El cumplimiento del Estatuto como norma fundamental de convivencia y cauce de nuestras aspiraciones de autogobierno tiene una renovada importancia; reiteramos, en consecuencia, el compromiso formulado tantas veces  por el Partido Popular del País Vasco y que ha conocido ya materializaciones concretas en los primeros días del Gobierno de José María Aznar.

         En demasiados momentos de la pasada legislatura el clima político en Euskadi se ha hecho irrespirable lo que ha contribuido al deterioro de la confianza en la clase política.

        El exceso de politización en todos los ámbitos de la sociedad vasca, el económico, el cultural, el deportivo, el social, etc. y las discusiones centradas en cuestiones ideológicas, pero pocas veces ocupadas de los auténticos problemas de los ciudadanos, ha traído como consecuencia el hartazgo de éstos y su desvinculación de la discusión política y de la participación pública.

         Por otro lado, los proyectos ideológicos de los partidos que nos han gobernado durante los últimos años en el País Vasco, han obligado a éstos a interpretar las Instituciones y la Administración Pública como instrumentos de su actuación partidista, y no como herramientas al servicio de la sociedad y de los ciudadanos. Si en algún ámbito esto se ha exacerbado lo ha sido en lo referente al desarrollo de nuestro elemento básico de autogobierno, el Estatuto de Autonomía.

 

        Están a punto de cumplirse dos décadas desde la aprobación de la Constitución Española de 1.978; y el mismo día en que se celebran las Elecciones Autonómicas de 1.998, nuestro Estatuto de Autonomía alcanza su 19º aniversario. Transcurrido tan dilatado plazo, desde el Partido Popular del País Vasco podemos afirmar que el marco jurídico-político que ambas normas integran ha generado satisfacción política en el País Vasco; su respaldo social es hoy mayor que cuando fueron aprobadas; y su condición de reglas del juego democrático es una referencia necesaria para la estabilidad de nuestra sociedad.

 1. Vigencia del actual marco jurídico-político

         Frente al permanente cuestionamiento de tales reglas de juego desde la irresponsabilidad política o el pintoresquismo social o sindical, el Partido Popular del País Vasco reafirma la vigencia del marco jurídico-político que los propios vascos nos hemos dado: La Constitución que aprobamos el doble de vascos que los que la rechazaron; y el Estatuto que la mayoría respaldamos en referéndum un 25 de Octubre que algunos prefieren olvidar.

        Tenemos la convicción de que el proyecto de articulación del poder político en el País Vasco diseñado por la Constitución y el Estatuto goza hoy del consenso mayoritario de la sociedad vasca. Constituye, pues, la piedra angular para el desarrollo de un proyecto común y compartido en la vertebración interna y en la proyección externa de nuestra Comunidad Autónoma, capaz de dar satisfacción a las aspiraciones y demandas de nuestra sociedad.        El desarrollo del Estatuto, la articulación interna de nuestra Comunidad Autónoma y la presencia del País Vasco en España y en Europa son otros tantos elementos de ese futuro de proyectos compartidos, profundamente solidario y plenamente democrático, que los vascos estamos llamados a construir en el próximo siglo.

 La contribución del Partido Popular del País Vasco a tales proyectos se formulará en torno a los siguientes ejes:

  1. La articulación del Estado de las Autonomías, mediante el más completo desarrollo estatutario dentro del marco constitucional, como fórmula adecuada para hacer más eficaz la gestión de gobierno en el ámbito de nuestra Comunidad.
  2. La consideración del marco autonómico como un proceso abierto y dinámico de doble dirección, en un clima de recíproca lealtad entre el Gobierno Central y nuestra Comunidad Autónoma, en función de las necesidades de los ciudadanos y de las realidades de cada momento, pero necesitado de una estabilidad que garantice la prestación eficaz de las competencias de las diferentes Administraciones Públicas.
  3. Racionalización de la vertebración interna de Euskadi, dotando a los Territorios Históricos que la integran y a los entes locales, de la más amplia autonomía, facilitando la cercanía al ciudadano, favoreciendo el mayor control del poder público y asentando estructuralmente una situación en la que se superponen cuatro Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica, Foral y Municipal). Este proceso se desarrollará con arreglo al principio de administración común o única.
  4. Aportación a la construcción europea, participando en ella desde el seno del Estado, en todas aquellas cuestiones que afecten a asuntos competencia de nuestra Comunidad.

Con fundamento en dichos principios, el Partido Popular del País Vasco propone el Pleno y leal desarrollo estatutario.

 

2. Pleno y leal desarrollo estatutario

        La defensa y el pleno desarrollo del Estatuto, como expresión de un proyecto en el que coincidimos la mayoría de los vascos, es un objetivo básico para el Partido Popular del País Vasco.

       Como consecuencia de esta situación, y para evitar la constante excusa del Gobierno socialista sobre la pretendida falta de acuerdo entre los propios partidos vascos sobre el contenido del Estatuto, el Parlamento Vasco, mediante acuerdo de todas las fuerzas políticas vascas de fecha 1 de Julio de 1.993, determinó un listado de 54 transferencias pendientes para dar cumplimiento a las previsiones estatutarias.

        Sin embargo, ni siquiera el logro de un acuerdo mayoritario, respaldado por los socialistas en la ponencia parlamentaria constituida al efecto, logró desbloquear la situación. Pese al acuerdo político sobre el contenido de las transferencias pendientes, el desinterés del Gobierno socialista y los planteamientos políticos de puro consumo interno del PNV y del Gobierno Vasco, impidieron que tal acuerdo parlamentario se materializara en nuevas transferencias, a excepción de algunas materias de índole menor, y generaron un clima particularmente estéril y frustrante.

        La llegada al poder del Partido Popular en 1.996 y la formación de un nuevo gobierno encabezado por José María Aznar puso fin a esta paralización. Desde entonces, 9 decretos de traspaso han dado nuevo impulso al desarrollo del Estatuto y se ha procedido, utilizando como documento de trabajo el texto aprobado en 1.993 por el Parlamento Vasco, al estudio general de las competencias todavía no asumidas por el País Vasco.

        Se ha dado así cumplimiento a los compromisos asumidos en sus programas electorales por el Partido Popular del País Vasco en esta materia, y que fueron incorporados a su vez al pacto PP ­ PNV para la investidura de José Mª Aznar.

        Singular importancia en este periodo ha tenido el acuerdo, alcanzado en 1.997, sobre la reforma del Concierto Económico y la metodología para fijar el Cupo que Euskadi debe pagar al Estado hasta el año 2.001. Tal acuerdo ha representado una importante consolidación de nuestro régimen autonómico, siempre desde una concepción profundamente solidaria de nuestro autogobierno.

        La necesidad de proceder en el curso de la próxima legislatura a la renegociación del Concierto Económico y el Cupo que deberán entrar en vigor el 1 de Enero del 2.002, encuentra un buen precedente en el acuerdo de 1.997. Nadie debe tratar de patrimonializar la nueva negociación, que debe desarrollarse sin secretismos y al servicio de los intereses del País Vasco y del conjunto de España.

        O lo que es lo mismo, no deben repetirse en el futuro actitudes del Gobierno Vasco que, so pretexto de la defensa de posturas testimoniales, priven al País Vasco de competencias o instrumentos de autogobierno. Prejuicios partidistas y consideraciones electorales del PNV han privado, por ejemplo, durante 1.998 a nuestra Comunidad Autónoma de la transferencia de las políticas activas del INEM y de 18.000 millones destinados a la creación de empleo en el País Vasco.

        Del mismo modo, desde el Partido Popular del País Vasco debemos dejar claro que la voluntad de desarrollar el Estatuto no implica, necesariamente, coincidencia con la interpretación que del Estatuto haga en cada momento el PNV; del mismo modo que no siempre lo que es considerado malo o insuficiente para el PNV debe ser considerado malo o insuficiente para el País Vasco.

        El desarrollo del Estatuto es un compromiso del Partido Popular con el conjunto de la sociedad vasca; al servicio de esa sociedad, y no sólo de la minoría nacionalista que de ella forma parte, debe procederse al pleno y leal desarrollo del Estatuto. Por todo ello, en lo relativo al desarrollo estatutario, el Partido Popular del País Vasco desarrollará las siguientes actuaciones:

  1. Defensa en su integridad del Estatuto de Autonomía y de su pleno y leal desarrollo, como instrumento de autogobierno del País Vasco, en el marco del orden constitucional.
  2. Impulso del proceso de transferencias, en orden a la plena efectividad del Estatuto.
  3. Compromiso de respaldo al acuerdo logrado entre las fuerzas políticas vascas en la interpretación de los preceptos estatutarios en cuanto a las transferencias pendientes, y desarrollo de todas las actuaciones que resulten necesarias para alcanzar un acuerdo sobre el conjunto de las materias pendientes con el Gobierno Central en la próxima legislatura del Parlamento Vasco.
  4. Negociación del futuro Concierto Económico, a regular por ley al finalizar el año 2.001 la vigencia del Concierto de 1.981, como instrumento clave de nuestro autogobierno, desde la transparencia y la solidaridad.
  5. Búsqueda de acuerdos y consensos amplios en los desarrollos legislativos, que impidan la vulneración de competencias transferidas a la Comunidad Autónoma Vasca o a las Diputaciones Forales.
  6. Adopción del principio de subsidiariedad y de contenidos de administración única, en orden a lograr la máxima eficacia en el servicio a los ciudadanos y en el ejercicio de las competencias estatutarias.

 

 

       El énfasis que el Partido Popular del País Vasco pone en la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos, requiere a su vez consolidar y desarrollar los elementos fundamentales del autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma, que doten a nuestra tierra de la necesaria estabilidad para generar confianza suficiente como para que nuestra tierra resulte más atractiva para generar nuevas inversiones.

        El Partido Popular es partidario de la máxima descentralización y de la mayor cercanía del poder político y administrativo al ciudadano.

       Como también es partidario de enterrar la idea nacionalista de construir una Euskadi al margen de España. Al igual que Vizcaya, Guipúzcoa y Alava pactan y suman esfuerzos desde la solidaridad y el respeto a la propia identidad, de igual forma cabe entender la participación de Euskadi en el resto de España.
 

1. Nuestro entramado institucional

        El desarrollo "ad intra" de nuestra Comunidad Autónoma es una materia clave para la racionalización y eficacia de nuestro entramado institucional.

        Euskadi se está construyendo de modo diferente a lo que los vascos creíamos que sería su verdadera vertebración. Los nacionalistas vascos proclaman para Euskadi una autonomía que niegan a nuestras instituciones más genuinas, las Diputaciones.

        La macrocefalia del Gobierno de Vitoria lo es en detrimento de las competencias de los Territorios Históricos. No puede negarse la vertebración de Euskadi por causa de las veleidades territoriales provocadas por la formulación de una Euskadi centralista que el PNV quiere imponer.

        En el colmo de la hipocresía política el PNV ha convertido la vertebración interna del País Vasco con el insuficiente y tacaño desarrollo de la Ley de Territorios Históricos en un imposible político. Hoy Euskadi no se vertebra, hoy Euskadi se uniformiza.

        Resulta exasperante que hoy un mismo servicio lo puedan prestar tres administraciones diferentes en el País Vasco, todos parecen tener competencia para ello, Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno Vasco. El principio de subsidiariedad que tanto reclama el PNV para sí en sus relaciones con Madrid lo niega categóricamente para el interior del País Vasco. En Euskadi se está reinventando el cacique medieval, que ya no lo es el más acaudalado de la región, sino simple y sencillamente, el PNV.

        Al igual que el País Vasco, desde su singularidad y propia identidad, debe sumar con el resto de Comunidades Autónomas para construir una España moderna, de la misma forma cada Territorio Histórico de nuestra Comunidad, desde el respeto a su propia peculiaridad, debe sumar para hacer un País Vasco fuerte y próspero.

        La Comunidad Autónoma Vasca se justifica en la medida en que los tres Territorios Históricos participen en la misma en equilibrio y respeto, para articular un modelo que evite las actuales duplicidades dando mayor protagonismo y responsabilidad a Diputaciones y Ayuntamientos.

        En la medida que el equilibrio territorial se cuestione, la propia Comunidad Autónoma del País Vasco es cuestionada. A quienes juegan con el fuego de la autodeterminación, más les valdría comprender el verdadero sentido de suma e integración de voluntades que tienen nuestros Territorios Históricos.

        Por todo ello, el Partido Popular del País Vasco considera que transcurrida una década y media desde la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, es urgente dotar de una estructuración racional y moderna al entramado institucional del País Vasco; las reformas que esto supone deben afrontarse desde el más amplio consenso de las fuerzas políticas vascas.

        Ha de ponerse fin a la duplicidad de funciones, las lagunas competenciales o la confusión en cuanto al ámbito de actuación en cada materia de cada una de las cuatro Administraciones Públicas que se superponen en Euskadi: la Administración Central, la Autonómica, la Foral y la Municipal.

        Esta situación deriva en un desmesurado crecimiento del sector público, con su secuela de gasto excesivo y dudosa eficacia, que el Gobierno Vasco ha sido incapaz de atajar a lo largo de la última legislatura, a pesar de los voluminosos informes y declaraciones de intenciones realizados al respecto.

        En cualquier caso, el Partido Popular del País Vasco considera que dicha vertebración debe realizarse inspirada en los siguientes principios:

  1. Máxima autonomía y descentralización hacia los entes de ámbito de actuación más reducidos (Territorios Históricos y Municipios).
  2. Reforma de las Administraciones Públicas, asignando a los Entes Superiores aquellas materias o actuaciones que no pueden ser resueltas eficazmente por los Entes Inferiores. La aplicación "interna" del principio de subsidiariedad y la adopción de criterios de administración única, deben facilitar la transferencia de nuevas competencias a las Diputaciones y Ayuntamientos, o de éstos al Gobierno Vasco, en un esfuerzo de racionalización muchas veces anunciado, pero que todavía está pendiente, para dar cumplimento a los fines siguientes:
    1. Corregir las duplicidades administrativas, es decir, aquellos supuestos en que dos o más órganos administrativos pertenecientes a administraciones distintas realizan idéntica función en el mismo ámbito territorial.
    2. Deslindar la responsabilidad de cada Administración Pública en la prestación de servicios, es decir, ordenar administrativamente la descentralización institucional dentro de nuestra Comunidad Autónoma hacia Diputaciones y Ayuntamientos, porque el ciudadano tiene derecho a saber cuál es la Administración responsable en la prestación de un servicio.
    3. Mejorar la calidad del servicio y la atención personal que se presta al ciudadano por parte de la Administración, al acercar mayor número de competencias a las Administraciones que le resultan más próximas y familiares (Diputaciones y Ayuntamientos).
    4. Reducir el número de Entes y Sociedades Públicas, conforme a las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
    5. Reforma de la Ley de Aportaciones, a fin de que las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos puedan disponer de mayores recursos en la medida que vayan asumiendo competencias hasta ahora gestionadas por el Gobierno Vasco.
    6. Reforma de la normativa que regula la creación y funcionamiento del Consejo Vasco de Finanzas, a fin de posibilitar la participación de los representantes de los Ayuntamientos, junto con los representantes del Gobierno Vasco y las Diputaciones, en todas las cuestiones que son competencia de dicho Consejo.
    7. Elaboración de una Ley de Capitalidad, que contemple la problemática de los Ayuntamientos que son capitales de provincia, así como la que afecta al Ayuntamiento de Vitoria por ser capital del País Vasco.
    8. Elaboración de una Ley Municipal de Euskadi, que clarifique las competencias que deben ser desarrolladas por los Ayuntamientos, los cauces y posibilidades de acuerdos de cooperación intermunicipal, y los medios financieros a su disposición para el ejercicio de sus servicios.
    9. Lealtad recíproca en las relaciones inter-institucionales. Las siglas partidistas que gobiernen en cada Institución del País Vasco, por voluntad mayoritaria de los ciudadanos, no deben interferir en la lealtad recíproca que debe presidir las relaciones inter-institucionales. El argumento de que la "estabilidad" del País Vasco se consigue "imponiendo" desde las cúpulas partidarias coaliciones de Gobierno idénticas para todas las Instituciones del País Vasco, desvirtúa la voluntad popular, diversa y singularizada claramente en cada Territorio Histórico y Municipio, y pretende legitimar la obstrucción partidista en las relaciones institucionales como problema a resolver.
    10. Modificación de aquellos aspectos de la Ley Reguladora de la Comisión Arbitral que otorguen una posición de preeminencia al Gobierno Vasco sobre las Diputaciones Forales.

2. Los Municipios Vascos
 

      Por otro lado, no debe olvidarse que la singularidad de nuestro entramado institucional tiene como único objetivo servir mejor los intereses del conjunto de los ciudadanos vascos, y no se agota esto ni en el Gobierno Vasco, ni siquiera en las Diputaciones Forales y sus Juntas Generales. Es preciso destacar el creciente papel de los Ayuntamientos que exige que el proceso de descentralización con arreglo a los principios de subsidiariedad y de administración única se extienda también a los entes locales.

        Este mayor protagonismo de los Ayuntamientos mediante la asunción de mayores competencias debe acompañarse de la transferencia de medios financieros suficientes para poder atenderlas. La financiación municipal sigue siendo una de las asignaturas pendientes.

        Asimismo, la existencia de un gran número de pequeños municipios exige una transparente y suficientemente explicada asignación de recursos, para disipar cualquier duda sobre ejercicios de clientelismo político con recursos públicos en pequeñas zonas rurales.

        El Partido Popular propone la modificación de la Ley de Aportaciones a fin de que se incluya en el entramado financiero de la Comunidad Autónoma a los Ayuntamientos en sus bases de reparto, garantizando la trasparencia y objetividad en el cálculo de las cantidades asignadas.

        La imposibilidad legal de los Ayuntamientos Vascos para participar en el Consejo Vasco de finanzas, ha marginado a los entes locales en todas las decisiones que se refieren al reparto de fondos; y dicha situación ni es sensata, ni razonable y debe ser corregida.

        El Partido Popular propone, como queda dicho, la incorporación en el seno del Consejo Vasco de Finanzas de representantes de los Ayuntamientos vascos de modo que se garantice su capacidad de influencia y negociación en su seno.

        También es preciso atender, como ya hemos manifestado, al hecho de la capitalidad. Los ayuntamientos capitales de provincias tienen una problemática adicional por el hecho de ser los receptores de gran números de solicitud de servicios no estrictamente municipales que devienen de su posición de cabecera. Como tampoco puede obviarse la situación de Vitoria como capital del País Vasco.

        Es este sentido deben delimitarse las competencias, órganos de coordinación y cuantificación de servicios prestados a población ajena, etc., a fin de arbitrar soluciones y compensaciones a las capitales y que permitan prestar un servicio municipal de calidad a todos los ciudadanos que lo precisen.

        El Partido Popular del País Vasco propone la elaboración de una Ley de Capitalidad donde se regule la delimitación competencial de estos municipios, la existencia de órganos de coordinación y se garantice su suficiencia financiera.

 

 

       La creciente interdependencia en las relaciones nacionales e internacionales exige un clima de continua colaboración, a fin de aunar esfuerzos para la solución conjunta de problemas, la defensa de intereses comunes o el impulso de proyectos compartidos.

        Hoy en día, como hemos tenido triste ocasión de comprobar, el testimonialismo del Gobierno Vasco en España y en Europa, se paga por nuestros ciudadanos con graves problemas y dificultades en sectores esenciales de nuestra economía, como el pesquero, el agrícola o el siderúrgico.

        Actitudes como la ausencia del Lehendakari en el debate sobre las autonomías en el Senado, o nuestras permanentes reticencias a participar en la Conferencia de asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, -comisión multilateral que cuenta con la presencia de todas las Comunidades Autónomas- no ayudan a resolver nuestros problemas, sino que, al contrario, contribuyen a agravarlos, en la medida en que atomizan la defensa de los intereses de nuestros ciudadanos ante las Instituciones Comunitarias y derrochan recursos humanos y materiales que debieran emplearse más eficazmente.

        Esas actitudes son consecuencia e inercia de más de una década, en la que frente a una proyección política de Euskadi que ha girado en torno a la obsesión de la propia peculiariedad ­obsesión que, desde la negación de la propia historia, ha derivado en grados importantes de aislamiento económico, político, cultural..., de nuestra Comunidad Autónoma-, se ha contrapuesto una actitud cicatera del Gobierno socialista, celoso de perder parcelas de poder y capacidad de influencia, tanto en nuestro territorio, como en el seno de la Unión Europea.

        Pese a todo, parece posible afirmar que ha llegado el momento de introducir cambios profundos en esta trayectoria reciente. Desde el País Vasco hemos de ser capaces de estrechar lazos y relaciones con las Comunidades Autónomas vecinas; y de contribuir a la construcción de una España de las Autonomías y de una Unión Europea que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos. E igualmente hay una nueva actitud del Gobierno Central, expresada en su confianza hacia las Comunidades Autónomas y unas mayores posibilidades de participación de éstas, en las materias de su competencia, en los foros comunitarios.

        El nacionalismo vasco, en cualquier caso, debe también corresponder a esa confianza y abandonar líneas de conducta ambiguas o abiertamente contradictorias respecto a la trayectoria que el Partido Popular del País Vasco estima más acertada.

        En efecto, desde el testimonialismo ­defensa del derecho de autodeterminación-, desde la marginalidad ­Europa de los Pueblos-, o desde la utopía ­Soberanía Nacional Vasca-, en nada se contribuye a romper el aislamiento de Euskadi. Los principales perjudicados por la persistencia de este estado de cosas somos los propios vascos.

        La presencia efectiva de los vascos en España y en Europa supone un radical cambio de actitud; un nuevo espíritu de colaboración y lealtad mutua debe sustituir a la desconfianza y confrontación. Es precisa la plena participación e implicación de los vascos, en la construcción de la España diseñada en la Constitución del 78, en la defensa de las libertades democráticas y en el desarrollo de valores como la tolerancia, el pluralismo y el respeto mutuo.

        Sólo desde la solidaridad, será posible lograr una eficaz contribución vasca al proyecto, que todos debemos compartir, de una España resultante de la suma de voluntades de los ciudadanos de sus Comunidades Autónomas.

        Igualmente, la presencia española en Europa debe participar de ese espíritu; Europa no puede ser una coartada para que los vascos olvidemos nuestra responsabilidad en la tarea común de forjar la España del futuro; pero tampoco es deseable que las voces de España en Europa ignoren la realidad política plural de la España Autonómica. Crear los mecanismos para que las Comunidades Autónomas contribuyan a la formación de la voluntad que España expresa en los foros comunitarios, es poner las bases para que también la Europa Unida pueda ser vista desde el País Vasco como un proyecto por todos compartido.

        En consecuencia, el Partido Popular del País Vasco propone las siguientes líneas de actuación en la proyección externa de nuestra Comunidad Autónoma:

 

  1. Reforzamiento de la colaboración con otras Comunidades Autónomas, con el fin de impulsar una concepción más dinámica del estado autonómico, acorde con el espíritu de la Constitución del 78, y en los foros existentes actualmente para ello. En este sentido la reforma del Senado para que llegue a ser una auténtica Cámara de Representación Territorial debe ser objetivo prioritario.

     

  2. Plena y solidaria implicación de Euskadi en la construcción de la España de las Autonomías, participando en el acontecer político y social de un proyecto compartido, como resultante de la suma de voluntades de los ciudadanos de todas sus Comunidades Autónomas. En este sentido el Lehendakari deberá acudir, por el compromiso asumido con todos los vascos, al debate sobre el Estado de las Autonomías que anualmente se celebra en el Senado, para denunciar en ese Foro las imperfecciones y problemas que se estimen oportunas, y tratar de obtener el consenso suficiente para darles solución.

    No es posible a estas alturas hacer dejación de la alta responsabilidad que corresponde al Lehendakari en la defensa de los intereses de todos los vascos, con actuaciones de testimonialismo político que no solucionan ningún problema y pueden desairar a otras Comunidades Autónomas.

     

  3. Desarrollo de los mecanismos institucionales que permitan la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad que España expresa en los foros comunitarios, contribuyendo al proyecto de una Europa unida.

    En este sentido, el Partido Popular del País Vasco defenderá la necesidad de que Euskadi esté presente tanto en la actual Comisión Multilateral para asuntos europeos, como la conveniencia de desarrollar una Comisión Bilateral que se ocupe de aquellas materias que siendo competencia de Euskadi no lo sean de ninguna otra Comunidad Autónoma española, todo ello en relación con las decisiones y posiciones a adoptar en el seno de los organismos y foros de la Unión Europea.

    Además de lo anterior se demandará del Gobierno Central el reforzamiento de mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en los diferentes Comités Consultivos de la Unión Europea, en la línea emprendida por el Gobierno de José Mª Aznar. Igualmente, se procederá al perfeccionamiento de los actuales mecanismos de participación, en coherencia con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de Mayo de 1.994.

  4. Establecimiento de un órgano o cauce institucional que permita la participación de las Comunidades Autónomas en la distribución de las ayudas europeas destinadas a España procedentes de los diferentes fondos europeos (fondos de cohesión, fondos estructurales, etc.).