LA LIBERTAD

Garantía de convivencia en Paz

A partir del Pacto de Estella, suscrito en 1.998 por todas las organizaciones y fuerzas políticas nacionalistas, se conformó un "frente por la independencia" que -so pretexto de la esperanza de paz suscitada por la falsa tregua de E.T.A.- supuso una ofensiva política sin precedentes en la historia reciente del País Vasco.

Los hechos vinieron a poner de manifiesto que, lejos de pretender la paz, ETA sólo buscaba reorganizarse, dividir a los demócratas y relegitimar políticamente a HB, gracias a su papel determinante en la conformación de mayorías políticas nacionalistas en las instituciones.

Desvelado el pacto político entre E.T.A., P.N.V. y E.A. que precedió al Pacto de Estella, la organización terrorista emprendió a lo largo del año 2.000 una nueva escalada criminal, a la que sus socios de Lizarra no supieron dar respuesta política ni institucional, en los términos exigibles por una sociedad democrática.

Por el contrario, P.N.V. y E.A. han asumido plenamente los objetivos políticos del Pacto de Estella y mantienen su aspiración al reencuentro con HB-EH, con la que siguen compartiendo presencia en Udalbiltza y otras organizaciones nacidas al amparo de Lizarra.

Sin embargo, el fracaso político del nacionalismo no puede ser el fracaso de la sociedad vasca en su lucha contra E.T.A.; una sociedad que lucha por la libertad es una sociedad que concibe un futuro de convivencia en paz, sin concesiones políticas a los enemigos de la libertad.

Sin duda, el modo reiterado y categórico con el que la inmensa mayoría de la sociedad vasca muestra su rechazo a E.T.A., junto con el esfuerzo en el cumplimiento de la ley -con todos los instrumentos del Estado de Derecho- realizado por la sociedad democrática, son determinantes para llegar a esta situación.

La paz debe fundarse en los principios democráticos, en el marco de los instrumentos de los que nos hemos dotado los demócratas en nuestra historia reciente: Estatuto de Gernika y Constitución. Hoy más que nunca es necesario el entendimiento entre los demócratas para lograr que el ejercicio de los derechos y libertades quede garantizado para todos los vascos en el seno de una sociedad plural y plenamente democrática.

Entendemos que las propuestas programáticas que siguen deben servir para avanzar hacia una convivencia en paz y libertad.

La libertad y la seguridad, como marco necesario de la paz, constituyen pilares básicos de la sociedad democrática. Lamentablemente, tras dos décadas de autogobierno, el logro de la paz, con la erradicación de la violencia y la intolerancia, constituye todavía el principal anhelo del conjunto de la sociedad vasca.

Hoy, el rechazo social del terrorismo es claro e inequívoco en el País Vasco; lo ha sido de modo creciente a lo largo de los últimos años, antes y después de la supuesta "tregua" de E.T.A.; y lo ha seguido siendo frente a la persistencia ciega de la violencia.

Sin embargo, pese a la rotundidad explícita del rechazo social, quienes respaldan a ETA y HB han logrado consolidar a lo largo de la pasada legislatura la división del bloque democrático formado en su día en torno a la Mesa de Ajuria-Enea.

Tras el Pacto de Estella, el mundo nacionalista ha intentado legitimar política y socialmente al mundo de HB, aceptando su interlocución pese a no haber modificado ni un ápice sus posiciones ni rechazado la violencia, y signando pactos con E.T.A. , que han tenido efectos concretos en las actitudes políticas y en las instituciones democráticas.

Los terroristas, a través de unos u otros medios de actuación, han logrado extender el miedo al conjunto de la ciudadanía vasca. Las campañas de acoso contra personas o colectivos (cargos electos de partidos demócratas, jueces, periodistas, personal de la Ertzaintza y F.S.E., etc.) se han visto reforzadas por la inusitada extensión del terrorismo callejero. Por sus métodos y la gravedad de sus acciones, la "kale borroka" ha logrado el amedrentamiento del conjunto de la sociedad, potenciando y ejecutando estrategias concebidas y dirigidas por E.T.A. contra los no nacionalistas.

Nos encontramos, pues, en un momento particularmente grave, en que, desde posiciones políticas nacionalistas, se persiste en anteponer el acuerdo y el reencuentro con los terroristas al acuerdo entre demócratas.

El Partido Popular del País Vasco entiende que no es posible ceder a la voluntad de imposición de esa minoría violenta sobre la mayoría de los vascos; y que hay que saber persistir en el camino emprendido, que ha demostrado ser el instrumento más eficaz para la lucha contra la violencia terrorista y quienes la apoyan.

En concreto, las líneas de actuación del Partido Popular del País Vasco para avanzar hacia la paz son las siguientes:

Si algo ha demostrado su eficacia a la hora de hacer frente a los terroristas, ha sido la unidad de los demócratas. La actuación conjunta de las fuerzas políticas y la movilización unitaria de los ciudadanos evidencian la voluntad de la sociedad vasca y deslegitiman cualquier pretensión de representatividad esgrimida por E.T.A. y su entorno.

Sucedió ya así tras la firma del Pacto de Ajuria-Enea, que rindió, sobre todo en sus primeros años, importantes frutos al servicio de la normalización y pacificación del País Vasco. La progresiva pérdida de apoyos sociales y políticos, dentro o fuera de nuestra Comunidad Autónoma, junto con la consolidación de nuestro autogobierno y la unidad de los demócratas, redujeron el margen de actuación de los terroristas y pusieron cada vez más en evidencia su marginalidad respecto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.

Buscar fórmulas para superar el desencuentro de los demócratas es, pues, nuestra primera preocupación.

Y del mismo modo que en Ajuria-Enea, seguimos creyendo imprescindible evitar toda supeditación de la "normalización" de nuestra sociedad a la voluntad o las pretensiones de los terroristas, todo vínculo entre determinadas cotas de autogobierno o modos de ejercicio del autogobierno y el fin de la violencia. Porque seguimos teniendo la convicción de que cualquier otro planteamiento equivale a una claudicación ante quienes ejercen la violencia y el terror, de lo que hemos tenido buen ejemplo en la génesis y los frutos del Pacto de Estella.

Sobre estas bases, responsabilidad de los demócratas y voluntad de superar el presente "desencuentro", entendemos debe reconstruirse la unidad de los demócratas como referente para el conjunto de la sociedad vasca.

El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, recientemente firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, constituye un elemento clave para la recuperación de la unidad entre los demócratas y contiene los principios básicos en torno a los que lograr un amplio consenso en esta materia.

Durante demasiados años, el País Vasco ha constituido una excepción al principio general de igualdad de los ciudadanos ante la ley, absolutamente incompatible con el Estado de Derecho pero en todo caso incompatibles con la existencia plena del Estado de Derecho.

Determinados colectivos dedicados a la violación sistemática de la legalidad se han movido con márgenes de cuasi-impunidad; sus permanentes ataques a los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos no han encontrado debida respuesta y la sociedad se ha sentido a menudo inerme frente a sus acciones.

Mucho se ha avanzado en esta materia. La acción policial, la actuación de los jueces y tribunales, la colaboración internacional y la reacción social han contribuido a que, cada vez más, quienes infringen la ley respondan de sus actos ante la Justicia.

Es necesario persistir en esta línea; quienes alientan y dan soporte al terrorismo, o quienes participan de acciones terroristas vinculadas a actos vandálicos en nuestras calles, deben saber que no hay un margen de impunidad ni de indecisión para perseguir sus acciones.

Ni las siglas ni la supuesta intencionalidad política, deben hacernos olvidar el verdadero objetivo de esta estrategia perversa: amedrentar, arrinconar a los ciudadanos pacíficos, debilitar el Estado de Derecho y restar credibilidad a las instituciones democráticas.

Fuerzas políticas, instituciones y organizaciones sociales deben respaldar sin fisuras la actuación de las Fuerzas de Seguridad, bajo la dirección de los jueces, en persecución y castigo de estas conductas. Hay formas diversas de terrorismo y de colaboración y respaldo a los terroristas, que en todo caso deben ser combatidas con los instrumentos del Estado de Derecho.

En la lucha contra ETA y sus estructuras de apoyo, la eficacia policial debe ser el principal instrumento para evitar la comisión de atentados y la operatividad de la banda terrorista.

El ámbito de actuación de ETA exige, para el logro de esa eficacia, la más estrecha colaboración y coordinación policial; no sólo entre la Ertzaintza y los restantes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino con las policías de otros países europeos -en particular, la francesa-.

También existe, todavía, un camino por recorrer en lo que a la colaboración judicial y político-administrativa se refiere; los esfuerzos realizados en Europa e Iberoamérica han permitido avanzar seriamente en la desarticulación de "santuarios" etarras; pero nunca es excesivo mantener el esfuerzo en esta materia.

La permanente revisión y actualización de los mecanismos de cooperación y colaboración existentes es fundamental para ganar en eficacia en la lucha contra ETA, y para poner a punto nuevos instrumentos jurídicos o administrativos al servicio de las libertades.

Del mismo modo, policías y jueces deben percibir de modo explícito el respaldo y aliento de las instituciones y fuerzas políticas en su tarea, superando recientes escenarios y actitudes, en que el condicionamiento de pactos políticos con EH limitaba o impedía la normal actuación de la Ertzaintza.

Independientemente de las responsabilidades del Gobierno de la nación en cuanto a los cuerpos policiales de él dependientes, incumbe al Gobierno Vasco el reforzamiento de los medios materiales, de información y operativos con que cuenta la Ertzaintza para luchar contra ETA y su entorno.

Las dotaciones presupuestarias no bastan en esta materia; es preciso reconsiderar aspectos del despliegue de la Ertzaintza, reelaborar procedimientos y sistemas de actuación, y reforzar los sistemas de información, de modo que se gane en eficacia y, a la par, en la seguridad de los agentes que deben hacer frente a tácticas de "guerrilla urbana" y agresiones terroristas en permanente evolución.

Del mismo modo, desde el Gobierno Vasco y el Gobierno Central se debe tener la sensibilidad y voluntad necesarias para impulsar cuantas reformas legislativas o reglamentarias puedan reforzar la capacidad de las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra ETA.

Todavía existe en el País Vasco un entramado político y social que apoya el terrorismo etarra, a través de una cada vez más estrecha colaboración e interdependencia. Asesinatos, secuestros, actos de extorsión, vandalismo, etc... son manifestaciones externas de una voluntad de imposición violenta sobre el conjunto de la sociedad.

Entre quienes practican la violencia y quienes la apoyan no se aprecia ninguna voluntad de poner fin a la misma.

La línea que delimita la frontera entre demócratas y violentos debe, pues, ser trazada con nitidez. HB es incapaz de romper su dependencia de E.T.A. Por el contrario, es cada día más laboratorio de nuevos modos de extender el terror y semillero de la banda terrorista; ni su participación institucional se ha normalizado, ni desde sus filas se ha condenado la violencia, ni se han relajado sus vínculos con ETA, ni se ha renunciado a cualesquiera modos de coacción antidemocrática sobre la ciudadanía vasca.

Estamos convencidos de que, mientras para ETA y HB exista un margen de interlocución política, no habrá un cambio sincero de posición o actitud. Mientras el ejercicio de la violencia terrorista y los planteamientos políticos que en torno a ella se generen o utilice de pretexto, logren dividir a los demócratas, ETA y HB no acatarán la voluntad democrática del pueblo vasco.

Hay que derrotar a E.T.A. E.T.A. debe saber que no obtendrá un precio político por matar ni por dejar de matar. La sociedad vasca ha sido suficientemente clara en su exigencia; y las instituciones y responsables políticos deben ser coherentes en cada una de sus actuaciones en la búsqueda de la paz con esa voluntad inequívoca de la práctica totalidad de nuestros conciudadanos.

Los vascos y las instituciones, tanto autonómicas como estatales, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, que tienen que añadir a la desgracia de hacer sido objeto de la locura etarra, las dificultades para obtener -al menos en lo material- una reparación justa que les permita una subsistencia digna.

· El Gobierno Vasco se compromete a mantener y mejorar los programas de ayuda asistencial, económica, jurídica y empresarial para estos ciudadanos, y agilizar los trámites administrativos para el cobro de las correspondientes indemnizaciones, así como aumentar las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin, en línea con el notable esfuerzo desarrollado por el Gobierno del Partido Popular.

En el ámbito autonómico es indispensable incrementar las coberturas y las líneas de actuación, superando la frialdad y distancia, cuando no indiferencia, con que los nacionalistas han abordado estas situaciones desde las Instituciones vascas, y desarrollando las propuestas recientemente aprobadas por el Parlamento Vasco en esta materia.

Al margen del grave problema del terrorismo, los problemas de seguridad ciudadana que se plantean en el País Vasco no presentan grandes diferencias con la situación que se produce en el resto de España.

Las grandes concentraciones urbanas siguen experimentando indeseables niveles de inseguridad ciudadana, como consecuencia de diversos factores; incremento del consumo y tráfico de drogas, marginalidad y desintegración social, fruto de la degradación económica y social, y de la persistencia del paro, comportamientos miméticos y con arreglo a una escala de valores que ensalzan socialmente la violencia, deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia y Penitenciaria, que no facilita una auténtica reinserción social de los delincuentes, etc.

Si, como hemos señalado antes, son varios los factores que influyen en la persistencia de la inseguridad ciudadana, no es ajeno a ellos la inadecuada coordinación, hasta el momento, de los diferentes cuerpos policiales que actúan en el seno de nuestra Comunidad Autónoma: la falta de coordinación, las mutuas interferencias, las duplicidades o las ambigüedades en la delimitación de funciones entre cuerpos estatales, Ertzaintza, policías forales y policías locales, ha derivado, en suma, en una pérdida de efectividad policial.

El desarrollo de un modelo policial racional y eficaz en el ámbito de la Comunidad Autónoma, no puede concebirse desde un "centralismo vasco" de nuevo cuño que pretenda aglutinar todas las competencias en la Ertzaintza, dependiente del Gobierno Vasco.

Muy al contrario, debe hacerse posible un marco de relaciones armónico, de relación fluida y eficaz, que respete en todo caso el acuerdo de delimitación de servicios alcanzado en la Junta de Seguridad celebrada el 13 de Marzo de 1.989, en la que quedaron asignadas las funciones correspondientes a cada uno de los cuerpos policiales que operan en el País Vasco, y la vigente Ley de Policía, que debe incorporar las reformas necesarias para su adecuación a la realidad presente.

Por ello, el Partido Popular del País Vasco entiende que la Ertzaintza, como policía integral, exigirá el cumplimiento de la Ley frente a todos los delitos, quedando en manos de los cuerpos policiales del Estado lo que se refiera a las competencias propias del Gobierno Central, y compartiendo responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia internacional organizada.

Pero al mismo tiempo, el mismo criterio de descentralización y estrecha coordinación es exigible al Gobierno Vasco, para que diseñe una distribución de responsabilidades en la lucha contra el delito y en la exigencia del cumplimiento de la Ley, entre Ertzaintza, Policías Forales y Policías Locales, pero sin pretender constituir un único cuerpo policial vasco en el que no quepa la diversidad y la máxima proximidad a cada ámbito de ciudadanos al que han de servir más directamente.

Por último, no hay que olvidar los problemas de índole laboral y/o profesional que se han suscitado en el seno de la Ertzaintza, por culpa del abuso de nombramientos políticos en los mandos superiores en detrimento de la carrera profesional de los agentes.

Por todo ello, el Partido Popular del País Vasco, propone las siguientes medidas, con objeto de alcanzar unos mejores niveles de seguridad ciudadana:

· Optimizar el despliegue -ya finalizado- de la Ertzaintza en el conjunto de El País Vasco, y en particular, en los principales núcleos urbanos, a fin de incrementar la presencia policial preventiva en los puntos que presentan mayores niveles de inseguridad ciudadana.

· Es urgente la definitiva profesionalización de la cadena de mandos de la Ertzaintza para garantizar el desarrollo de la carrera de los agentes, limitando la libre designación para restar carga política e inseguridad al desenvolvimiento diario de la actividad de los ertzainas, que a menudo expresan su descontento por los controles o filtros políticos en la toma de decisiones, con la consiguiente merma de la eficacia policial.

· Es necesaria la regulación del deber de residencia, vinculándolo al tiempo de respuesta y no a la domiciliación en la Comunidad Autónoma.

· La elección de todos los representantes de la Ertzaintza, se efectuará por sufragio universal del colectivo de agentes, prescindiendo de criterios vinculados a la afiliación de las diferentes organizaciones sindicales.

· Mantener y desarrollar programas de formación destinados específicamente a los agentes de las policías municipales y forales, en el seno y con la cobertura de la infraestructura existente para la formación de la policía autónoma, pero teniendo presentes las diferentes funciones que han de desarrollar y el tipo de delincuencia que deben combatir.

· Aumentar las dotaciones materiales para la policía autónoma, con el fin de que cuenten con los medios adecuados y suficientes para cumplir eficazmente con las crecientes responsabilidades y funciones que le son asignadas en la lucha contra el narcotráfico, por los graves efectos que en la sociedad vasca producen las drogodependencias y la delincuencia callejera asociada al problema de la droga, y en especial, en la lucha contra ETA y el terrorismo callejero.

· Intensificación de la actividad coordinadora de la Junta de Seguridad del País Vasco y refuerzo de la operatividad de las Juntas de Seguridad locales, como marco adecuado para mejorar la coordinación política y de gestión, de las funciones que han de desempeñar los diferentes cuerpos de policía que operan en el País Vasco. En este campo, se elaborará el reglamento marco para los diferentes cuerpos de policía locales.

· Impulsar la creación de policías de barrio, en determinadas localidades y con unos cometidos tasados y específicos, que acentúen la labor preventiva de una adecuada política de seguridad ciudadana.

· Establecer unidades especializadas en la prevención y represión de los delitos ecológicos, con dotación suficiente de medios humanos y materiales. Crear así mismo una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico.

· Facilitar un diálogo fluido con asociaciones ciudadanas (asociaciones de comerciantes, asociaciones de vecinos, etc.), para tratar de dar solución a problemas específicos de determinadas áreas, con elevados índices de delincuencia.

· Potenciar la formación jurídica adecuada de las unidades de Policía Judicial, y en general, de todos los cuerpos policiales que operan en el País Vasco, a fin de evitar deficiencias o errores en la instrucción policial previa a los procesos judiciales, que puedan poner en peligro la validez de pruebas o diligencias.

La justicia en un Estado de Derecho debe ser garantía absoluta de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de protección efectiva de los derechos fundamentales y de sus intereses legítimos; sin que inconcretas invocaciones a la realidad social permitan, por vía difusa, hurtar la vinculación de los jueces al sistema de fuentes y con ello al Imperio de la Ley.

Sabemos que las condiciones actuales del País Vasco no son las más adecuadas para que este Imperio de la Ley permita el desarrollo de la personalidad de todos los vascos. No obstante el Partido Popular asume el decidido empeño para que una más eficiente utilización de las fuerzas de nuestra Ertzaintza, en sus funciones de Policía Judicial, consiga que aquellas conductas que lesionan frontalmente la convivencia entre los vascos, reciban por parte de los Tribunales de Justicia una rápida y eficaz respuesta.

Por otra parte, la Justicia se encuentra inmersa en un ambicioso proyecto global de reforma de la Justicia, el Pacto de Estado de Reforma de la Justicia. A los vascos nos interesa no quedar al margen de este importante proceso de transformación social.

Para no quedar al margen, no debemos escatimar esfuerzos para que los ciudadanos de nuestra Comunidad se vean favorecidos por el éxito común que supondrá una mejor Administración de Justicia. Para ello habrá que estar presente y ser oídos en los trabajos y decisiones que el Pacto de Estado de Reforma de la Justicia va a requerir.

Sabemos que esto último se puede lograr, si nuestra representación en ese complejo proceso asume y respeta los elementos normativos básicos de convivencia ciudadana para todos los vascos que en la actualidad poseemos, y si además nos representa a todos con una actitud de franca lealtad institucional con las demás partes intervinientes. Pues bien. Esta es la posición que adoptará un Gobierno Vasco del Partido Popular.

Debemos velar también, y en tal dirección trabajaremos en el Gobierno Vasco, para que Euskadi alcance para sí las mayores cotas de decisión en materia de medios al servicio de la Administración de Justicia, dentro de un ambiente de pleno respeto al marco constitucional y estatutario.

También velaremos para que con un ejercicio más eficiente de esa competencia, destinando los recursos económicos necesarios, consigamos una mayor celeridad en la resolución de los asuntos judiciales y un más adecuado tratamiento a los ciudadanos por parte de su Justicia.

Aspectos de dicha reforma de la Justicia en los que la voz de los vascos debe ser oída con claridad son, entre otros, el diseño de la oficina judicial, la reorganización del personal que presta servicios en la misma y la aplicación de nuevas tecnologías.

El diseño de la oficina judicial debe tener la necesaria flexibilidad para que nuestra Comunidad Autónoma, haciendo uso del margen de decisión política que disfrutamos, pueda alcanzar el modelo más eficiente; suprimiendo o minorando las tareas repetitivas o innecesarias, eliminando los tiempos muertos entre una y otra diligencia, y , en suma, eligiendo científicamente un modelo, dentro de un marco general común para toda España, que nos resulte plenamente satisfactorio.

Por otro lado y en relación a la Justicia en el País Vasco, una circunstancia específica complica la situación; la alta conflictividad social existente en el País Vasco, convierte a los destinos y plazas judiciales de nuestra Comunidad Autónoma en puestos escasamente atractivos, lo que da lugar a una gran movilidad y frecuencia de traslados, con lo que se dificulta la tramitación de los procedimientos, en tanto el nuevo magistrado o juez que sustituye al anterior, profundiza en el conocimiento de los asuntos pendientes no iniciados por él.

Este problema, que pudo parecer superado, ha vuelto a intensificarse en los últimos tiempos; las amenazas contra jueces y magistrados, así como fiscales y abogados, sólo pueden agravarlo aún más.

Asimismo, la insuficiencia del número de Juzgados en determinadas localidades del País Vasco, o para atender determinado tipo de asuntos judiciales, llega a producir auténticos atascos y colapsos, dado el elevado volumen de asuntos que han de ser resueltos por un mismo juez o magistrado.

En el terreno de las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca, la transferencia del personal al servicio de la Administración de Justicia ha venido a facilitar una más coherente y eficaz actuación del Gobierno Vasco para superar las deficiencias materiales, económicas y de medios humanos a las que se enfrentaba la Justicia en el País Vasco.

Sin embargo, carece de sentido dar carta de naturaleza, desde el Gobierno Vasco o desde el Consejo General del Poder Judicial, a cuestiones que no son problemas reales del funcionamiento de la Justicia. Nos referimos en concreto a las polémicas sobre las plantillas de personal, la euskaldunización de jueces y magistrados, o la exigencia por colectivos carentes de toda representatividad del desarrollo de los juicios en Euskera.

La demanda real en esta materia es ínfima; menos del 0`5% de los procedimientos en cualquier caso; y los casos polémicos lo han sido por razones ajenas al funcionamiento de la Justicia. De todos modos, no debe olvidarse que la pretensión de celebración de juicios en euskera no solventa problema alguno, sino que, por el contrario, los crea; pensemos en los juicios con jurado, en las partes o letrados no euskaldunes, etc.

Por todo ello, el Partido Popular del País Vasco, propugna la adopción de las siguientes medidas para la mejora de la administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca:

· La mejora en la formación y preparación de los jueces y magistrados, mediante la institucionalización de cursos de reciclaje y actualización, foros de debate entre profesionales de Derecho y periodos de prácticas más intensos y prolongados en el tiempo.

· El aumento del número de jueces, mediante los sistemas previstos en la Ley. Es necesario igualmente, el incremento de la plantilla de fiscales, así como de médicos forenses, a fin de que puedan coadyuvar a la organización de la justicia en los correspondientes procedimientos.

· El Apoyo al papel que desempeñan las asociaciones judiciales.

· La coordinación con las instituciones vascas competentes en materia de asistencia social, con la finalidad de lograr la adecuada reinserción social de los delincuentes.

· La mejor formación jurídica de todos los Cuerpos policiales que operan en el País Vasco, y en especial, de las policías locales, a fin de evitar errores en la instrucción policial previa a los procesos judiciales, que pudiera dar lugar a la anulación de pruebas y diligencias, contra los presuntos delincuentes.

· Se atenderá a la adecuada articulación de los servicios de protección al menor, mediante la habilitación de los locales y medios humanos especializados, lo que permitirá superar la situación en que se encuentra el sistema de centros de rehabilitación de menores y las instituciones de acogida de menores desprotegidos, y la plena aplicación de las previsiones de la normativa legal recientemente reformada.

· Se establecerán mecanismos de acuerdo con los colegios profesionales de Abogados y Procuradores, para garantizar una mejora de la calidad de servicio de turno de oficio y del beneficio de justicia gratuita, al mismo tiempo que se establecen unas dotaciones presupuestarias dignas para cubrir el coste de dichos servicios.

· Se potenciarán las Oficinas de Asistencia a la víctima del delito, con sede en los Juzgados de Guardia, a fin de facilitar asistencia jurídica, psicológica o sanitaria inmediata a quien resulte ser víctima de un delito.

· Se incrementarán los medios materiales para facilitar el cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana.