En la madrugada del 18 de Septiembre, ETA ha
iniciado una tregua indefinida, anunciada con 48 horas de antelación.
Nuestra sociedad ha recibido esta noticia con el deseo de que
nos encontremos ante el inicio del abandono definitivo de la violencia,
que constituye nuestro principal anhelo.
Entendemos que en momentos como el presente debe prevalecer la cautela, puesto que solo el tiempo puede confirmar la sinceridad de la tregua, evitando nuevas frustraciones a nuestra sociedad.
Sin duda, el modo reiterado y categórico con el que la inmensa mayoría de la sociedad vasca ha mostrado su rechazo a ETA, junto con el esfuerzo en el cumplimiento de la ley -con todos los instrumentos del estado de derecho- realizado por la sociedad democrática, han sido determinantes para llegar a esta situación.
La paz debe fundarse en los principios democráticos, en el marco de los instrumentos de los que nos hemos dotado los demócratas en nuestra historia reciente: Pacto de Ajuria-Enea, Estatuto de Autonomía y Constitución. Hoy más que nunca es necesario el diálogo entre los demócratas para lograr que el ejercicio de los derechos y libertades quede garantizado para todos los vascos en el seno de una sociedad plural y plenamente democrática.
Entendemos que las propuestas programáticas que siguen deben servir para avanzar hacia una situación consolidada y fiable de cese de la violencia.
La
paz y la libertad, constituyen pilares básicos de la sociedad
democrática. Lamentablemente, tras casi dos décadas
de autogobierno, el logro de la paz, con la erradicación
de la violencia y la intolerancia, constituye todavía el
principal anhelo del conjunto de la sociedad vasca.
Hoy, el rechazo social de la violencia terrorista es claro e inequívoco en el País Vasco; lo ha sido de modo creciente a lo largo de los úúltimos años, hasta desembocar en el estallido social de Ermua en Julio de 1.997; y lo ha seguido siendo frente a la persistencia ciega de la violencia.
Los terroristas, a través de unos u otros medios de actuación, han logrado extender el miedo al conjunto de la ciudadanía vasca. Las campañas de acoso contra personas o colectivos (cargos electos de partidos demócratas, jueces, periodistas, personal de la Ertzaintza y F.S.E., etc.) se han visto reforzadas por la inusitada extensión de la violencia callejera. Por sus métodos y la gravedad de sus acciones, la "kale borroka" ha logrado el amedrantamiento del conjunto de la sociedad y ha suplido las dificultades que para actuar ha encontrado ETA en determinados momentos.
Desde el Partido Popular del País Vasco entendemos que no es posible ceder a la voluntad de imposición de esa minoría violenta sobre la mayoría de los vascos; y que hay que saber persistir en el camino emprendido en 1.988, con la firma del Pacto de Ajuria-Enea, que demostró ser el instrumento más eficaz para la lucha contra la violencia y quienes la apoyan.
En concreto, las líneas de actuación del Partido Popular del País Vasco para avanzar hacia la paz son las siguientes:
1.
Unidad de los demócratas
Han transcurrido más de diez años desde la firma del Pacto de Ajuria-Enea y hoy sigue vigente la necesidad de alcanzar el máximo consenso democrático en torno al logro de una Paz duradera en el País Vasco.
El balance de estos diez años es, sin duda, positivo y el Pacto ha venido rindiendo, sobre todo en sus primeros años, importantes frutos al servicio de la normalización y pacificación de Euskadi. La progresiva pérdida de apoyos sociales y políticos, dentro o fuera de nuestra Comunidad Autónoma, junto con la consolidación de nuestro autogobierno y la unidad de los demócratas, han reducido el margen de actuación de los violentos y han puesto cada vez más en evidencia su marginalidad respecto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
Somos, pues, de los convencidos de la vigencia del Pacto -así como de los de Pamplona y Madrid- y de la necesidad de la Mesa como referente de todos los demócratas.
A pesar de las posiciones de algunas fuerzas políticas -firmantes del Pacto de Lizarra-, sería irresponsable y contrario a las demandas de la mayoría social vasca renunciar al objetivo de encontrar el modo de salvar nuestras discrepancias y ganar en eficacia de la Mesa y en la consecución de los propósitos del Pacto en su conjunto.
Buscar fórmulas para superar el desencuentro de los demócratas es, pues, nuestra primera preocupación en relación con Ajuria-Enea. Y del mismo modo que en 1.988, creemos imprescindible evitar toda supeditación de la "normalización" de nuestra sociedad a la voluntad o las pretensiones de los violentos, todo vínculo entre determinadas cotas de autogobierno o modos de ejercicio del autogobierno y el fin de la violencia.
No puede ponerse precio a la Paz y hemos de aprovechar todas las oportunidades para alcanzar.
Sobre estas bases, responsabilidad de los demócratas y voluntad de superar el presente "desencuentro", entendemos debe construirse el futuro del Pacto. Un futuro independiente de las personas que integren la Mesa y de los avatares político-electorales de nuestra Comunidad Autónoma, con la unidad de los demócratas como referente para el conjunto de la sociedad vasca.
2.
El fortalecimiento del Estado de Derecho
Durante demasiados años, el País Vasco ha constituido una excepción al principio general de igualdad de los ciudadanos ante la ley; por razones complejas, pero en todo caso incompatibles con la existencia plena del Estado de Derecho.
El Partido Popular del País Vasco defiende más que nunca la vigencia del Estatuto de Autonomía y la Constitución, pilares del Estatuto de Derecho en el País Vasco. Ambos instrumentos son realidades cercanas a los hombres y mujeres que trabajamos y vivimos en Euskadi, son un auténtico punto de encuentro entre vascos más an hoy que en las fechas en las que vieron la luz.
El Estado de Derecho constituye la garantía de nuestras libertades, es un vehículo que lleva a la convivencia, un vehículo donde debemos transportar todos los vascos. Tan sólo es necesario que la voluntad de todos los vascos sea la de incorporarse con la misma convicción a la Euskadi real, la Euskadi plural, no la Euskadi virtual donde algunas formaciones políticas quieren permanecer.
Sin embargo todavía existe en el País Vasco un entramado político y social que apoya el terrorismo.
El aislamiento de HB fue consecuencia directa del Pacto de Ajuria-Enea; sus sucesivos quebrantamientos han supuesto otras tantas grietas en la Mesa y en la credibilidad de los demócratas ante la sociedad. Ni su participación institucional se ha normalizado, ni desde sus filas se ha condenado la violencia, ni se han relajado sus vínculos con ETA, ni se ha renunciado a cualesquiera modos de coacción antidemocrática sobre la ciudadanía vasca.
Mientras el ejercicio de la violencia y los planteamientos políticos que en torno a ella se generen o utilice el pretexto, logren dividir a los demócratas, ETA y HB no habrán acreditado que su voluntad es la voluntad democrática del pueblo vasco.
Se requiere, por tanto, un acto de voluntad sincero de los violentos. Un acto desprovisto contrapartidas políticas. Un acto fruto de su propia reflexión. Sólo ellos pueden dejar de matar. Y la sociedad vasca ha sido suficientemente clara y explícita en su demanda, como lo fue el Pacto hace 10 años.
Sólo el tiempo podrá determinar la credibilidad del anuncio efectuado por ETA el 16 de septiembre; comunicado que es producto de la firmeza de la sociedad democrática y de la fortaleza del Estado de Derecho, en su apuesta por la paz desde el respeto a la ley, a los derechos humanos, a la tolerancia y a la pluralidad.
En cualquier caso, será la exigencia de los demócratas y su capacidad para reforzar sus coincidencias la que permita alcanzar condiciones para un final dialogado de la violencia, conforme al punto 10 del Pacto de Ajuria-Enea, al servicio de la convivencia, las libertades de todos y la paz como valores irrenunciables de una sociedad plenamente democrática.
3.
Medidas de apoyo a las víctimas del terrorismo
Los vascos y las instituciones, tanto autonómicas como estatales, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, que tienen que añadir a la desgracia de hacer sido objeto de la locura etarra, las dificultades para obtener -al menos en lo material- una reparación justa que les permita una subsistencia digna.
Por ello han de mantenerse y mejorarse los programas de ayuda asistencial, económica, jurídica y empresarial para estos ciudadanos, y agilizar los trámites administrativos para el cobro de las correspondientes indemnizaciones, así como aumentar las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin, en línea con el notable esfuerzo desarrollado por el Gobierno del Partido Popular. En el ámbito autonómico es deseable incrementar las coberturas y las líneas de actuación.
Al
margen del grave problema del terrorismo, los problemas de seguridad
ciudadana que se plantean en Euskadi no presentan grandes diferencias
con la situación que se produce en el resto de España.
Las grandes concentraciones urbanas siguen experimentando indeseables niveles de inseguridad ciudadana, como consecuencia de diversos factores; incremento del consumo y tráfico de drogas, marginalidad y desintegración social, como consecuencia de la degradación económica y social y del incremento dramático del paro, comportamientos miméticos y con arreglo a una escala de valores que ensalzan socialmente la violencia, deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia y Penitenciaria, que no facilita una auténtica reinserción social de los delincuentes, etc.
Si, como hemos señalado antes, son varios los factores que influyen en la persistencia de la inseguridad ciudadana, no es ajeno a ellos la inadecuada coordinación, hasta el momento, de los diferentes cuerpos policiales que actan en el seno de nuestra Comunidad Autónoma: la falta de coordinación, las mutuas interferencias, las duplicidades o las ambigüedades en la delimitación de funciones entre cuerpos estatales, Ertzaitza, policías forales y policías locales, ha derivado, en suma, en una pérdida de efectividad policial.
El desarrollo de un modelo policial racional y eficaz en el ámbito de la Comunidad Autónoma, no puede concebirse desde un "centrismo vasco" de nuevo cuño que pretenda aglutinar todas las competencias en la Ertzaintza, dependiente del Gobierno Vasco.
Muy al contrario, debe hacerse posible un marco de relaciones armónico, de relación fluida y eficaz, que respete en todo caso el acuerdo de delimitación de servicios alcanzado en la Junta de Seguridad celebrada el 13 de Marzo de 1.989, en la que quedaron asignadas las funciones correspondientes a cada uno de los cuerpos policiales que operan en el País Vasco.
Por ello, el Partido Popular del País Vasco entiende que la Ertzaintza, como policía integral exigirá el cumplimiento de la Ley frente a todos los delitos, quedando en manos de los cuerpos policiales del Estado, lo que se refiera a las competencias propias del Gobierno Central, y compartiendo responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia internacional organizada.
Pero al mismo tiempo, la misma filosofía de descentralización con la cobertura de la estrecha coordinación es exigible al Gobierno Vasco, para que diseñe una distribución de responsabilidades en la lucha contra el delito y en la exigencia del cumplimiento de la Ley, entre Ertzaintza, Policías Forales y Policías Locales, pero sin pretender constituir un nico cuerpo policial vasco en el que no quepa la diversidad y la máxima proximidad a cada ámbito de ciudadanos al que han de servir más directamente.
Por ltimo, no hay que olvidar los problemas de índole laboral y/o profesional que se han suscitado en el seno de la Ertzaintza, por culpa del abuso de nombramientos políticos en los mandos superiores en detrimento de la carrera profesional de los agentes.
Por todo ello, el Partido Popular del País Vasco, propone las siguientes medidas, con objeto de alcanzar unos mejores niveles de seguridad ciudadana:
La
situación de la Administración de Justicia en Euskadi,
es similar a la del resto de España.
Ello se debe a que gran parte de las causas que conducen a esta situación, no pueden ser resueltas desde la Comunidad Autónoma y sí desde el Gobierno Central.
A todo ello se une en el País Vasco, una circunstancia específica que complica an más la situación; la alta conflictividad social existente en el País Vasco, convierte a los destinos y plazas judiciales de nuestra Comunidad Autónoma en puestos escasamente atractivos, lo que da lugar a una gran movilidad y frecuencia de traslados, con lo que se dificulta la tramitación de los procedimientos, en tanto el nuevo magistrado o juez que sustituye al anterior, profundiza en el conocimiento de los asuntos pendientes no iniciados por él. Este problema, que pudo parecer superado, ha vuelto a intensificarse en los últimos tiempos.
Asimismo, la insuficiencia del número de Juzgados en determinadas localidades del País Vasco, o para atender determinado tipo de asuntos judiciales, llega a producir auténticos atascos y colapsos, dado el elevado volumen de asuntos que han de ser resueltos por un mismo juez o magistrado.
El resultado de todo ello es la desconfianza creciente del ciudadano hacia los Juzgados y Tribunales, y el descrédito general e injusto de la Administración de Justicia, que impide el adecuado reconocimiento social hacia muchos jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia que vienen realizando un esfuerzo muy significativo para sacar adelante sus Juzgados, sin contar, en muchas ocasiones, con los instrumentos, ni materiales, ni normativos que serían adecuados para hacerlo con más eficacia.
En el terreno de las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca, la transferencia del personal al servicio de la Administración de Justicia ha venido a facilitar una más coherente y eficaz actuación del Gobierno Vasco para superar las deficiencias materiales, económicas y de medios humanos a las que se enfrentaba la Justicia en el País Vasco.
Sin embargo, carece de sentido dar carta de naturaleza, desde el Gobierno Vasco o desde el Consejo General del Poder Judicial, a cuestiones que no son problemas reales del funcionamiento de la Justicia. Nos referimos en concreto a las recientes polémicas sobre las plantillas de personal, la euskaldunización de jueces y magistrados, o la exigencia por colectivos carentes de toda representatividad del desarrollo de los juicios en euskera.
La demanda real en esta materia es ínfima; menos del 0`5% de los procedimientos en cualquier caso; y los casos polémicos lo han sido por razones ajenas al funcionamiento de la Justicia. De todos modos, no debe olvidarse que la pretensión de celebración de juicios en euskera no solventa problema alguno, sino que, por el contrario, los crea; pensemos en los juicios con jurado, en las partes o letrados no euskaldunes, etc.
Por todo ello, el Partido Popular del País Vasco, propugna la adopción de las siguientes medidas para la mejora de la administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca:
