El
afán de control e intervención partidista sigue protagonizando
la actividad de nuestras instituciones y de la Administración Pública
en Euskadi. Esta actitud ha acabado por desnaturalizar el sistema de equilibrio
institucional concebido en Euskadi. Así, el debate político no
se ha producido en la Institución que debía ocupar la posición
central, el Parlamento Vasco, sino que se ha orientado hacia los medios de comunicación.
La falta de agilidad reglamentaria para debatir parlamentariamente los problemas que en cada momento preocupan a los vascos, junto a la falta de debate real, dado el acuerdo previo alcanzado en todo caso por los partidos gobernantes PNV y PSOE, han llevado al Parlamento Vasco a un estado de postración y falta de interés para la mayoría de los ciudadanos.
La creación y desarrollo de una Administración Pública Vasca desproporcionada y no siempre al servicio de los intereses generales, la politización e instrumentación de los mecanismos de control institucional, la reducción del Parlamento al papel de mera caja de resonancia de la acción del gobierno y el abuso partidista de los medios de comunicación, han configurado un escenario o marco de juego en el que los partidos de Gobierno han sido siempre jugadores de ventaja.
De esta forma se ha extendido entre los ciudadanos la sensación de que existen dos marcos de juego donde las reglas son diferentes: uno en el que las posibilidades de prosperar en cualquier ámbito (económico, social,cultural, etc) resulta fácil y sencillo en función de la afinidad ideológica a los partidos gobernantes y de la capacidad para devolver favores recibidos; y otro marco en el que las Leyes, Reglamentos, Disposiciones , exigencias, permisos, etc., se cumplen rígidamente y se aplican al resto de los ciudadanos. Esa resignación ante la patente desigualdad de oportunidades que ha sido la tónica general de la coalición del Gobierno PNV-PSOE-EA, ha sido sin duda uno de los factores que más ha pesado en la sociedad a la hora de desentenderse de las instituciones que le son genuinamente suyas, de todos los ciudadanos vascos.
El Partido Popular del País Vasco el único carné que pedirá a los vascos será el de identidad, ninguna otra identificación sobre la pureza de su sangre será requerida para que la Administración Vasca otorgue a cada cual lo que merezca con arreglo a las normas que los vascos nos hemos dado en nuestras instituciones.
Se ha dicho, con razón, que una sociedad lo es en la medida justa en que cuenta con una moral común, con un determinado grado mínimo de homogeneidad moral, pero de una consistencia suficiente para mantener la existencia de esa sociedad. De ahí la importancia para el Partido Popular del País Vasco de introducir un discurso que defienda una auténtica ética civil como medio indispensable para la fundamentación de las normas consensuables de la moral y del derecho.
Como se ha explicado con acierto, "alguien diréa que tanta insistencia en lo civil les ha llevado a olvidar la ética. La época de esplendor socialista que ha impulsado esta secularizada "ética civil" ha entendido erróneamente que cualquier otra moral que no acepte estos planteamientos, por el "consenso plural y mayoritario", tendrá que ceder en su afán de exteriorizarse publicamente.
Pretendemos crear una sociedad vasca, un espacio de reflexión, que site a sus ciudadanos ante un desafío de responsabilidad: que se sientan copartícipes e la elaboración y la puesta en marcha de iniciativas de gobierno en todos los ámbitos de la acción política (economía, sanidad, educación, justicia, seguridad ciudadana, etc.)
El Partido Popular del País Vasco ha asumido el reto, no exento de dificultades, de la urgente necesidad de replantear la relación entre el protagonismo de la Administración Pública y el de la Sociedad Civil, en base a los principios de libertad y justicia, y creemos que la acción de gobierno debe reinventar comportamientos más dinámicos, diferentes formas de correlación entre la propia autoridad pública y el destinatario natural de las mismas, la sociedad vasca, aferrándose al ciudadano, siempre como un individuo no como un colectivo, sensibilizándose con unos problemas y resolviendo sus quejas planteando soluciones concretas en todos los ámbitos de acción política. Para atender a esta exigencia que demanda más que nunca la ciudadanía vasca, el Partido Popular del País Vasco no va a anteponer factores ideológicos o intereses sectorializados de diversos grupos sociales, sino el conjunto de los intereses de todos los ciudadanos.
Así se explica que fenómenos como la violencia terrorista, con su abanico de asesinatos y extorsiones, puedan encontrar en algunos sectores, todavía significativos, una justificación "moral" con arreglo a ese concepto de "moral utilitarista".
Si somos capaces de recuperar el nivel de exigencia ética de la sociedad vasca, resultará sencillo volver a identificar al País Vasco y sus gentes con otros valores positivos, como el sentido de compromiso, la preocupación por el trabajo bien hecho, la cultura del trabajo, nuestra capacidad de apertura, la experiencia empresarial, nuestra riqueza cultural; que permitirá ir sustituyendo imágenes negativas de violencia, radicalidad, y excesiva politización y crispación.
En esta tarea de regeneración ética, a la clase política y a nuestras instituciones democráticas les corresponde dar el primer paso y comenzar una actuación ejemplificadora que aliente a la sociedad a iniciar ese proceso. Es lo que hemos denominado revitalización democrática e institucional del País Vasco.
Para
que el papel de las Instituciones Vascas dé paso a una verdadera activación
de la participación de los ciudadanos en la vida política deben
acometerse en el País Vasco importantes reformas que permitan la potenciación
del interés de los ciudadanos por la actividad política, mediante
un responsable y adecuado funcionamiento de nuestras Instituciones y de los
Partidos Políticos.
Esta reforma debe comenzar por nuestra Institución de mayor rango, donde se concreta la soberanía popular, el Parlamento Vasco.
1. Acercamiento del Parlamento a los ciudadanos
Hoy el espacio que existe entre los ciudadanos vascos y su máxima institución representativa, el Parlamento Vasco, es mayor de la que sería deseable. La falta de interés que los vascos sienten por los trabajos parlamentarios es un síntoma más de falta de sintonía entre la clase política y al ciudadano.
Esta situación no sólo es insatisfactoria, sino que entraña el riesgo de convertir al Parlamento Vasco en una institución para consumo propio de los políticos vascos, lo que restaría toda coherencia a los trabajos que en él se desarrollan. Ninguna Ley es tan inútil como aquella que sirve sólo a los intereses de quienes la redactan.
El Partido Popular del País Vasco propone dotar de medios suficientes al Parlamento Vasco para acercar la Institución a los ciudadanos, mediante las siguientes acciones:
2. Reglamento del Parlamento
Vasco
El funcionamiento interno de la Cámara aún necesita de reformas para que realmente el debate político gane no sólo en viveza sino también en eficacia para la consecución de sus funciones, como son el control del ejecutivo y la formación del cuerpo legislativo de Euskadi.
El Partido Popular del País Vasco propone la mejora de la función del control por parte de la oposición, mediante fórmulas que eviten su bloqueo por la mayoría gobernante, y en concreto:
3. Independencia de las Instituciones
El Partido Popular propone el establecimiento de mecanismos que garanticen la independencia y cualificación profesional de cuantas personas hayan de desempeñar funciones públicas en nuestras instituciones. Para lo cual:
4. Relaciones entre el Parlamento
Vasco y las Instituciones de Control
El Partido Popular del País Vasco propone fortalecer la independencia y conexión entre el Parlamento Vasco y las Instituciones de Control de él dependientes, Ararteko y Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
La
Administración Pública Vasca resulta ser más un problema
para los ciudadanos que una instrumento al servicio de los ciudadanos para resolver
sus problemas.
La racionalidad de la Administración Pública Vasca constituye un objetivo de primer orden para el Partido Popular del País Vasco.
El ciudadano tiene la desagradable impresión de que la Administración o el conjunto de las Administraciones está constituido por una abigarrada trama organizativa en la cual es fácil extraviarse, perder la paciencia y asegurar el fracaso de cuantos proyectos, ilusiones e iniciativas han de pasar imperativamente por el filtro o tamiz de las Administraciones Públicas. Surge así el salón de los espejos donde rebotan las peticiones de los administrados.
La densidad de Administraciones Públicas por metro cuadrado en España es escandalosa, pero el escándalo es aún mayor en Euskadi, donde conviven, en ocasiones sin una nítida delimitación competencial, la Administración del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma, Las Administraciones Forales, Las Administraciones Municipales y las de la llamada Administración Institucional repleta de sociedades públicas de servicios, institutos públicos, entes, etc.
No sólo hay un problema de densidad y de dimensión. También la actividad principal de la administración vasca desde ya hace demasiados años es el autoconsumo, trabaja cada vez más para sí misma, y su meta parece consistir en la observancia más o menos pulcra del procedimiento más que en la consecución de resultados de interés general.
Es necesario someter a la Administración Vasca a una rigurosa dieta, modernizarla para adecuarla a las exigencias de los tiempos y sujetar su actuación a criterios de máxima eficacia: mínimo coste para alcanzar el mejor resultado y eficiencia: conseguir hacerlo. Ello no significa renunciar a pasadas conquistas, que se resumen en la idea del sometimiento pleno al Derecho de la Administración que contempla nuestra Constitución. Esto se da por supuesto, pero no resulta suficiente.
El reto es hacer de nuestra Administración, una Administración racional. Lo que supone mejorar tanto su organización como el diseño de sus objetivos.
En Euskadi sigue estando vigente la creencia generalizada, no exenta de fundamento, de que para acceder a contrataciones públicas o para encontrar un puesto de trabajo en la Administración es imprescindible o bien ofrecer determinadas adhesiones ideológicas o bien "retratarse" económicamente en alguna inconfesable ventanilla. A esto se le sigue llamando en Euskadi en algún sector "pasar por ventanilla".
Esta situación ha introducido grandes dosis de escepticismo y desánimo entre muchos vascos y empresas, que se han visto obligados a renunciar a un "cliente" la Administración Vasca por no cumplir ninguna de las dos anteriores condiciones.
Un mínimo ejercicio de realismo nos debe permitir advertir que resulta difícil que, quienes han sido los responsables de haber construido la Administración sobredimensionada y burocratizada que ahora es preciso reformar, puedan ofrecer ahora la necesaria credibilidad interna y externa para llevar a cabo un proceso de gestión del cambio que no va a resultar sencillo, y que exigirá neutralizar las lógicas resistencias internas que se opongan al proceso e implicar en una participación lo más amplia posible al personal al servicio de la Administración Pública Vasca.
Por esa razón, el Partido Popular del País Vasco es consciente de la oportunidad y de la responsabilidad que le corresponde como formación política vasca en condiciones idóneas para aportar esa credibilidad al proceso de reforma de nuestra Administración, y para ello:
El Partido Popular del País Vasco propone una reforma profunda de la Administración Vasca para convertirla en una estructura eficaz, eficiente, austera y responsable, al servicio de los ciudadanos vascos.
No se trata de romper con todas las estructuras existentes. Mucho de lo existente forma parte de un proceso de adaptación de la administración a las nuevas necesidades que es preciso conservar. Se trata de abordar una reforma fundamentada en la seriedad, de hondo calado cuya puesta en la práctica exige la persistencia de la voluntad y la continuidad de las medidas que tratan de establecerse.
1. La Reforma de la estructura
de la Administración Pública Vasca
Nuestra administración se caracteriza en cuanto a su estructura por su atomización y por la confusión en su organización, donde no existen ni siquiera denominaciones homogéneas para los mismos puestos de trabajo. Tampoco son las relaciones de jerarquía y dependencia de los diferentes cargos todo lo claras que serían deseables, lo que hace compleja la organización del trabajo y la asunción y determinación de responsabilidades.
Hoy son más de 100.000 los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y aproximadamente la mitad de los recursos disponibles del Gobierno Vasco se destinan a pagar los gastos de personal.
A esta situación se añade la proliferación de la administración institucional vasca con un sin número de sociedades públicas y organismos públicos que en muchos casos se crean para eludir controles y garantías a los que se sujeta la acción de la Administración, más que para mejorar la eficacia del servicio prestado.
Esta expansión burocrática ha supuesto duplicar prácticamente el peso del gasto público no financiero de la Administración Pública Vasca en relación al PIB.
Por otra parte, la complejidad del entramado institucional da lugar también en el País Vasco a duplicidades intiles y a complicaciones innecesarias en el trato del ciudadano con la Administración. Esto se aprecia con claridad en la duplicación de los programas de gasto de las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, en materias como promoción económica, cultura, medio ambiente, formación, agricultura, urbanismo, infraestructuras, etc.
Estas duplicidades aumentan los costes de la administración por servicio prestado y de gestión para un mismo objetivo, y se requieren grandes esfuerzos de coordinación, incurriendo en despilfarro por la proliferación de comités y comisiones coordinadoras.
No hay que olvidar como factor importante para la creación de una Administración sobredimensionada y burocrática, la propia filosofía de los partidos gobernantes durante estos años pasados y el hecho mismo de fundamentar los gobiernos de coalición sobre la base de repartos de poder, no sobre programas comunes liderados por una acción de gobierno coordinada, global y coherente.
Tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista, por motivos diferentes pero con resultados similares, han considerado la Administración Pública como instrumento de control de la sociedad, más que como estructura al servicio de esta.
Así para el PNV, la urgencia y la improvisación en la construcción de la Administración Pública Vasca y su sobredimensionamiento, han venido dictadas por su propia urgencia política y partidista de dotar de contenido político a la Autonomía Vasca y de diseñarla con un afán de paralelismo mimético con la Administración Central, a fin de establecer un ficticio plano de igualdad entre las Instituciones de la Comunidad Autónoma y las del Estado, y de esta forma propiciar y favorecer el sentimiento nacional vasco.
De la misma forma el PSE, fiel a su filosofía socialista, identificó interés público y aparato estatal y administrativo, en la creencia de que sólo el sector público es capaz de servir eficazmente al interés general y entendiendo el estado de bienestar como un crecimiento constante de la Administración Pública, a la que se incorporan incesantemente nuevos organismos, programas y funciones, con un panorama económico en permanente crecimiento.
El panorama de estas dos visiones de entender la Administración arroja un saldo de excesiva dimensión y burocratización de la Administración Vasca. El número de Departamentos y unidades administrativas es excesivo si se compara con otras CCAA de similares niveles competencias y que no deben compartir competencias con las Diputaciones Forales. El número de altos cargos es inverosímil, lo que revela es que el nivel político ha entrado a realizar funciones de gestión, produciéndose un solapamiento y confusión entre las funciones propiamente políticas. En estas circunstancias nadie debe extrañarse de la proliferación del clientelismo político en nuestra administración.
Dos muestras que evidencian esta sobrestructura y su carácter clientelar es en primer lugar, la propia existencia del doble escalafón intermedio en los cargos políticos que sólo existe en el Gobierno Vasco. No hay justificación alguna para que existan Directores Generales y Viceconsejeros, salvo que se quiera premiar con antefirmas a quienes han acreditado de mejor modo su adhesión partidaria. En segundo lugar, y el dato es elocuente, mientras que en otras CCAA el 70% de los puestos de Director General están ocupados por funcionarios de la propia administración, en el Gobierno Vasco esto ocurre de modo testimonial, no llegan al 6%.
A llegar a esta situación también ha contribuido muy notablemente la forma en que el Gobierno ha seleccionado al personal a su servicio. No es ningún secreto que en el acceso a las administraciones vascas se sigue viviendo un fenómeno de nepotismo insultante para toda la ciudadanía vasca, que sigue comprobando como el carnet de identidad no es el único que se solicita para acceder a la administración vasca.
Con esta situación no sólo se mina la dignidad que una Administración ha de merecer en la común consideración de las gentes, sino que se destruyen los propios cimientos de la organización administrativa, perdiendo la Administración todo crédito ante el administrado.
Es preciso, en consecuencia, elevar la moral a las Administraciones Públicas en su doble aspecto de norma ética y de ánimo y aliento, esto es, de estímulo para que los empleados públicos perseveren o, en su caso, tiendan a cumplir los objetivos de eficacia y productividad que deben ser las metas de una organización racional. Y esto último solo se puede conseguir si primero, se dignifica la función pública, de suerte que pase a merecer estima social, y segundo, si se prima al funcionario que se esfuerza por conseguir los objetivos.
El Partido Popular propone suprimir aquellos departamentos y unidades administrativas que resulten superfluos dentro de las Administraciones del País Vasco, para lo que se aplicarán las siguientes medidas:
Existe la creencia generalizada de que la Administración
está sobredimensionada de personal, pero lo que se desconoce totalmente
en la actualidad es cual debería ser su dimensión humana óptima.
La determinación de la misma, resulta totalmente necesaria a la hora de establecer unas previsiones presupuestarias ajustadas que permitan destinar los recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos de actuación necesarios sin excesivas restricciones, debido al hecho de estar previamente hipotecados por los gastos de funcionamiento de la propia administración.
Ello no obstante, también subyace a nivel popular la sospecha de que quizá el personal al servicio de la Administración no está convenientemente distribuido, conviviendo dentro de la misma, unidades o centros donde claramente sobran funcionarios para cumplir tareas que tiene encomendadas con otros que adolecen de falta de personal.
1. Reforma de la Función
Pública
El Partido Popular entiende que es objetivo prioritario la racionalización de las plantillas en el seno de cada una de las administraciones, más allá de las ineficaces relaciones de puestos de trabajo, que delimite tanto la dimensión óptima de las mismas, como los diferentes puestos de trabajo que en ellas han de concurrir y los cometidos y responsabilidades de cada uno.
Para la consecución de dicho objetivo, que debería quedar resuelto a lo largo de la próxima legislatura se proponen realizar los siguientes pasos:
2. Profesionalización
de la Administración
El Partido Popular del País Vasco quiere afirmar que la Administración Pública Vasca, como organización al servicio de los intereses objetivos de todos los vascos, debe desechar cualquier tentación de politización y tratar de conseguir la máxima profesionalización de la Administración Vasca.
En este sentido el Partido Popular propone las siguientes medidas tendentes a profesionalizar la Administración Pública Vasca:
3.Programa de Incentivación
La motivación, frente a lo que pudiera pensarse, y segn la experiencia, proviene no sólo de la estimulación económica, sino muy principalmente, de dar al trabajador la oportunidad de desarrollar creatividad en su tarea, en reconocer sus logros, y de promocionarle en función de sus dedicación.
Es preciso promover directivos públicos profesionales, porque ello además va a reformar la imagen de objetividad, eficacia y seriedad de la Administración. Esto además alentaría a los empleados públicos, puesto que se abriría su acceso a peldaños más altos de la escala de la carrera administrativa, que hasta ahora les estaban vedados so pena de hacer previa y Pública demostración de su adhesión al "régimen."
En cuanto a la actitud de la Administración hacia sus empleados, queda mucho por hacer. Al funcionario se le ha de explicar cuáles son los objetivos generales que persigue su organización, porque si se le hace cómplice de esos proyectos se movilizará su ánimo en torno a ellos.
Al funcionario se le debe llevar a la convicción de la utilidad intrínseca de su trabajo, y que tiene por objeto resolver necesidades concretas y proporcionar bienestar al conjunto de la ciudadanía.
Para ello el Partido Popular del País Vasco propone la implementación de un Programa de Incentivación del funcionario vasco, que consciente de sus problemas y de quién es el auténtico responsable de esta situación, garantice el máximo respeto al funcionario y el reforzamiento de las medidas que permitan mejorar su motivación.
Según
el informe de fiscalización de la Administración Institucional
del País Vasco, correspondiente a 1996, emitido por el Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas, el sector público vasco cerró el ejercicio
de 1996 con unas pérdidas de 21.179 millones de pesetas, 390 millones
más que en 1995. Por otra parte, el endeudamiento del sector ascendía
a la cifra de 14.083 millones, 580 millones más que en 1995.
Indudablemente el actual Sector público vasco es inasumible desde un punto de vista económico e inasible desde un punto de vista político. Existe un excesivo número de entes públicos creados para descentralizar la prestación de servicios y de sociedades con capital público mayoritario.
No existe ninguna razón para mantener un sector público de este tamaño sino por razones de eficacia y eficiencia que, en opinión del Partido Popular del País Vasco, no lucen ni de lejos en la gestión y resultados operativos de la empresa Pública vasca en general.
El Gobierno vasco transfirió durante 1996 a las sociedades Públicas vascas cerca de 28.000 millones de pesetas, y el resultado es una pérdida económica insostenible con una ausencia incuestionable de resultados de otro tipo. El Sector público Vasco es un paradigma de ineficacia, ineficiencia y pérdida económica.
El Partido Popular propone la reducción de todos los entes públicos y organismos y sociedades públicas allí donde sea legalmente posible.
Se realizará un exhaustivo examen de la actual Administración Institucional de modo que se pueda llegar a suprimir o consolidar aquellos entes, u organismos en la medida en que se constate que su existencia autónoma no está justificada en base a criterios de racionalidad y eficacia.
En este sentido ha de abordarse un redimensionamiento del denominado Sector público Empresarial dependiente de las diferentes administraciones que operan en el País Vasco, mediante un proceso de privatizaciones donde sea económicamente factible o simple liquidación y supresión de todas aquellas sociedades que o bien hayan cumplido su objeto social, o bien lo tengan duplicado con respecto a otra.
Asimismo, es preciso evitar que por la vía de nuevos procesos de reconversión industrial con participación de fondos públicos se llegue a formar un parque de sociedades con participación Pública que no resulten viables económicamente.
Las reconversiones industriales son procesos inacabables. Todos los gobiernos han pretendido efectuar acciones terminales que la realidad ha convertido en circunstanciales. Sin embargo, el próximo Gobierno Vasco debería acometer esta problemática desde una perspectiva más profesional y cumplir con exactitud la normativa comunitaria, entre otras cosas.
Se debería agilizar el sistema de aprobación y concesión de ayudas, acortar plazos, asegurar el control de sus destinos y perseguir con todas sus consecuencias a los que hagan una abusiva utilización de las mismas. Además de abandonar el instrumento de los avales como práctica habitual, ya que tan sólo sirve para encarecer y deteriorar las cuentas de explotación de los supuestos beneficiarios y perjudicar e hipotecar los presupuestos públicos del futuro.
El Partido Popular del País Vasco propone la aprobación de un Plan de Racionalización del Sector público Empresarial Vasco.
Sin entrar en polémicas ideológicas, parece evidente que el País Vasco no tiene la dimensión, ni el Gobierno los medios necesarios, para disponer con el actual modelo de un sector público eficiente.
Sin embargo, el ejecutivo saliente, en clara contraposición con la ideología del partido que ha ostentado la responsabilidad económica, ha mostrado su firme voluntad por construir una especie de INI vasco, tratando de que el sector público se convierta en el protagonista de la inversión industrial.
La racionalidad económica, la conveniencia política y el signo de los tiempos abogan por una retirada de aquellos sitios en los que la presencia Pública no aporta nada, o incluso entorpece la actividad empresarial.
Por último y allá donde sea razonable, precisa y conveniente la existencia de esta Administración Institucional, debe exigirse el mayor rigor y concreción de sus objetos sociales, exigiendo Ley Formal en su creación, a fin de que no se sustraiga la actuación de la administración de los cauces administrativos garantistas.
A tal fin el Partido Popular del País Vasco propugna la creación del Estatuto de la Empresa Pública Vasca que contemple:
Es
incuestionable la importancia del papel de los medios de comunicación
en la contribución para preparar una sociedad más formada y mejor
informada. Como también es incuestionable la importancia de su capacidad
para transmitir en el País Vasco valores de tolerancia, respeto y pluralidad
hacia y entre las diferentes concepciones del país.
Resulta imposible concebir una revitalización democrática e institucional de Euskadi, un mayor acercamiento y concesión entre la clase política vasca y sus conciudadanos, una recuperación de valores positivos en nuestra sociedad si no se contempla el papel fundamental que han de jugar en ese proceso los medios de comunicación públicos en el País Vasco, que deseen realmente una sociedad vasca responsable, pluralista y democrática.
1. Euskal Irrati Telebista
Existe una necesidad imperiosa de despolitizar los medios públicos evitando que se conviertan en agentes electorales al servicio de un determinado partido y en detrimento de otros, situación que es ya alarmante en EITB. El Partido Popular del País Vasco desea que los medios de comunicación del País Vasco, además de ser vehículos de cultura, lo sean también de información veraz y objetiva y de opinión con fidelidad al pluralismo ideológico, social y linguístico de Euskadi.
El Partido Popular asume el compromiso de asegurar la independencia, el pluralismo y la imparcialidad de los medios públicos de comunicación y su orientación a la satisfacción de los objetivos de servicio público que justifica su propia existencia.
El Partido Popular propone profundizar en la próxima reforma de la Ley 5/82 que determine la apertura del Consejo de Administración a otras instituciones y la ampliación y utilización real de sus competencias:
También es necesario resaltar la importancia del papel de la radio y televisión en la transmisión de valores de paz y evitar la complacencia o la amplificación de las noticias generadas por ETA y los violentos.
El Partido Popular propone crear un libro de estilo o establecer directrices claras para que los profesionales de la información sintonicen en la presentación de estas informaciones con la opinión mayoritaria de los vascos.
Asimismo es preciso, en la medida de lo posible, evitar la doble financiación que supone una clara competencia desleal con los medios privados, para ello se previó la puesta en marcha de un Contrato-Programa en 1993 que sigue pendiente de cumplimentarse. Es preciso garantizar la dotación presupuestaria suficiente para el cumplimento de los fines del Ente, como preciso es exigir el cumplimiento del objeto para el que fue creado. Se debe limitar la dependencia del ente del mercado publicitario. En el Contrato-Programa se establecerán los objetivos y prioridades de contenidos, calidades, costes y controles para asegurar el buen funcionamiento del Ente en condiciones de plena eficiencia y eficacia.
El Partido Popular propone poner en marcha un Contrato-Programa que permita racionalizar el coste-beneficio obtenido por el Ente en base al cumplimiento de objetivos públicos que deberán acreditarse para obtener los recursos previstos.
Tampoco se puede obviar el problema de dimensión que en la actualidad tiene la Radio Televisión Pública Vasca. Es preciso readecuar su dimensión procediendo a la privatización parcial de su gestión, con el objeto de ganar en eficiencia económica garantizando el empleo existente. El Partido Popular del País Vasco considera que se puede dar una adecuada respuesta de servicio público con un solo canal de televisión que unifique las necesidades actuales de dos canales, y que asimismo sería suficiente la existencia de una sola emisora radiofónica de actividad publica.
Por ello el Gobierno del Partido Popular iniciaría las conversaciones para excluir de la red de medios de comunicación el canal de televisión ETB2 y el canal de radio Radio Vitoria, mediante la solución que resulte más viable técnicamente y económicamente (privatización, cesión de gestión, etc)
El Partido Popular del País Vasco propone la creación de un nico canal de televisión Pública vasca y una sola emisora de Radio en el canal público.
2. Radio Televisión
Española en el País Vasco
El Consejo Asesor RTVE en el País Vasco ha sido un instrumento inoperante hasta el momento. Es importante dinamizar el Consejo asesor de RTVE; de su dinamización dependerá que el Delegado Territorial esté bien asesorado y así pueda defender los intereses de nuestra Comunidad ante RTVE sin olvidar su necesario concurso en cuestiones tan importantes como programación, nombramiento Delegado Territorial, composición y modificación de plantillas, etc.
El Partido Popular se compromete con el cumplimiento de los principios generales de creación tanto de RTVE como de EITB (neutralidad, objetividad, veracidad, pluralidad, etc.) desde la austeridad y la leal competencia con los medios privados y teniendo bien claro que en este momento la labor de estos medios debe ser beligerante en favor de la transmisión de los valores democráticos y de paz, mayoritariamente sentidos por la sociedad vasca.
