociedades democráticas, caracterizadas por la libertad y pluralidad informativa. Una política centrista en esta materia no puede renunciar a que tal pluralidad, pero también la transparencia y la independencia, sean valores que de modo manifiesto informen la actuación de los medios de comunicación públicos vascos.


Más debatida ha sido la política industrial en el País Vasco. Pero el debate ha puesto siempre de manifiesto la necesidad de su continuidad. Del destino de muchas ayudas y de prácticas clientelares en la gestión industrial podríamos hablar extensamente; y también de las vinculaciones políticas de algunas empresas, de sus actividades y de sus relaciones institucionales.
Pero más importante que todo ello es lograr que los gestos políticos o los intereses de partido de los responsables públicos no perjudiquen decisiones empresariales y opciones industriales de las que depende la creación de muchos miles de empleos en el País Vasco.

Una nueva política industrial ha de caracterizarse por el apoyo a las iniciativas que surgen de la propiasociedad.

Una nueva política industrial ha de caracterizarse por el apoyo a las iniciativas que surgen de la propia sociedad y por la superación de las reticencias políticas que, por ejemplo en la Margen Izquierda, han servido al Gobierno Vasco o la Diputación Foral de Vizcaya para evitar todo compromiso económico, similar al esfuerzo inversor del Gobierno central.
Abogamos, en consecuencia, por una política industrial que resulta básica para la promoción del empleo en la Comunidad Autónoma Vasca; una política que estimule a los autónomos, a las "pymes" y a los jóvenes empresarios, excluyendo las inversiones "de campanillas" que acaban en "campanazos" en Bruselas.
Por ello, los recursos públicos deben tender a consolidar un tejido industrial en el País Vasco que se adentre en los sectores con futuro, intensivos en tecnología; que apuesta no solo por I + D, sino por el I + D + I, haciendo de la innovación una de las preocupaciones básicas; que apuesta por el empleo estable; que se haga desde la racionalidad, olvidando ensueños "soberanistas", como el "INI" vasco o la autosuficiencia energética.

El empleo es -y seguirá siendo mucho tiempo- una prioridad. En coherencia, la reconsideración de las políticas sociales exige, en primer lugar, avanzar en la transferencia de materias pendientes, como el INEM, imprescindibles para actuar en este campo. La actitud del Gobierno Vasco, anclada en la clásica posición nacionalista del "todo o nada", ha impedido hasta ahora que la Comunidad Autónoma gestione, por ejemplo, más de 14.000 millones de pesetas al año en las políticas de intermediación.
Hay que generar políticas de consenso; es decir, hacer una formación continua abierta a todos y en conexión con el resto de España y Europa; apostar por el rejuvenecimiento de plantillas, a través del contrato de relevo -toda vez que el Gobierno Vasco ha enterrado el de sustitución-; trabajar por el crecimiento económico como principal vía para la generación de empleo, pero sin rechazar las posibilidades que tengan las políticas de reparto de trabajo, en particular aquellas en las que se puede hacer más esfuerzo -reducción de horas extras, desarrollo de nuevos yacimientos de empleo...

 
Las políticas centristas, dirigidas al conjunto de los ciudadanos y con referencia en valores generalmente compartidos -tolerancia, solidaridad-, aspiran a concitar un amplio respaldo social; porque el proyecto del Partido Popular del País Vasco consiste en la articulación, con vocación de gobierno, de un extenso espacio de centro como área de encuentro entre el sentir social -las aspiraciones de la ciudadanía vasca- y la actuación política.
Se trata, pues, de recuperar una sintonía que hoy no existe y que evidencia el fracaso del nacionalismo; su radicalización, su renuncia a la centralidad, constituye la confesión misma de ese fracaso.
Desde el poder institucional y el control de todo resorte social, el nacionalismo ha pretendido alumbrar otra sociedad vasca. Se ha esforzado en recrear la cultura y la historia; ha tratado de dictar -y limitar- sentimientos de identidad y de pertenencia; ha cultivado el enfrentamiento y el agravio, la permanente reivindicación; ha querido sustituir los derechos y libertades individuales -y subordinar su pleno ejercicio- por supuestos derechos "nacionales" colectivos; ha actuado, en fin, como legitimador de posiciones abiertamente antidemocráticas, imposibles de asumir en el contexto cultural al que pertenecemos.
El proyecto del Partido Popular del País Vasco consiste en la articulación, con vocación de gobierno, de un extenso espacio de centro como área de encuentro entre el sentir social y la actuación política.
Ese proyecto -carente de referencias éticas y democráticas- choca abiertamente con la realidad; no encaja en la sociedad vasca de hoy, ni en la España democrática ni en el proyecto de construcción europea.
El nacionalismo -en particular, el PNV- tiene pendiente una profunda reflexión democrática. Los hechos han venido a demostrar que nunca interiorizó el "discurso del Arriaga"; su apoyo a Udalbiltza, última criatura del nacionalismo étnico reacuñado en Estella, le retrotrae a los viejos "clichés" sabinianos, a la consideración de los nacionalistas -minoría política, salvo en Guipúzcoa- como representantes de todos los vascos.
Mientras existan vascos que piensen que sólo ellos son vascos -prescindiendo de la mayoría-, mientras los nacionalistas no acepten como iguales -en legitimidad y en derechos- a cuantos vascos no compartimos su percepción y su vivencia excluyente de lo vasco, no podrán comprender la realidad de la sociedad vasca, ni servir el interés general, ni concebir la paz -sin precio político- como derecho irrenunciable de una sociedad democrática.
Pero el fracaso del nacionalismo no es, no puede ser, el fracaso de esta sociedad y de su proyecto de futuro.
Al contrario, se percibe en nuestra sociedad un anhelo de paz y libertad, después de tantos años de violencia y coacción; existe una profunda necesidad de recuperar principios éticos, de dar nuevo sentido al respeto a la persona, a los grupos o a las propias instituciones, como base sobre la que lograr la plena vigencia de los derechos y libertades que consagra nuestro ordenamiento jurídico.
El fracaso del nacionalismo no es, no puede ser, el fracaso de esta sociedad y de su proyecto de futuro.
Tales principios difícilmente se podrán recuperar por quien no ha sabido defenderlos o busca la alianza política de quien los agrede. Los ciudadanos -comenzando por buena parte del electorado nacionalista- son conscientes de ello y viven con distancia creciente la confrontación política, a menudo sobre planteamientos irreales. Es lógico, pues, que sentimientos de frustración -en alguna medida, de orfandad política- afloren entre quienes no perciben un liderazgo político atento a las demandas sociales. En pocas palabras, no está la sociedad vasca para tensiones ficticias, so pretexto de "construcción nacional".
Por ello, la radicalización de algunas posiciones políticas ha producido rechazo entre los electores. Hay amplios sectores que tienen la sensación de que se están malgastando importantes potencialidades; que reclaman que el País Vasco, en un momento de bonanza económica, traduzca en empleo, en cohesión social, en proyección externa, las oportunidades que se le ofrecen. Que desean, en fin, que todas las energías se concentren en la definitiva superación de las sucesivas crisis que -en muy diferentes ámbitos- ha padecido nuestra Comunidad en las dos últimas décadas.
Lo cierto es que, al margen de la crispación política -que perturba y translada problemas a la sociedad en vez de resolverlos-, los ciudadanos afrontan el día a día en clave de convivencia; la normalidad -no el "conflicto"- preside las relaciones sociales en Euskadi. Y, como ya hemos dicho, a lo largo del último año nuestra sociedad se ha "instalado" en la paz y ha acogido con naturalidad creciente la apertura de ese horizonte.
La sociedad vasca demanda, pues, un marco de convivencia; vertebración política y articulación social -no construcción nacional- son las claves para el pleno desarrollo democrático de nuestra sociedad -que es, y quiere seguir siendo, plural- en el siglo XXI.
La sociedad vasca demanda, pues, un marco de convivencia; vertebración política y articulación social -no construcción nacional.
El PP del País Vasco, centrado con la sociedad vasca, aspira a representar políticamente esa voluntad; la alternativa política de centro -como alternativa de gobierno- debe traducirse en un decidido impulso de regeneración democrática, capaz de concitar el apoyo y la ilusión de cuantos conciben el futuro del País Vasco en clave de convivencia y libertad.
En consecuencia, nuestro proyecto de centro debe ser, sobre todo, factor de equilibrio en la política vasca. El compromiso de regeneración democrática exige denunciar -permanentemente- la pretensión de vaciar de contenido o de legitimidad las instituciones nacidas -por voluntad de los vascos- de la Constitución y del Estatuto de Gernika. Y supone, por tanto, prestigiar las instituciones democráticas, potenciarlas, evitando que el debate político discurra en la oscuridad o el secretismo.
El impulso de regeneración democrática, en cuanto aportación a la estabilidad y la convivencia democrática en nuestra Comunidad, se expresa también en términos de lealtad a los pactos y acuerdos políticos que los vascos hemos alcanzado en los últimos 20 años; de cumplimiento de las obligaciones -y ejercicio de los derechos- que Constitución y Estatuto contienen; y de participación solidaria en España y en Europa, como proyectos y aspiraciones compartidos por nuestros conciudadanos.
Todo ello, como es obvio, sin renunciar a nuestra idiosincrasia, ni a valores o conceptos que son patrimonio de todos los vascos, por más que el nacionalismo haya pretendido su instrumentalización. La voluntad de defender y ejercer nuestro autogobierno, la promoción del euskera sin matices políticos, la capacidad de participar de lo vasco sin sentimientos de exclusión, son valores compartidos, positivos, que debemos colectivamente conservar y que forman parte esencial de un proyecto político abierto al conjunto de la sociedad vasca.
La alternativa política de centro -como alternativa de gobierno- debe traducirse en un decidido impulso de regeneración democrática.
Del mismo modo, la subordinación de las instituciones al logro del interés general, y el sometimiento a los principios del estado de derecho, deben hacer posible que la libertad y la participación política se afiancen frente a toda exclusión o confrontación en el seno de la sociedad vasca. La salvaguarda del individuo, de los valores de la persona, es el eje fundamental de la regeneración democrática en el País Vasco; regeneración que debe tener, necesariamente, índole humanista.
Garantizar la vigencia de los derechos humanos, el pleno ejercicio de derechos y libertades individuales, es la principal aportación que el humanismo laico y democrático de este fin de siglo puede hacer al futuro de nuestra sociedad.
Y, por ello, nuestra prioridad es la paz. La paz exige que la búsqueda del acuerdo y la conciliación de posiciones, desplace -desde el común compromiso ético y democrático- al permanente enfrentamiento entre las fuerzas políticas vascas.
Y la paz requiere el concurso de todos los vascos; la voluntad de todos de defender con el voto y la palabra -las armas del demócrata- las propias posiciones; la beligerancia de todos en defensa de los derechos y libertades de cada uno de los vascos; el diálogo de todos para la paz y sólo la paz.
La regeneración democrática del País debe hacer posible construir, desde la esperanza de la paz, una sociedad abierta a todos los vascos.
En consecuencia, el PP del País Vasco compromete su voluntad de diálogo con cuantas fuerzas políticas -sin excepción- quieran la paz, trabajen por la paz y se comprometan democráticamente en tal empeño.
El PP quiere la paz, no acabar con el nacionalismo; el fracaso del nacionalismo no significa que arrinconar a los nacionalistas sea la solución de los problemas que nuestra sociedad tiene planteados. Por el contrario, el nacionalismo, desde su capacidad de reflexión democrática, debe volver a contribuir a la convivencia y a construir el futuro del País Vasco; pero, para ello, debe antes ser capaz de aceptar el carácter legítimamente plural de la sociedad vasca; una sociedad que ya no concibe ese futuro en clave de cesión frente a planteamientos nacionalistas.
La regeneración democrática del País debe hacer posible construir, desde la esperanza de la paz, una sociedad abierta a todos los vascos; es decir, una sociedad respetuosa consigo misma y con cuantos a ella pertenecen, sea cual fuere el modo en que con ella se identifiquen; donde prime la voluntad de "cerrar heridas" antes que la de levantar nuevas barreras; donde quepan y se expresen todas las sensibilidades. Una sociedad, un proyecto de convivencia, en el que no sobra nadie y al que todos debemos contribuir.
A tal fin, el IX Congreso del Partido Popular del País Vasco, como proyecto político al servicio de la paz y la convivencia, compromete su esfuerzo en la regeneración democrática del País Vasco, y en garantía del pleno ejercicio de los derechos y libertades de cada uno de los vascos.